América Latina y el Caribe en movimiento: desplazamiento, crisis superpuestas y soluciones que ya funcionan

En 2025, la nacionalidad que más pidió asilo en España fue la venezolana: más de 85.000 solicitudes, el 59% del total, un 29% más que el año anterior. Ese mismo año, más de 57.000 personas, en su mayoría venezolanas, obtuvieron protección por razones humanitarias. Con esas cifras abre su columna Juan Carlos Murillo, responsable de la oficina de ACNUR para las Américas, para recordar que lo que ocurre en Venezuela se siente tanto en los países vecinos como en destinos mucho más lejanos.

Murillo sostiene que la situación venezolana no ocurre en el vacío. En el conjunto del continente, más de 21 millones de personas han tenido que huir. La región, escribe, enfrenta a la vez la violencia, las crisis prolongadas y los efectos crecientes del cambio climático, y lo hace mientras la financiación humanitaria global sufre recortes significativos.

El autor recorre varios frentes abiertos. En Haití, la violencia en Artibonite ha provocado desplazamientos masivos en un entorno de colapso institucional. En Jamaica, el huracán Melissa dejó casi 280.000 personas desplazadas y amplias zonas sin agua ni electricidad, una muestra de la vulnerabilidad del Caribe ante los fenómenos climáticos extremos. En Colombia, el deterioro acelerado del Catatumbo volvió a afectar a decenas de miles de personas: enfrentamientos entre grupos armados, confinamientos y desplazamientos repentinos obligan a familias enteras a huir con lo mínimo. A ellos suma las comunidades centroamericanas atrapadas por la violencia.

Frente a ese panorama, Murillo afirma que las soluciones existen. Colombia, Brasil y México han aplicado políticas de documentación, regularización e integración socioeconómica que, según él, han estabilizado comunidades enteras. Costa Rica, por su parte, sigue dando refugio a cientos de miles de nicaragüenses que huyen de la persecución y la represión.

La tesis de fondo es que, cuando se garantiza protección legal, acceso al empleo e inclusión financiera, las personas refugiadas no solo rehacen su vida, sino que contribuyen activamente al desarrollo de las comunidades que las acogen. Por eso, dice, el desplazamiento forzado exige solidaridad, refugio y reconocimiento de ese aporte socioeconómico.

Para 2026, el autor señala que Venezuela requerirá un seguimiento cercano. Algunos países refuerzan sistemas de acogida ya saturados, mientras que quienes regresan necesitan apoyo sostenido para reintegrarse con dignidad.

La propuesta de ACNUR no pasa por inventar nuevas respuestas, sino por ampliar las que ya funcionan: documentar y proteger desde el inicio, facilitar permisos de trabajo, promover la inclusión financiera y asegurar una financiación flexible que llegue también a las crisis menos visibles. Murillo concluye que apoyar la protección y la integración no es solo un acto de solidaridad, sino una responsabilidad compartida, porque las crisis y las soluciones de las Américas están ligadas a la estabilidad global.