Quien cometa un delito violento debe estar en la cárcel, no en las calles
De La Espriella firmará decreto creando Bloque de Defensa para Seguridad Urbana, coordinando con alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Alcaldes celebran anuncio y solicitan mayor apoyo nacional, capacidades operativas y desarticulación de estructuras criminales en sus ciudades.
- Decreto será firmado el 7 de agosto de 2026
- Cinco ciudades convocadas: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga
- Enfoque en extorsión, atracos y homicidios
- Respuesta de alcaldes el 5 de julio de 2026
El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana mediante decreto el 7 de agosto, convocando a alcaldes de principales ciudades para combatir extorsión, atracos y homicidios.
El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció el domingo 5 de julio, a través de un mensaje en redes sociales, que el 7 de agosto firmará un decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una iniciativa que convocará a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para diseñar conjuntamente la operación de seguridad urbana más ambiciosa que ha emprendido el país contra la extorsión, los atracos y los homicidios.
La reacción de los mandatarios locales fue inmediata y mayoritariamente positiva. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, describió el anuncio como "muy importante" y se declaró dispuesto a colaborar estrechamente con el nuevo gobierno en la desarticulación de las bandas criminales que operan en la capital. Galán enfatizó que la fuerza pública requiere un respaldo más sólido del nivel nacional para intensificar los golpes contra la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas, y advirtió sobre la necesidad de redefinir la política criminal del país, asegurando que quienes cometan delitos violentos o reincidan en conductas que amenacen la vida de otros ciudadanos deben permanecer en prisión, no en las calles.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, también respaldó la iniciativa y estableció un contraste explícito entre el enfoque de seguridad de De La Espriella y el del presidente Gustavo Petro, señalando que el mandatario electo "quiere seguridad para la gente". Gutiérrez subrayó que mientras los criminales deben sentir miedo, la población civil merece vivir en tranquilidad. Por su parte, Alejandro Eder, alcalde de Cali, celebró la decisión y recordó que su ciudad ha sido una de las más golpeadas por la inseguridad y los ataques terroristas, por lo que ha solicitado consistentemente mayores capacidades operativas y un trabajo coordinado entre la nación y los gobiernos locales.
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, fue más allá en su respuesta y ofreció su ciudad como sede del primer gran consejo de seguridad nacional para la región Caribe. Turbay identificó problemas específicos en su jurisdicción: bandas enfrentadas que requieren intervención desde el nivel central, cárceles convertidas en centros de operaciones delictivas, y la necesidad de aumentar el pie de fuerza, fortalecer la inteligencia y desatar las manos de las agencias de seguridad del Estado para que actúen con autoridad y contundencia dentro del marco legal.
Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, expresó que el respaldo del gobierno nacional llena de esperanza a los ciudadanos de su municipio. Portilla indicó que ya está preparando un informe detallado con cifras, estrategias y planes sobre la situación de seguridad en Bucaramanga para presentarlo antes de la firma del decreto, y se comprometió a trabajar coordinadamente con el nuevo gobierno en este objetivo.
La convergencia de estas respuestas sugiere un consenso entre los principales alcaldes del país sobre la necesidad de una intervención coordinada desde el nivel nacional. Aunque los detalles operativos del Bloque de Defensa aún no han sido especificados, la iniciativa representa un cambio de dirección en materia de seguridad urbana, con énfasis en la coordinación institucional, el fortalecimiento de capacidades locales y la desarticulación de estructuras criminales. El decreto que se firmará en agosto será el primer paso concreto de esta estrategia.
Notable Quotes
La fuerza pública necesita más apoyo del nivel nacional para que podamos seguir dando golpes contra la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas.— Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Qué diferencia un Presidente que quiere seguridad para la gente versus otro que venía a hacer negociaciones con los criminales.— Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué estos alcaldes responden tan rápidamente a un anuncio que aún no se ha convertido en decreto?
Porque llevan años pidiendo exactamente esto: que el gobierno nacional se siente a la mesa con ellos. Cada uno de estos alcaldes ha estado lidiando con bandas, extorsión y homicidios con recursos limitados. Un presidente que dice "voy a trabajar con ustedes" es diferente a uno que no lo dice.
Galán menciona "redefinir la política criminal". ¿Qué quiere decir con eso?
Quiere decir que durante años ha habido una sensación de que el sistema penal no castiga lo suficiente. Que los criminales reinciden, que salen de la cárcel y vuelven a delinquir. Está pidiendo que eso cambie: que quien cometa un delito violento permanezca en prisión.
Gutiérrez compara a De La Espriella con Petro. ¿Es una crítica directa?
Completamente. Está diciendo que Petro vino a Medellín a negociar con criminales, mientras que De La Espriella viene a combatirlos. Es una declaración política clara sobre qué tipo de gobierno prefieren estos alcaldes.
Turbay ofrece Cartagena como sede del consejo de seguridad. ¿Eso es simbólico o estratégico?
Es ambas cosas. Simbólicamente, dice "mi ciudad está lista para liderar esto". Estratégicamente, asegura que Cartagena estará en el centro de las decisiones que se tomen. Pero también refleja la urgencia: Cartagena tiene bandas enfrentadas y cárceles que funcionan como centros de operaciones criminales.
¿Qué falta en estos anuncios?
Los detalles. Nadie sabe aún cuántos recursos habrá, cuántos policías se desplegarán, cuál será el presupuesto. Los alcaldes están diciendo "sí, vamos", pero el verdadero trabajo comienza cuando se firma el decreto y hay que implementar.