Alemania abandona la electrificación obligatoria y apuesta por el biometano frente a Bruselas

Berlín acaba de dar un giro inesperado en su estrategia energética. El Gobierno de Friedrich Merz ha decidido abandonar la obligación de instalar sistemas de calefacción con al menos un 65% de energías renovables, una norma que su predecesor Olaf Scholz había impulsado con la intención de acelerar la descarbonización tras la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania. En su lugar, Alemania recupera el principio de neutralidad tecnológica y apuesta por el biometano y otros gases renovables como vía alternativa para reducir emisiones.

El cambio no significa abandonar los objetivos climáticos. Alemania mantiene su compromiso de alcanzar la neutralidad climática en 2045, pero modifica radicalmente cómo pretende lograrlo. En lugar de imponer una tecnología específica, el nuevo enfoque fija el objetivo final—reducir emisiones al menor coste económico y técnico posible—y permite que diferentes soluciones compitan entre sí. La reforma de la Ley de Calefacción permite mantener las calderas de gas siempre que incorporen progresivamente combustibles renovables. El calendario es preciso: un mínimo del 10% de biometano en 2029, 15% en 2030, 30% en 2035 y 60% en 2040. Antes de finales de 2026, el Ejecutivo deberá presentar una ley para extender una cuota obligatoria de gases renovables al mercado de calefacción.

La decisión responde tanto a razones políticas como prácticas. La anterior Ley de Calefacción se convirtió en uno de los mayores focos de desgaste del Gobierno de Scholz. Los propietarios denunciaban el elevado coste de sustituir equipos todavía operativos, y los sectores empresariales reclamaban que el Estado fijara objetivos de emisiones sin imponer una tecnología concreta. Además, Alemania cuenta con más de 20 millones de sistemas de calefacción alimentados por gas—más de la mitad del parque residencial. Sustituirlos en pocos años habría obligado a movilizar decenas de miles de millones de euros y adaptar edificios que, en muchos casos, no están preparados para instalar bombas de calor sin reformas adicionales.

Este movimiento abre un nuevo debate dentro de la Unión Europea sobre cómo debe llevarse a cabo la descarbonización. Mientras la Comisión Europea acaba de reforzar su apuesta por la electrificación con un Plan de Acción que aspira a que la electricidad represente el 46% del consumo energético comunitario en 2040 y acelere el despliegue de hasta 100 millones de bombas de calor, Alemania plantea una vía alternativa. La diferencia es relevante: Alemania deja de obligar a sustituir el gas por electricidad y pasa a exigir que el propio gas reduzca progresivamente su huella de carbono.

España, por el contrario, mantiene la dirección opuesta. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima sitúa la electrificación como uno de los pilares de la transición energética. El despliegue de bombas de calor, el vehículo eléctrico y el aumento de la demanda eléctrica aparecen como elementos clave para absorber el fuerte crecimiento previsto de la generación renovable. La lógica es clara: cuanto mayor sea el consumo eléctrico, mayor capacidad tendrá el sistema para integrar la producción eólica y fotovoltaica.

El debate trasciende el plano regulatorio porque afecta al destino de inversiones multimillonarias. La Comisión Europea estima que alcanzar una electrificación del 46% del consumo energético en 2040 exigirá alrededor de 1,2 billones de euros en nuevas redes eléctricas, aunque defiende que permitirá reducir la factura europea de importación de combustibles fósiles en 260.000 millones anuales. Alemania comparte el objetivo de reducir esa dependencia exterior, pero considera que parte de esa inversión puede optimizarse aprovechando infraestructuras gasistas existentes para transportar biometano e hidrógeno en lugar de sustituirlas completamente.

La reforma alemana modifica también el reparto de oportunidades dentro del sistema energético. El nuevo enfoque devuelve protagonismo a infraestructuras gasistas que muchos daban por amortizadas, al plantear su uso para transportar gases renovables. Los beneficiados pueden ser operadores gasistas, productores de biometano y fabricantes de equipos compatibles con combustibles renovables. España podría aprovechar esta oportunidad: el país cuenta con uno de los mayores potenciales europeos de producción de biometano, estimado en unos 160 TWh anuales gracias a sus residuos agrícolas, ganaderos y urbanos. Sin embargo, esa industria continúa mucho menos desarrollada que en países como Alemania.

La estrategia alemana tampoco está libre de incertidumbres. El éxito dependerá de que exista suficiente producción de biometano e hidrógeno a precios competitivos, algo que todavía no está garantizado. Además, desde 2027 entrará en funcionamiento el nuevo mercado europeo de emisiones para edificios y transporte, que elevará progresivamente el coste de los combustibles fósiles. Aunque Alemania permita mantener las calderas de gas, estas deberán sustituir gradualmente el gas natural por alternativas renovables para evitar costes crecientes. Berlín no busca prolongar la vida del gas fósil, sino aprovechar las infraestructuras existentes durante la transición hacia combustibles bajos en carbono. La cuestión ya no es si Europa debe alcanzar la neutralidad climática. Ese objetivo no está en discusión. El debate es cómo conseguirlo.