En un continente donde la brecha digital sigue siendo una herida abierta, Uruguay avanza con determinación hacia un horizonte de conectividad universal. Antel, la empresa estatal de telecomunicaciones, ha convertido la fibra óptica en un derecho territorial: tras conectar Porvenir, ningún centro urbano uruguayo de más de mil habitantes queda fuera de la red, y antes de que cierre 2026, ese umbral descenderá hasta los 500 habitantes. Es la historia de un país pequeño que elige la infraestructura como forma de equidad.