En la mañana del 8 de septiembre, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368, restaurando el derecho de los ciudadanos con permiso vigente a portar armas en el país. La medida cumple una promesa de campaña que encarna una vieja tensión humana: la búsqueda de equilibrio entre la libertad de defenderse y los riesgos que trae una sociedad más armada. Colombia se adentra así en un experimento regulatorio cuyas consecuencias reales aún no tienen nombre ni cifra.