Almaraz celebra la prórroga nuclear: «No será la última, lucharemos por más»

En la plaza del Ayuntamiento de Almaraz, mientras suena Shakira y los niños saltan en castillos inflables con forma de jirafa, el pueblo celebra algo más que las fiestas de San Roque. Este fin de semana de agosto, los 1.594 habitantes de este municipio cacereño tienen razón doble para estar de fiesta: el viernes, el Gobierno acaba de prorrogar la vida de su central nuclear tres años más, hasta junio de 2030. La planta, inaugurada en 1981, genera alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos en la zona, según cálculos de las autoridades locales. Para un pueblo que ha vivido en la incertidumbre desde 2019, cuando se anunció el cierre programado, la noticia es un respiro que se siente en cada conversación, en cada abrazo entre vecinos.

La central debería haber comenzado a apagar sus reactores en noviembre de 2027, dentro del calendario de cierre nuclear impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y acordado con su socio de coalición Sumar. Pero la crisis energética global ha cambiado los planes. El cierre del estrecho de Ormuz, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, ha cortado el paso a una quinta parte del petróleo y gas mundial. El precio del gas natural en Europa se ha duplicado, alcanzando niveles no vistos desde la invasión rusa de Ucrania. El gasóleo ha subido un 15,7% en España. Ante esta volatilidad de combustibles fósiles, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió que mantener Almaraz en funcionamiento podría ayudar a moderar la exposición de los consumidores españoles a estos picos de precios impredecibles. Las cinco centrales nucleares activas en España, con Almaraz a la cabeza, aportan cerca del 20% de la energía del país.

Para entender lo que significa esta prórroga, hay que entender lo que significó la amenaza de cierre. Fernando Sánchez, técnico radiológico en la planta y alcalde de Belvís de Monroy, un pueblo de 800 habitantes a ocho kilómetros de los reactores, describe la parálisis que ha vivido la zona durante siete años. "No sabes cómo decirles a tus vecinos que quieren abrir una tienda, una peluquería o cualquier otro negocio que, si la central se apaga, el pueblo puede desaparecer en unos años", cuenta. Unas 50 familias de su municipio trabajan en la instalación. Irene Vega, una mujer de 77 años que ahora vive en Madrid, encarna una historia que el pueblo conoce bien: la de quienes tuvieron que marcharse. Nació en Almaraz en 1949 y vivió allí hasta los 12 años, en una infancia feliz junto a un vivero donde plantaba pinos y eucaliptos, el mismo terreno donde hoy se levanta la central. Ante la falta de empleo, sus padres la llevaron a la Comunidad de Madrid. Ella mantiene la casa familiar y pasa los veranos allí, pero su vida está en otro lado.

Borja Romero, presidente del comité de empresa desde hace tres años, trabaja en la central desde hace 15 años como ingeniero industrial encargado de reparaciones. "La planta te deja mucha huella. Es donde he desarrollado mi familia, donde he conocido a mi pareja, que también trabaja allí, y donde vivo feliz", dice. Para él, la prórroga no es el final de la lucha. "Esta no será la última prórroga y seguiremos luchando por más". El punto de inflexión llegó en enero de 2025, cuando unas 7.000 personas se manifestaron en el pueblo, una cifra sin precedentes en Almaraz. El movimiento de apoyo, encabezado por el grupo Sí a Almaraz, sí al futuro, ha crecido hasta sumar 104 entidades adheridas, entre ayuntamientos, cámaras de comercio y otras organizaciones que representan a más de dos millones de personas en toda España. Las empresas propietarias de la central —Iberdrola, Endesa y Naturgy— sostienen que la planta puede seguir operando con seguridad otros 35 años más, hasta alcanzar las ocho décadas de funcionamiento.

Pero no todos en la zona celebran la prórroga. José María González Mazón, coordinador del grupo de trabajo de energía de la organización ecologista Adenex, residente en Navalmoral de la Mata a 20 kilómetros de la central, anuncia que su organización presentará una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa para retomar el calendario de cierre. "Prorrogar Almaraz es un desastre político absoluto e infringe el Estado de derecho", critica. Confía en que los tribunales intervendrán, como sucedió con la central de Garoña: en 2011, la Audiencia Nacional avaló su cierre frente a los recursos de Endesa e Iberdrola, y la planta cerró en 2013 en la fecha originalmente fijada. González Mazón documenta sus preocupaciones: afirma haber registrado más de mil incidentes en Almaraz y 160 casos de empleados o familiares enfermos por exposición a la radiación. También sostiene que el reactor 1 atraviesa actualmente una avería grave sin que el Consejo de Seguridad Nuclear lo haya informado públicamente. Fuentes de la central lo niegan.

Fernando Sánchez, como técnico radiológico, defiende que Almaraz es segura. Realiza mediciones periódicas de radiación tanto en la central como en los pueblos del entorno. "De hecho, hay zonas con suelos llenos de minerales, como las áreas mineras, que tienen mucha más radiación", subraya. Pedro Pizarro, otro técnico que trabajó en la central desde 1982 como empleado de una empresa contratista y participó en diversas recargas de combustible hasta su prejubilación en 2020, cuenta que llegó a retirar cinco veces la cabeza del reactor. "Todo se hace con mucho cuidado y nunca me ha pasado nada", dice este vecino de 69 años que se mudó al pueblo por la central. Antonio Durán, de 66 años, que trabajó en la construcción de la planta durante seis meses, recuerda que muchos vecinos la rechazaban al principio. "Todos pensaban en la bomba atómica, que puede explotar en cualquier momento", comenta. La central fue proyectada en los años sesenta por tres grandes eléctricas de la época y autorizada por los tecnócratas franquistas en 1971, con inicio de obras en 1973. Hoy, la relación ha dado un giro completo. Como ironiza Sánchez: "Aquí nos impusieron la central nuclear y ahora, cuando hemos aprendido a vivir con ella, nos la han querido quitar".