En el cruce entre la tecnología y el poder, Amnistía Internacional revela que Marruecos ha construido una arquitectura de vigilancia digital que trasciende fronteras y supera en alcance todo lo documentado hasta ahora. El testimonio de un exagente de inteligencia, respaldado por análisis forense de 103 números telefónicos, dibuja un Estado que no solo espía a sus disidentes, sino que infecta cibercafés, recluta vecinos y vende teléfonos preinfectados para silenciar a quienes defienden derechos humanos. Este informe llega en un momento en que España aún no ha podido esclarecer el presunto espio
Amnistía Internacional denuncia red de ciberespionaje masivo en Marruecos
Chantajear, desacreditar, humillar y encarcelar injustamente
¿Por qué es importante que este informe venga de un exagente de inteligencia y no solo de análisis técnico?
Porque Safir trabajó dentro del sistema. Conoce cómo se toman las decisiones, quién da las órdenes, cómo se ejecutan las operaciones. No es especulación sobre lo que podría estar pasando; es un relato de lo que pasó desde adentro.
Pero Safir es anónimo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que sus afirmaciones son confiables? Amnistía Internacional dice que cotejó su testimonio con datos filtrados y registros, pero ¿cuánta de esa evidencia es realmente pública y verificable?
El informe menciona 103 números de teléfono marroquíes. ¿Eso significa que todos fueron infectados?
No necesariamente. Amnistía Internacional analizó esos números para buscar rastros de Pegasus y otros programas. Encontraron evidencia en algunos, pero el análisis es complejo.
Exacto. Lahcen Haddad señaló precisamente eso: que encontrar un rastro de Pegasus en un número no demuestra automáticamente quién lo hizo o por qué. La cadena de atribución es mucho más difícil de establecer que la detección técnica.
¿Entonces el caso español contra Marruecos está cerrado?
Está archivado por segunda vez. Israel se negó a proporcionar información sobre NSO Group, así que los fiscales españoles no pudieron avanzar. Sánchez confirmó que fueron hackeados pero dijo que no saben quién lo hizo.
Lo que es notable es que Sánchez no niega el hackeo. Confirma que pasó. Pero sin la cooperación de Israel, la investigación no puede ir más allá. Eso es un vacío legal real, no una debilidad de la acusación.
¿Por qué Marruecos no responde directamente a estas acusaciones?
Ha negado sistemáticamente desde 2021 sin aportar pruebas. Ha demandado a Amnistía Internacional por difamación en varios países europeos, pero esos casos no han prosperado.
Lo interesante es que Marruecos no ha ganado ninguno de esos juicios. Eso sugiere que los tribunales europeos consideran que Amnistía Internacional tiene derecho a publicar estas investigaciones. Pero tampoco significa que las acusaciones sean probadas más allá de toda duda.
Il Polso
- Un exagente de inteligencia marroquí rompe el silencio y describe desde adentro un sistema de vigilancia masiva que opera sin ningún control judicial.
- El espionaje va mucho más allá de Pegasus: teléfonos preinfectados en puntos de venta, cibercafés intervenidos y vecinos reclutados como informantes revelan una red de control cotidiano y capilar.
- Activistas, periodistas y disidentes —junto con sus familias y círculos cercanos— son objeto de chantaje, desacreditación y encarcelamiento injusto como resultado directo de esta vigilancia estatal.
- En España, el caso del espionaje a Pedro Sánchez y sus ministros fue archivado por segunda vez, bloqueado por la negativa de Israel a cooperar con información sobre NSO Group.
- Marruecos responde con negaciones sistemáticas, demandas por difamación en Europa y un silencio casi total en su prensa nacional sobre el nuevo informe de Amnistía Internacional.
En el cruce entre la tecnología y el poder, Amnistía Internacional revela que Marruecos ha construido una arquitectura de vigilancia digital que trasciende fronteras y supera en alcance todo lo documentado hasta ahora. El testimonio de un exagente de inteligencia, respaldado por análisis forense de 103 números telefónicos, dibuja un Estado que no solo espía a sus disidentes, sino que infecta cibercafés, recluta vecinos y vende teléfonos preinfectados para silenciar a quienes defienden derechos humanos. Este informe llega en un momento en que España aún no ha podido esclarecer el presunto espionaje a su propio gobierno, y Marruecos continúa negando sin ofrecer prueba alguna.
Amnistía Internacional acaba de publicar un informe que responsabiliza directamente a los servicios de inteligencia marroquíes de un sistema de vigilancia digital masiva contra activistas, periodistas y disidentes. Lo que distingue esta investigación es la voz de un exagente de inteligencia interior, identificado como Safir, que describe desde adentro cómo funciona la maquinaria de espionaje del Estado.
El arsenal va mucho más allá del conocido software israelí Pegasus. Marruecos emplea también herramientas de la empresa italiana Hacking Team y del grupo germanobritánico Gamma Group, creador del malware FinFisher. Según Safir, los agentes controlan puntos de venta de telefonía para distribuir teléfonos preinfectados, interceptan comunicaciones en aeropuertos e incluso infectan previamente todas las máquinas de un cibercafé cuando saben que un objetivo lo visitará. Todo ello, subraya el exagente, sin autorización judicial alguna.
La vigilancia se extiende sistemáticamente a los entornos de los objetivos: familiares, amigos y redes profesionales quedan atrapados en la misma red. Rebecca White, investigadora del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, resume el propósito de toda esta infraestructura: chantajear, desacreditar, humillar y, si es necesario, encarcelar injustamente a quienes defienden derechos humanos dentro y fuera del país. Amnistía cotejó el testimonio de Safir con datos filtrados, registros gubernamentales y análisis de 103 números de teléfono marroquíes.
En España, el informe resuena con fuerza. Las autoridades investigaron el presunto espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez y varios ministros en 2021, atribuido a Marruecos tras la crisis migratoria de Ceuta. Sin embargo, la negativa de Israel a facilitar información sobre NSO Group bloqueó el proceso, y el caso fue archivado por segunda vez en la Audiencia Nacional. El propio Sánchez confirmó en Harvard que habían sido hackeados, aunque señaló que la autoría seguía sin determinarse.
Marruecos ha respondido como en ocasiones anteriores: negaciones sin pruebas, demandas por difamación en varios países europeos que no han prosperado, y cuestionamientos técnicos a través de redes sociales por parte de figuras como el exministro Lahcen Haddad. Mientras tanto, la prensa marroquí apenas ha cubierto el informe, en llamativo contraste con el tratamiento que recibió hace un año el caso de un exalto cargo de inteligencia exterior que huyó del país y es buscado por Interpol.
Amnistía Internacional ha documentado una red de vigilancia digital que se extiende mucho más allá de lo que se conocía públicamente sobre Marruecos. La organización de derechos humanos con sede en Londres acaba de publicar un informe que responsabiliza directamente a los servicios de inteligencia marroquíes de un sistema de espionaje masivo dirigido contra activistas, periodistas y disidentes. Lo que distingue esta investigación es que no se basa únicamente en análisis técnico o en filtraciones anónimas: incluye el testimonio detallado de un exagente de inteligencia marroquí que trabajó dentro de la maquinaria de vigilancia y que ahora expone cómo funciona desde adentro.
El alcance de los programas de espionaje es más amplio de lo que se había reportado hasta ahora. Además del conocido software israelí Pegasus, que ya había sido documentado en investigaciones anteriores, Marruecos utiliza herramientas de vigilancia de la empresa italiana Hacking Team y del grupo germanobritánico Gamma Group, que desarrolló el malware FinFisher. Según el exagente, identificado con el seudónimo Safir, estos programas se despliegan de formas que van más allá de lo que típicamente se asocia con el ciberespionaje. Los agentes de inteligencia controlan puntos de venta de telefonía móvil para vender teléfonos preinfectados con software espía. Interceptan comunicaciones en zonas de tránsito de aeropuertos. Reclutan informantes entre los vecinos de sus objetivos. El testimonio de Safir, quien perteneció a la Dirección General de Supervisión del Territorio, el servicio de inteligencia interior, revela que estas operaciones se ejecutan sin autorización judicial alguna.
La vigilancia no se limita a los objetivos principales. Safir explicó a los investigadores que las tácticas se extienden sistemáticamente a familiares, amigos y redes profesionales de activistas y disidentes. Las llamadas telefónicas son interceptadas de forma rutinaria. Las ubicaciones son rastreadas continuamente. En un detalle particularmente revelador, el exagente describió cómo los agentes sobre el terreno identificaban qué cibercafés visitaría un objetivo, y luego infectaban previamente todas las máquinas del establecimiento para monitorear la actividad. Rebecca White, investigadora del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, sintetiza el propósito de toda esta infraestructura: chantajear, desacreditar, humillar y, si es necesario, encarcelar injustamente a quienes defienden derechos humanos en Marruecos. La vigilancia del Estado, subraya, se extiende más allá de las fronteras del país.
La investigación se basa en múltiples capas de evidencia. Amnistía Internacional cotejó el testimonio de Safir con datos de vigilancia filtrados, registros gubernamentales del software espía y material de las empresas que venden estas herramientas. Los investigadores analizaron 103 números de teléfono marroquíes. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, afirmó que Marruecos ha adoptado plenamente las prácticas tecnoautoritarias, adquiriendo una amplia variedad de tecnologías de vigilancia para establecer un sistema represivo diseñado específicamente para infundir miedo dentro y fuera del país. La Dirección General de Supervisión del Territorio comenzó a utilizar Pegasus a partir de 2017, según el informe.
En España, este hallazgo tiene resonancia directa. Las autoridades españolas han investigado el presunto espionaje a Pedro Sánchez y varios de sus ministros en 2021, presuntamente atribuido a Marruecos tras una crisis migratoria en Ceuta. Sin embargo, la negativa del Estado de Israel a proporcionar información sobre NSO Group, la empresa creadora de Pegasus, frustró la investigación. A principios de este año, el caso fue archivado por segunda vez en la Audiencia Nacional. Cuando se le preguntó sobre esto en Harvard el 25 de septiembre, Sánchez confirmó que habían sido hackeados con Pegasus pero señaló que no sabían quién lo hizo y que el caso estaba bajo investigación.
Marruecos ha respondido a investigaciones anteriores negando sistemáticamente las acusaciones desde 2021 sin aportar prueba tangible alguna, según Amnistía Internacional. El gobierno ha emprendido acciones legales por difamación y falsedad contra la ONG y sus colaboradores, presentando denuncias en varios países europeos que no han prosperado ante los tribunales. A través de redes sociales, el exministro marroquí Lahcen Haddad, ahora parlamentario y académico, cuestionó aspectos técnicos de la investigación, argumentando que la detección de Pegasus en 103 números no basta por sí sola para demostrar toda la cadena de atribución de responsabilidad, y que la interceptación sistemática de llamadas se apoya en un testimonio anónimo. La prensa marroquí apenas ha cubierto el nuevo informe de Amnistía Internacional, publicado el jueves pasado, en contraste con la amplia cobertura que recibió hace un año el caso de Mehdi Hijaouy, un exalto cargo de los servicios de inteligencia exterior que abandonó el país y ahora es buscado por Interpol.
Citazioni salienti
Marruecos ha adoptado plenamente las prácticas tecnoautoritarias, para lo que ha adquirido una amplia variedad de tecnologías de la vigilancia con el fin de establecer un sistema represivo diseñado específicamente para infundir miedo— Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Las herramientas que utilizan son muy amplias, pero el objetivo es claro: chantajear, desacreditar, humillar y, si es necesario, encarcelar injustamente a quienes se pronuncian en defensa de los derechos humanos— Rebecca White, investigadora del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional