Antonio Sanz defiende su gestión de la crisis de los cribados: "Mis decisiones las tomo para salvar vidas"

Antonio Sanz llegó a la Consejería de Sanidad de Andalucía en mitad de una tormenta: fallos en los cribados de cáncer de mama que afectaron a miles de mujeres, una denuncia por supuesta manipulación de pruebas y un clima político tenso. En una entrevista publicada por Málaga Hoy, el consejero repasa cómo afrontó aquellos primeros días y defiende que sus decisiones, dice, buscan salvar vidas, con independencia del coste político que puedan tener.

Sanz sostiene que reconocieron el problema desde el primer momento y que fijaron dos prioridades: atender a las mujeres afectadas y evitar que se repitiera. Primero marcó el 30 de noviembre como fecha límite para realizar las pruebas pendientes de las 2.317 mujeres afectadas. Según explica, eran mujeres a las que no se había ofrecido información, todas con un diagnóstico BI-RADS 3, que describe como prácticamente benigno, pero que, unido a determinados retrasos, tenían pruebas nuevas pendientes. Afirma que se cumplió ese compromiso y que se trabajó en coordinación con asociaciones de pacientes.

El segundo paso fue estructural. La Junta aprobó una orden que obliga a informar a todas las mujeres, sea cual sea su clasificación BI-RADS, y creó una comisión de seguimiento, con asociaciones, colegios profesionales, sociedades científicas y responsables del sistema, que ya se ha reunido tres veces. También designó 32 referentes en las unidades de mama. Después llegó el Plan Integral de Cribado, con una inversión extraordinaria de 100 millones y el objetivo de contratar a 705 profesionales, que incluye extender proyectos como el piloto de inteligencia artificial aplicado al cribado de mama en Córdoba.

Sobre la denuncia por supuesta desaparición o manipulación de pruebas tras la caída del sistema, el consejero la califica de técnicamente imposible. Asegura que los expertos de la Dirección General de Tecnologías de la Información le certificaron que hay trazabilidad total y que no pudo haber pérdida ni alteración de datos. Según su versión, lo ocurrido fue una caída puntual que hizo que algunas usuarias vieran un mensaje de «no accesible». Para evitar nuevas sospechas, la capacidad del sistema se multiplicó por cinco y se implantó una cola que indica cuántas personas esperan y el tiempo estimado. Sanz añade que la decisión de la Fiscalía respalda que decían la verdad, y recuerda que la anterior consejera dimitió.

Quedan tres líneas de trabajo que la comisión presentará pronto: revisar el aplicativo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, optimizar el circuito de la usuaria y crear un procedimiento normalizado para las unidades de mama de todos los hospitales. Hasta ahora había recomendaciones generales que cada centro adaptaba; el objetivo es la homogeneización desde la información hasta el tratamiento.

En lo personal, Sanz reconoce que una situación así afecta, aunque se dice acostumbrado a gestionar crisis. Señala como el momento más duro la denuncia de desaparición de pruebas, por la alarma social que podía generar sobre un programa que salva vidas, y habla de impotencia ante acusaciones que, afirma, sabía imposibles. Critica a la oposición por una «política carroñera» y asegura que se han cruzado todas las líneas rojas en el uso de la sanidad contra el adversario. Preguntado por si le costará votos al PP, responde que su preocupación no son los votos y reprocha a quienes, dice, no implantaron en su día los cribados de colon y cuello de útero.

También defiende el conjunto del sistema: 588 millones de actos sanitarios al año, 86 millones de consultas de Atención Primaria, 12,5 millones de urgencias, 533.000 ingresos, 475.000 intervenciones y 450 millones de pruebas diagnósticas. Dice que la plantilla ha crecido en casi 30.000 profesionales desde 2018 y que el presupuesto subió 1.000 millones solo en el último año.

Sobre los contratos de emergencia que investiga un juzgado, expresa plena confianza en que se hicieron conforme a la ley y afirma que se ha colaborado con las investigaciones. En salud mental juvenil, habla de un grupo interdisciplinar con Educación e Integración Social, tres unidades de trastornos alimentarios que antes no existían y 212 nuevas contrataciones. La entrevista incluye además el debate sobre un posible adelanto electoral, que descarta, aunque todo depende de la fecha de las elecciones generales.