Anahí Durand: la mentira del fraude dañó al país y sus instituciones

A mediados de enero de 2022, la ministra de la Mujer, Anahí Durand, se dirigió al país a través de redes sociales para comentar sobre el cierre de una investigación que había marcado los meses posteriores a las elecciones generales del año anterior. El Ministerio Público había decidido archivar la denuncia presentada por Fuerza Popular, que acusaba la existencia de firmas falsificadas en las actas electorales de 2021. Con ese anuncio, una de las controversias más divisivas del proceso electoral llegaba a su fin oficial.

La denuncia original provenía de Fuerza Popular, que había señalado que miembros de mesa habían sido suplantados durante los comicios. La evidencia que presentaban era aparentemente contundente: las firmas que aparecían en las actas electorales no coincidían con los documentos de identidad de quienes supuestamente las habían estampado. Los casos denunciados se concentraban en cuatro regiones: Áncash, San Martín, Cajamarca y Arequipa.

Durante las diligencias preliminares, los fiscales entrevistaron a los presuntos agraviados. Fue en esas conversaciones donde la narrativa del fraude comenzó a desmoronarse. Cada uno de los miembros de mesa citados —presidentes, segundos y terceros miembros— afirmó categóricamente que las firmas que aparecían en los documentos electorales les pertenecían. No había suplantación. No había falsificación. El Ministerio Público, tras revisar la evidencia y escuchar los testimonios, determinó que no existían elementos suficientes para continuar con una investigación preparatoria.

La explicación técnica fue clara: no todas las firmas de una persona son idénticas. Las variaciones naturales en la escritura manual son normales. Los miembros de mesa presentaron sus credenciales y certificados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que demostraban su participación en la jornada electoral. Todo apuntaba a que las acusaciones carecían de fundamento.

En su mensaje público, Durand fue directa. Describió las acusaciones de fraude como una mentira presentada por quienes buscaban el poder a cualquier costo. Esa mentira, argumentó, había causado daño real al país. No solo había afectado a las instituciones democráticas, sino que también había obstaculizado un proceso de transición ordenado hacia el nuevo gobierno. La ministra hizo un llamado a respetar la voluntad popular y a extraer lecciones de lo ocurrido para fortalecer la democracia en el futuro.

El cierre de la investigación representaba un punto de inflexión. Las acusaciones de fraude electoral que habían dominado el debate político durante semanas quedaban desacreditadas por la propia investigación fiscal. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho. La polarización generada por esas acusaciones había dejado cicatrices en el tejido institucional del país. El mensaje de Durand, aunque llegaba tarde, buscaba cerrar ese capítulo y orientar la atención hacia adelante, hacia la reconstrucción de la confianza en las instituciones electorales y democráticas.