Las grandes tecnológicas cuestionan el encaje jurídico del decreto y consideran discriminatoria la obligación de usar 80% de energía renovable adicional hora a hora. SpainDC moviliza bufetes de abogados de élite (Garrigues, Cuatrecasas, A&O Shearman) y advierte de posibles arbitrajes internacionales, recordando los costosos litigios energéticos de 2013.