Antonio Sanz defiende su gestión de los cribados y rechaza el adelanto electoral en Andalucía

Antonio Sanz llegó a la Consejería de Sanidad de Andalucía en mitad de una crisis que él mismo describe como un aterrizaje casi en caída libre: fallos en los cribados de cáncer de mama, miles de mujeres afectadas, una denuncia por supuesta manipulación de pruebas y un clima político tenso. En una entrevista con Huelva Información, el consejero repasa cómo respondió y qué ha cambiado desde entonces.

Sanz sostiene que el problema era grave y que la Junta lo reconoció desde el primer momento. Fijó dos prioridades: atender a las mujeres afectadas y evitar que se repitiera. El primer compromiso fue concluir antes del 30 de noviembre todas las pruebas pendientes de las 2.317 mujeres afectadas. Según explica, se trataba de mujeres a las que no se había informado, todas con una clasificación BI-RADS 3, considerada prácticamente benigna, pero que, sumada a ciertos retrasos, tenían nuevas pruebas pendientes. Dice que el trabajo se hizo en coordinación con asociaciones y entidades de pacientes, y afirma que el plazo se cumplió.

El segundo paso fue estructural. La Consejería aprobó una orden que obliga a informar a todas las mujeres, sea cual sea su clasificación BI-RADS. Creó una comisión de seguimiento, con asociaciones, colegios profesionales, sociedades científicas y responsables del sistema, que ya se ha reunido tres veces, y designó 32 referentes en las unidades de mama. Después llegó el Plan Integral de Cribado, con una inversión extraordinaria de 100 millones y el objetivo de contratar 705 profesionales. Incluye extender proyectos ya probados, como el piloto de inteligencia artificial aplicado al cribado de mama en Córdoba.

Sobre la denuncia por desaparición o manipulación de pruebas tras la caída del sistema, Sanz es tajante: advirtió desde el principio de que era técnicamente imposible. Asegura que los expertos de la Dirección General de Tecnologías de la Información le certificaron que el sistema registra todo, que el acceso exige múltiples autorizaciones y que no pudo haber pérdida ni alteración de datos. Lo ocurrido, según él, fue una caída puntual por la que algunas usuarias vieron un mensaje de no accesible. Para evitar sospechas, la capacidad se multiplicó por cinco y se implantó una cola que informa del número de personas en espera y del tiempo estimado. Sanz recuerda además que se asumieron responsabilidades políticas al más alto nivel, con la dimisión de la anterior consejera, y cita la decisión de la Fiscalía como respaldo a su versión.

Queda trabajo pendiente. La comisión ha definido tres líneas que se presentarán pronto: revisar el aplicativo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, optimizar el circuito de la usuaria y crear un procedimiento normalizado para las unidades de mama de todos los hospitales. Hasta ahora había recomendaciones generales que cada centro adaptaba; la idea es unificar criterios desde la información hasta el tratamiento.

El consejero admite el impacto personal. Dice ser optimista y estar acostumbrado a gestionar crisis, pero reconoce que una situación así afecta. Señala como momento más duro la denuncia de desaparición de pruebas, por el riesgo de alarma social sobre un programa que salva vidas, y habla de impotencia ante acusaciones que, afirma, sabía imposibles. Critica a la oposición por una política carroñera y por usar la sanidad contra el adversario, y recuerda que quienes le critican no implantaron los cribados de cáncer de colon y de cuello de útero. Asegura que sus decisiones no miran los votos.

Sobre el sistema en general, ofrece cifras: 588 millones de actos sanitarios al año, entre ellos 86 millones de consultas de Atención Primaria, 12,5 millones de urgencias, 533.000 ingresos, 475.000 intervenciones y 450 millones de pruebas diagnósticas. Añade que la plantilla ha crecido casi 30.000 profesionales desde 2018, que el presupuesto subió 1.000 millones solo en el último año y que Andalucía es segunda del mundo en trasplante de pulmón.

Sobre los contratos de emergencia que investiga un juzgado, confía en que se ajustaron a la legalidad y afirma que la Consejería colabora con las investigaciones. En salud mental juvenil, habla de un grupo interdisciplinar entre Educación, Integración Social y Salud, tres unidades de trastornos alimentarios que antes no existían y 212 contrataciones nuevas. Descarta un adelanto electoral, apelando a la estabilidad, aunque todo depende de la fecha de las elecciones generales.