Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero y acuerda cooperar con EE.UU.

En una sala de tribunales federales en Miami, Alex Saab, empresario colombiano de 54 años que sirvió como ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela entre 2024 y 2026, se declaró culpable el martes de conspiración para lavado de dinero. La confesión marca un giro dramático en un caso que ha permanecido en el centro de las tensiones entre Washington y Caracas durante años. Saab, quien había llegado a Estados Unidos el 16 de mayo tras ser deportado por el gobierno interino venezolano, inicialmente se había declarado no culpable cuando compareció ante la corte del Distrito Sur de Florida el 24 de julio. Ahora, con su cambio de declaración, ha aceptado cooperar plenamente con el Departamento de Justicia estadounidense.

En los documentos del acuerdo, Saab reconoce haber organizado en 2015, cuando Nicolás Maduro era presidente de Venezuela, un esquema ilegal que involucraba sobornos y pagos ilegales derivados del programa público Comité Local de Abastecimiento y Producción, conocido como CLAP. El dinero fue transferido hacia el sur de Florida a través de una red de cómplices que incluía al gobernador chavista José Gregorio Vielma Mora, quien en ese momento dirigía el estado de Táchira, así como a tres colombianos: Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. El acuerdo también menciona a dos co-acusados adicionales identificados únicamente como "co-acusado 1" y "co-acusado 3", cuyas identidades la Fiscalía ha mantenido en secreto.

Lo que hace particularmente significativo este acuerdo es que, aunque nunca menciona a Maduro por su nombre, sí hace referencia explícita a "altos funcionarios del Gobierno venezolano" en 2015. Maduro actualmente se encuentra recluido en Nueva York enfrentando acusaciones de narcotráfico, y los observadores legales han comenzado a especular sobre cómo el testimonio de Saab podría afectar ese caso. Sin embargo, el acuerdo de cooperación en sí no establece ningún vínculo directo con el ex dictador ni menciona cargos relacionados con drogas.

A cambio de su confesión y cooperación, Saab ha aceptado términos que podrían reducir significativamente su sentencia. Bajo el acuerdo, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500.000 dólares, pero el Gobierno estadounidense ha consentido en solicitar una sentencia menor. Saab también se ha comprometido a entregar 195 millones de dólares en activos, propiedades y bienes derivados de los crímenes, con un plazo de catorce días para revelar todos los activos relacionados con los delitos.

Los términos de la cooperación son amplios y vinculantes. Saab se ha obligado a proporcionar "información y testimonio veraces y completos" junto con "documentos, registros y otras pruebas" en cualquier juicio o proceso que el Gobierno solicite. El acuerdo también contiene cláusulas protectoras que le prohíben proteger a otras personas mediante información falsa, implicar falsamente a terceros, o cometer delitos adicionales. Estas restricciones sugieren que la Fiscalía espera que Saab sea un testigo confiable en procedimientos futuros, posiblemente contra otros funcionarios venezolanos o sus asociados.

La declaración de culpabilidad de Saab llega en un momento de incertidumbre política en Venezuela. Fue deportado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, la misma administración que ha buscado distanciarse de la era Maduro. Su cooperación con Estados Unidos podría revelar detalles sobre cómo operaban las redes de corrupción durante el régimen anterior, aunque los alcances exactos de su testimonio permanecen bajo sellado. Lo que está claro es que un hombre que estuvo cerca del poder en Caracas ahora está trabajando con la justicia estadounidense, y eso tiene implicaciones que van más allá de su propio caso.