Alemania propone ampliar poderes de servicios secretos tras atentado del Orgullo

El 25 de julio, un hombre arrolló con un vehículo a la multitud que celebraba el Orgullo en el parque Tiergarten de Berlín, dejando una muerta y 31 heridos. Luego atacó a varias personas con un machete. Abdul B., de 21 años, el principal sospechoso, murió al día siguiente durante una operación policial. Lo que sucedió después es tan predecible como inquietante: el Gobierno de coalición de Friedrich Merz anunció de inmediato un paquete legislativo que promete más seguridad a cambio de menos libertades, utilizando el atentado como justificación para ampliar poderes que los servicios secretos alemanes nunca antes habían tenido.

La reforma más controvertida otorgaría a dos organismos de inteligencia—el Servicio Federal de Inteligencia (Bundesnachrichtendienst) y la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (Bundesamt für Verfassungsschutz)—lo que se ha denominado coloquialmente una "licencia para matar". Hasta ahora, estos servicios se limitaban a recopilar información. Con la reforma, podrían ejercer funciones policiales ejecutoras, aplicando fuerza cuando consideren que es necesario para evitar peligros al Estado. La redacción del borrador es deliberadamente vaga, dejando espacio para interpretaciones amplias en un asunto tan delicado. El periodista Ronen Steinke, del Süddeutsche Zeitung, criticó en televisión que los servicios secretos podrían entrar en domicilios sin orden judicial y asumir funciones policiales de forma consciente. "La diferencia es que la policía está sujeta a control democrático, mientras que el servicio secreto es una especie de caja negra a la que no se pueden pedir responsabilidades tan fácilmente", señaló.

La reforma también permitiría la vigilancia de personas catalogadas como "extremistas" mediante la instalación de troyanos informáticos en sus ordenadores cuando no están en casa. Además, el Gobierno planea desmantelar la figura del comisionado encargado de velar por el derecho a la libertad de prensa, reduciendo significativamente la transparencia y la rendición de cuentas. Ciudadanos, periodistas y representantes políticos perderían un recurso clave para exigir acceso a información pública. La reforma también contempla la creación de perfiles mediante inteligencia artificial, análisis del comportamiento y reconocimiento biométrico, amenazando la libertad digital.

La oposición ha señalado que estas medidas erosionan una lección fundamental aprendida de los crímenes del nacionalsocialismo: la separación histórica entre policía e inteligencia. Clara Bünger, abogada y portavoz de Política Interior de Die Linke, advirtió que el Gobierno federal abandona una enseñanza fundamental de los errores del pasado. "Solo para poder competir por fin con aquellos servicios de inteligencia que llevan décadas causando grandes daños en todo el mundo con métodos sucios", afirmó.

El ministro de Interior, Alexander Dobrindt, también propone extender el uso de tobilleras electrónicas y ampliar la detención preventiva. En Berlín, la retención máxima es actualmente de diez días; en Baviera, tras una reforma reciente, alcanza dos meses. Dobrindt quiere endurecer la legislación para castigar con al menos cinco años de prisión lo que se considere apoyo a una organización terrorista, una formulación tan amplia que ha permitido procesar a activistas propalestinos por consignas como "From the river to the sea, Palestina will be free", que los jueces han interpretado como apoyo a Hamás.

Lo que resulta particularmente revelador es cómo el Gobierno utiliza el miedo al islamismo para justificar estas medidas, mientras ignora amenazas estadísticamente más graves. En 2024, 132 mujeres fueron asesinadas por violencia machista en Alemania, mientras que el terrorismo islamista acabó con la vida de cuatro personas. Sin embargo, la atención mediática y política es desproporcionada. El atentado del Orgullo, que afectó a una comunidad LGTBIQ+, debería haber puesto de relieve que la mayor amenaza para la seguridad de mujeres y personas LGTBIQ+ proviene de hombres machistas, no de extremistas islamistas. Aún así, el Gobierno enfatiza la amenaza islamista mientras mantiene un silencio casi total sobre la violencia de género.

Lo más inquietante es que Abdul B. ya había sido identificado como potencialmente peligroso, condenado por intentos de vinculación con grupos armados islamistas, y vigilado por los servicios de inteligencia durante años. Incluso había sido grabado poco antes del atentado. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿realmente necesitaban los servicios secretos más poder para prevenir este ataque, o simplemente no utilizaron adecuadamente las herramientas que ya tenían? El patrón se repite. Después del atentado navideño de 2016 en Breitscheidplatz, cuando Anis Amri mató a trece personas, el Gobierno también impulsó un endurecimiento de medidas de seguridad. Ahora, una década después, vuelve a ocurrir lo mismo.

Bünger ha rechazado estas reformas, señalando que ni siquiera está claro si los mecanismos existentes se utilizaron en el caso del atentado del Orgullo. Lo que está claro es que el Gobierno está normalizando la excepción, convirtiendo medidas de emergencia en la norma. En una atmósfera de miedo—donde aparecen no solo islamistas, sino también refugiados y rusos—es fácil justificar la erosión de derechos fundamentales. Pero una vez que se ceden estas libertades, raramente se recuperan.