Entre 2017 y 2021, el Estado marroquí desplegó en silencio una arquitectura de vigilancia contra quienes ejercían el periodismo, la defensa de derechos y la disidencia pacífica. Amnistía Internacional ha reunido testimonios internos, registros filtrados y documentación técnica que desmienten años de negaciones oficiales, revelando que la DGST utilizó el software espía Pegasus con métodos tan cotidianos como una tienda de teléfonos o un aeropuerto. Lo que emerge no es solo un escándalo de espionaje, sino el retrato de un Estado que convirtió la vida privada de sus ciudadanos en territorio ocupa
Amnistía Internacional documenta uso sistemático de Pegasus por servicios marroquíes contra activistas
Activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y sus familias fueron objeto de vigilancia masiva, interceptación de comunicaciones y grabaciones sin consentimiento en espacios privados entre 2017 y 2021.
Teléfonos que parecen nuevos, pero otorgan acceso total a las autoridades
Mark
¿Por qué es importante que Amnistía Internacional haya identificado específicamente 103 números de teléfono? ¿No es suficiente decir que hubo vigilancia masiva?
Mimi
Porque los números son prueba. Son la diferencia entre una acusación general y un registro de quién fue atacado. Cuando dices "103 números" y luego desglosas que 34 eran defensores de derechos humanos, 22 periodistas, cinco abogados, estás mostrando un patrón deliberado, no un efecto secundario de seguridad nacional.
Luke
Pero espera. ¿Amnistía Internacional tiene acceso directo a esos números, o está citando al exagente? Porque si es solo lo que el confidente dice que pasó, eso es importante aclarar.
Mimi
El informe menciona que utilizaron datos filtrados, registros gubernamentales y documentación de empresas de vigilancia. No es solo el testimonio de una persona.
Luke
Eso suena bien, pero el artículo no especifica cuál de esa evidencia confirma cada número. ¿Cuántos de los 103 fueron verificados a través de datos técnicos versus testimonio?
Mark
¿Y qué pasa con las familias? El artículo dice que la vigilancia afectaba a familias y redes profesionales, pero no da ejemplos concretos.
Mimi
Eso es lo perturbador. Si infectas el teléfono de un activista, automáticamente tienes acceso a todos sus contactos, sus conversaciones con familia, sus colegas. No necesitas infectar cada dispositivo; uno infectado te abre toda una red.
Luke
Cierto, pero el artículo no dice si Marruecos también infectó deliberadamente los teléfonos de familiares o si simplemente obtuvo acceso a través del dispositivo del objetivo. Eso es una diferencia legal y ética importante.
Mark
¿Qué hace Marruecos ahora? ¿Sigue usando Pegasus?
Mimi
El informe cubre 2017 a 2021. No sabemos qué sucede después de esa fecha.
Luke
Y eso es un agujero real en la historia. ¿Sigue activo el programa? ¿Se reformó? ¿Se expandió? El lector se queda sin saber.
O Pulso
- Un exagente de inteligencia marroquí rompió el silencio desde dentro, aportando el testimonio que convierte las sospechas en evidencia documentada.
- La DGST coordinaba con dueños de tiendas de telefonía para vender dispositivos preinfectados con Pegasus, llevando la vigilancia al corazón de la vida cotidiana.
- 103 números de teléfono identificados como objetivos revelan que la red abarcaba desde defensores de derechos humanos y periodistas hasta diplomáticos y figuras religiosas.
- La vigilancia era total: llamadas interceptadas, ubicaciones rastreadas, grabaciones en espacios privados, y redes familiares y profesionales convertidas en objetivos secundarios.
- Marruecos ya no enfrenta acusaciones genéricas, sino métodos técnicos descritos con precisión, nombres, números y un testigo interno que explica cómo operaba el sistema.
Entre 2017 y 2021, el Estado marroquí desplegó en silencio una arquitectura de vigilancia contra quienes ejercían el periodismo, la defensa de derechos y la disidencia pacífica. Amnistía Internacional ha reunido testimonios internos, registros filtrados y documentación técnica que desmienten años de negaciones oficiales, revelando que la DGST utilizó el software espía Pegasus con métodos tan cotidianos como una tienda de teléfonos o un aeropuerto. Lo que emerge no es solo un escándalo de espionaje, sino el retrato de un Estado que convirtió la vida privada de sus ciudadanos en territorio ocupado.
Durante años, Marruecos negó que sus servicios de inteligencia utilizaran software espía contra sus propios ciudadanos. Un nuevo informe de Amnistía Internacional, construido sobre el testimonio de un exagente de la DGST, datos filtrados y documentos gubernamentales, demuestra que esa negación fue deliberada y sostenida. Entre 2017 y 2021, la Dirección General de Vigilancia Territorial desplegó el programa Pegasus contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, extendiéndose además hacia sus familias y círculos profesionales.
Los métodos eran variados y calculados. La DGST coordinaba con propietarios de tiendas de telefonía móvil para distribuir dispositivos preinfectados, e infectaba teléfonos de forma rutinaria cuando los objetivos transitaban por aeropuertos marroquíes. También se empleaban ataques de un clic, ataques de cero clics e inyecciones de red a través de la infraestructura de Maroc Telecom. Vecinos de los activistas eran reclutados como informantes, ampliando la vigilancia más allá del individuo hacia quienes lo rodeaban.
Amnistía Internacional identificó 103 números de teléfono como posibles objetivos: 34 defensores de derechos humanos, 22 periodistas, 5 abogados, 4 académicos, 25 representantes políticos y 5 diplomáticos, entre otros. La vigilancia no se limitaba a mensajes: incluía grabaciones en espacios privados como cafeterías, automóviles y habitaciones, rastreo de ubicación en tiempo real e interceptación sistemática de llamadas.
Lo que distingue este informe de denuncias anteriores es su especificidad. No son alegaciones vagas: son números identificados, tácticas operacionales detalladas y un testigo interno capaz de explicar el funcionamiento del sistema desde adentro. Marruecos enfrenta ahora la evidencia de que la vigilancia fue coordinada y sistemática, dirigida contra personas cuyo único delito fue ejercer la libertad de expresión o defender derechos fundamentales.
Marruecos ha negado durante años que sus servicios de inteligencia utilizaran software espía para vigilar a sus ciudadanos. Pero un informe de Amnistía Internacional, construido sobre testimonios de denunciantes, datos filtrados y documentos gubernamentales, demuestra que la negación fue sistemática y falsa. Entre 2017 y 2021, la Dirección General de Vigilancia Territorial marroquí desplegó el programa Pegasus contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos con métodos que alcanzaban a sus familias y colegas.
La investigación se apoya en un exagente de inteligencia marroquí que decidió revelar lo que sabía desde dentro de Rabat. Su testimonio, combinado con registros de vigilancia, archivos gubernamentales y documentación de empresas vendedoras de herramientas de espionaje, traza un cuadro de operaciones coordinadas y deliberadas. La DGST no actuaba en secreto absoluto; coordinaba con propietarios de tiendas de telefonía móvil para vender dispositivos preinfectados con Pegasus. Reclutaba también a vecinos de activistas como informantes, expandiendo la red de vigilancia más allá del objetivo inicial hacia sus círculos más cercanos.
Amnistía Internacional identificó 103 números de teléfono marroquíes como posibles objetivos. Sesenta y cinco pertenecían a miembros de la sociedad civil: treinta y cuatro defensores de derechos humanos, veintidós periodistas y otros profesionales de medios, cinco abogados y cuatro académicos. Veinticinco números correspondían a representantes políticos o miembros de autoridades. Cinco eran diplomáticos u oficiales de organizaciones internacionales. Los ocho restantes incluían empresarios, figuras religiosas y personas cuya identidad aún permanece sin confirmar.
Los métodos de infección eran variados y sofisticados. El confidente reveló que Pegasus se desplegaba de forma rutinaria cuando los objetivos transitaban por aeropuertos marroquíes. También se proporcionaban dispositivos aparentemente nuevos a través de tiendas de segunda mano, que una vez activados otorgaban a las autoridades acceso total a las comunicaciones. Las pruebas digitales muestran que se utilizaban ataques de un clic, que requerían que la víctima abriera un enlace malicioso; ataques de cero clics, capaces de infectar sin acción alguna del objetivo; e inyecciones de red ejecutadas a través de la infraestructura del operador estatal Maroc Telecom.
La vigilancia no se limitaba a interceptar mensajes. Los activistas eran filmados y grabados sin conocimiento en centros de detención, oficinas, automóviles, cafeterías y habitaciones privadas. Sus llamadas telefónicas se interceptaban regularmente. Su ubicación se rastreaba, revelando los movimientos diarios de cada persona y sus colaboradores. El alcance era total: comunicaciones, movimiento, ubicación, conversaciones privadas, todo capturado y almacenado por una agencia estatal que negaba públicamente que tal vigilancia existiera.
Lo que distingue este informe de acusaciones previas es la especificidad y la documentación. No son alegaciones vagas ni reportes de derechos humanos genéricos. Son números de teléfono identificados, métodos técnicos descritos, tácticas operacionales detalladas y un testigo interno que puede explicar cómo funcionaba el sistema desde adentro. Marruecos ahora enfrenta no solo la acusación de vigilancia, sino la evidencia de que la vigilancia fue coordinada, sistemática y dirigida específicamente contra personas cuyo único delito fue ejercer libertad de expresión, periodismo o defensa de derechos.
Citações Notáveis
Estos teléfonos parecen nuevos y en perfecto estado de funcionamiento, pero una vez activados, otorgan a las autoridades acceso total a las comunicaciones de la persona— Exagente de inteligencia marroquí citado por Amnistía Internacional
Las personas objetivo son filmadas y grabadas sin su conocimiento en centros de detención, en sus oficinas, automóviles, cafeterías e incluso en sus habitaciones— Informe de Amnistía Internacional
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