Alejandro Toledo pide una gracia presidencial por motivos humanitarios desde la cárcel

Con fecha del 13 de julio, desde Lima, el expresidente peruano Alejandro Toledo firmó un documento dirigido al actual jefe de Estado, José María Balcázar. En él pide una gracia presidencial por motivos humanitarios. Lo hace desde la cárcel, donde cumple condena por el caso Odebrecht, y argumenta que su salud se ha deteriorado "gravemente" desde que está preso.

El encargado de dar a conocer la gestión ha sido su abogado, Carlos Torres Caro, en declaraciones a la emisora peruana RPP. Según explicó, el trámite ya está presentado ante Balcázar, y el propio Toledo le autorizó a enviar el escrito. Torres Caro pidió al presidente que admita la solicitud y la considere de manera prioritaria por la edad del exmandatario y por la dimensión humanitaria de sus patologías, que el abogado describe como médicamente acreditadas. Añadió una frase dirigida al Ejecutivo: ahora se verá si el presidente tiene el carácter necesario para dar viabilidad al pedido.

En su declaración, recogida por RPP, Toledo recuerda que tiene más de 81 años. Señala que existe una ley que permite a los mayores de 80 años cumplir sus penas en arresto domiciliario o con orden de comparecencia. Denuncia además que su proceso penal "lleva más años de los que la propia ley permite". Según su texto, el derecho de gracia existe precisamente para quienes, como él, han soportado una investigación que excedió ampliamente los plazos razonables.

El núcleo humano del documento es de orden médico. Toledo afirma que los médicos le han advertido de que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento. "El tiempo corre contra mí", escribe, y pide que se le aplique un derecho que la ley ya contempla para poder vivir sus últimos días con dignidad. Insiste en que su petición no es un acto de rendición sino de justicia, y dice confiar en que las autoridades evaluarán su caso con objetividad y humanidad.

Toledo gobernó Perú entre 2001 y 2006. En octubre de 2024 fue condenado a 20 años y medio de prisión por colusión y blanqueo de dinero en el caso Interoceánica Sur, en sus tramos II y III, la carretera que une Perú con Brasil. Con aquella sentencia se convirtió en el primer expresidente peruano sentenciado por la operación Lava Jato, el escándalo que estalló en Brasil y que reveló cómo la constructora Odebrecht montó una red internacional con la que instauró la corrupción a nivel institucional en más de una decena de países de América Latina.

Su proceso arrancó en 2016, tras el estallido del escándalo, pero Toledo no entró en prisión hasta 2023, cuando fue extraditado desde Estados Unidos, país donde residía con su esposa, Elaine Karp. Ella ya había solicitado en 2025 un indulto humanitario para el expresidente, de modo que la petición actual retoma una vía que su familia había intentado antes.

Queda ahora la respuesta del Ejecutivo de Balcázar. Su decisión pondrá a prueba cómo se aplica la ley que permite el arresto domiciliario a los mayores de 80 años en un caso de enorme peso político. Por ahora, lo que consta son las afirmaciones de Toledo y de su abogado sobre su estado de salud.