Ángela y Sulaiman: no todos los niños vuelven al colegio en Ceuta

Cuando suena la campana en las escuelas de Ceuta, dos niños viven realidades que no podrían ser más distintas. Ángela regresa a su pupitre, recoge sus libros, se reencuentra con sus compañeros después del verano. Sulaiman, en cambio, permanece fuera. No hay escritorio que lo espere, no hay maestro que conozca su nombre, no hay aula donde pueda sentarse. Ambos viven en la misma ciudad, respiran el mismo aire fronterizo, pero habitan mundos educativos completamente separados.

Esta brecha no es accidental. Es el reflejo visible de una crisis que ha transformado Ceuta en un territorio donde miles de menores migrantes —muchos de ellos llegados recientemente desde el otro lado del Mediterráneo o cruzando desde Marruecos— permanecen fuera del sistema escolar. Mientras las familias locales preparan mochilas y uniformes para el nuevo curso, estos niños sin documentación, sin tutores legales claros, sin papeles que los inscriban en registros oficiales, quedan en una zona gris administrativa que los excluye de las aulas.

La magnitud del problema es considerable. Miles de menores se encuentran en esta situación de desescolarización en Ceuta, una ciudad que ya enfrenta tensiones demográficas y de recursos significativas. Para los padres y educadores locales, el regreso a clases representa una preocupación doble: cómo garantizar que sus propios hijos tengan un inicio de curso seguro y ordenado, mientras la infraestructura educativa se ve presionada por una población infantil que crece de manera irregular y que no siempre cuenta con los servicios básicos de identificación y registro que permiten la matriculación.

La exclusión escolar de estos menores migrantes tiene consecuencias que van más allá de la falta de educación formal. Sin acceso a las aulas, estos niños quedan vulnerables a otras formas de explotación, permanecen aislados socialmente, y pierden la estructura y protección que la escuela proporciona. En una ciudad fronteriza donde las tensiones ya son palpables, la presencia de miles de menores sin escolarizar amplifica la sensación de crisis y complica aún más los esfuerzos por mantener la cohesión social.

Las autoridades de Ceuta se enfrentan a un dilema que no tiene solución fácil. Por un lado, tienen la responsabilidad de garantizar que todos los niños —incluidos los migrantes— accedan a educación, un derecho fundamental reconocido internacionalmente. Por otro lado, los recursos son limitados, los procedimientos administrativos están diseñados para poblaciones estables, y la llegada continua de menores sin documentación hace que cualquier planificación sea precaria. Algunos menores logran ser escolarizados después de procesos largos y complejos, pero muchos otros permanecen en la espera, en refugios temporales, en las calles, sin que nadie lleve un registro preciso de cuántos son o dónde están.

Lo que sucede en Ceuta en este inicio de curso escolar es un espejo de una tensión más amplia: la de una sociedad que intenta mantener sus instituciones funcionando mientras enfrenta una crisis migratoria que desborda los marcos legales y administrativos existentes. Ángela volverá a casa después de clases, hablará de su día, hará tareas. Sulaiman seguirá esperando, sin saber si alguna vez entrará en un aula. Ambos son niños. Ambos viven en Ceuta. Pero sus futuros ya están siendo escritos de manera radicalmente diferente.