Alex Saab se declara culpable de lavado de activos ante justicia estadounidense

En una sala de la corte federal de Miami, un hombre de 54 años se presentó esposado el martes pasado, vistiendo el uniforme beige de los prisioneros federales, con el cabello recogido y barba blanca. Era Alex Saab, empresario colombiano que durante años fue figura cercana al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Ante el juez, cambió de posición: donde meses atrás había declarado su inocencia, ahora admitía su culpabilidad en conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas. El acuerdo con la fiscalía marcaba un giro dramático en un caso que ha tejido juntos los hilos de la política venezolana, las sanciones estadounidenses y el sistema financiero internacional.

La trayectoria de Saab en los últimos años es un reflejo de las turbulencias políticas de Venezuela. Fue ministro de Industrias y Producción Nacional bajo Maduro hasta enero pasado, cuando el derrocado presidente fue capturado y el Gobierno de transición ordenó su salida. Pero su encarcelamiento en Estados Unidos es anterior: fue detenido en Cabo Verde en 2020, extraditado a Miami en 2021, y enfrentó una campaña de protestas en Venezuela donde el Gobierno lo caracterizó como víctima de un secuestro político. En 2023, el presidente Joe Biden lo indultó como parte de un intercambio en el que Venezuela liberó a diez ciudadanos estadounidenses. Saab regresó a Caracas, se reintegró al Gobierno, y parecía haber cerrado ese capítulo. Hasta que no fue así.

Ahora, según los fiscales federales, Saab participó en un esquema de enriquecimiento que se extendió desde octubre de 2015 hasta enero de este año. El mecanismo era sofisticado: pagaba sobornos a funcionarios públicos venezolanos y recibía a cambio contratos lucrativos del CLAP, el programa social de distribución de alimentos del Gobierno. Los documentos de acusación sostienen que él y sus cómplices —cuyos nombres permanecen sin revelar— importaban alimentos bajo falsas pretensiones, moviendo dinero a través de transacciones que ocultaban su origen ilícito. A partir de 2019, cuando las sanciones estadounidenses contra Venezuela se intensificaron, Saab presuntamente aprovechó su influencia en el Gobierno para acceder al petróleo de PDVSA, la empresa estatal petrolera, venderlo y obtener ganancias. El dinero se movía dentro y fuera de Estados Unidos, borrando sus huellas en operaciones de comercio exterior que nunca fueron legítimas.

Como parte del acuerdo, Saab se comprometió a entregar aproximadamente 195 millones de dólares en efectivo y bienes. No puede retractarse de su declaración de culpabilidad. Sin embargo, la sentencia aún no se ha dictado. A mediados de enero, un juez determinará su castigo. La ley permite hasta 20 años de cárcel por los cargos que admitió. Además, podría enfrentar una multa de 500 mil dólares y se le podría ordenar pagar el doble del valor de sus propiedades ilícitamente adquiridas. La cifra total de lo que debe devolver podría alcanzar sumas considerables.

La posición del Gobierno venezolano ha sido errática. Durante años, bajo Maduro, defendió la inmunidad diplomática de Saab como funcionario del Estado. Pero en mayo, cuando fue deportado nuevamente a Estados Unidos, el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó que su extradición estaba "apegada a estricto derecho". El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, fue más lejos: declaró que Saab "no es venezolano" y que portaba una "cédula fraudulenta". Tanto el Gobierno como PDVSA han rechazado repetidamente las acusaciones de los fiscales estadounidenses, negando que Saab participara en esquemas de corrupción o que el programa CLAP fuera instrumento de enriquecimiento ilícito.

Mientras Saab enfrenta su sentencia en enero, Nicolás Maduro permanece detenido en Nueva York, acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas. Se ha declarado inocente. Los abogados de Saab no han respondido a las acusaciones del Gobierno venezolano sobre documentos fraudulentos. Lo que queda es una historia de poder, dinero, y cómo las estructuras de un Estado pueden convertirse en vehículos de enriquecimiento personal, y cómo esos actos, eventualmente, encuentran rendición de cuentas en las cortes de otro país.