En las inmediaciones del cementerio de Chauchilla, dentro del entorno protegido de las Líneas de Nasca, dos periodistas del semanario Hildebrandt en sus Trece fueron expulsados a disparos mientras documentaban el avance de la minería ilegal sobre un patrimonio de la humanidad. El incidente, protagonizado por agentes de seguridad privada vinculados a la agroexportadora ProAgro, revela la fragilidad de las garantías para el periodismo de investigación cuando este se adentra en territorios donde convergen intereses empresariales, recursos naturales y herencia arqueológica. Que los presuntos respo
Agentes de seguridad privada disparan contra periodistas que investigaban minería ilegal en Nasca
Dos periodistas fueron intimidados con disparos y amenazas; el guardián del sitio arqueológico también recibió amenazas durante el incidente.
Disparos al aire para obligarlos a abandonar el lugar donde investigaban
Mark
¿Por qué estos periodistas estaban en Nasca? ¿Qué investigaban exactamente?
Mimi
Documentaban daños causados por minería ilegal en una zona protegida cerca de las Líneas de Nasca. Es patrimonio de la humanidad, así que cualquier afectación es grave.
Luke
¿Pero confirmaron que la minería ilegal estaba ocurriendo? ¿O solo documentaban daños que alguien atribuía a eso?
Mark
¿Quién disparó? ¿Fue ProAgro directamente o solo sus agentes de seguridad?
Mimi
Un agente de seguridad que portaba distintivos de ProAgro. Se identificó con el apellido Cabanillas. Reconoció que se habían utilizado armas de fuego.
Luke
¿Reconoció ante quién? ¿Ante los periodistas o ante la policía? Porque la nota dice que se negó a identificarse cuando llegó la policía.
Mark
¿Qué pasó después? ¿Se abrió una investigación?
Mimi
La policía levantó un acta, pero los presuntos responsables no firmaron ni dieron sus nombres. No hay reportes de medidas adicionales.
Luke
Entonces no sabemos si hay investigación en curso. Solo sabemos que la policía estuvo allí y documentó lo que pasó.
Mark
¿Por qué el Instituto Prensa y Sociedad se involucró?
Mimi
Porque esto es un ataque directo a la libertad de prensa. Periodistas fueron intimidados con disparos mientras hacían su trabajo en un tema de interés público.
Luke
Eso es cierto. Pero también vale notar que el guardián del sitio arqueológico también fue amenazado. No fue solo contra los periodistas.
El Pulso
- Dos periodistas que investigaban daños por minería ilegal en una zona arqueológica protegida fueron recibidos con disparos al aire como señal de que debían marcharse.
- Un agente de seguridad de ProAgro los interceptó durante la retirada, exigió identificaciones, reconoció el uso de armas y lanzó amenazas directas contra el guardián del sitio que los acompañaba.
- La Policía Nacional acudió al lugar, pero los presuntos responsables se negaron a dar sus nombres o firmar el acta, dejando el incidente sin consecuencias formales visibles.
- El Instituto Prensa y Sociedad condenó la agresión y advirtió que el uso de la violencia como mecanismo de intimidación erosiona el ejercicio del periodismo en zonas de conflicto extractivo.
- El caso deja abierta una pregunta sin respuesta institucional: quién protege a los periodistas —y al patrimonio arqueológico— cuando los intereses empresariales operan dentro de áreas intangibles.
En las inmediaciones del cementerio de Chauchilla, dentro del entorno protegido de las Líneas de Nasca, dos periodistas del semanario Hildebrandt en sus Trece fueron expulsados a disparos mientras documentaban el avance de la minería ilegal sobre un patrimonio de la humanidad. El incidente, protagonizado por agentes de seguridad privada vinculados a la agroexportadora ProAgro, revela la fragilidad de las garantías para el periodismo de investigación cuando este se adentra en territorios donde convergen intereses empresariales, recursos naturales y herencia arqueológica. Que los presuntos responsables se negaran a identificarse ante la Policía Nacional sin consecuencias reportadas dice tanto sobre el poder en esos territorios como el propio disparo al aire.
Adrián Sarria y César Zamalloa viajaron a Nasca para documentar algo concreto: cómo la minería ilegal estaba afectando el entorno del cementerio de Chauchilla, un espacio arqueológico dentro del área protegida de las Líneas de Nasca. Trabajaban para el semanario Hildebrandt en sus Trece y los acompañaba el guardián del sitio. Lo que parecía una cobertura de interés público se interrumpió con disparos al aire, lanzados con el propósito explícito de obligarlos a abandonar el lugar.
Mientras se retiraban, un agente de seguridad con distintivos de ProAgro —la agroexportadora que opera un fundo en la zona— los interceptó. El agente, identificado como Cabanillas, sostuvo que habían ingresado a propiedad privada, reconoció que se habían usado armas de fuego y amenazó directamente al guardián que acompañaba al equipo periodístico.
La respuesta del Estado fue escasa. La Policía Nacional elaboró un acta, pero los presuntos responsables se negaron a identificarse y no la firmaron. No se reportaron medidas adicionales. El Instituto Prensa y Sociedad condenó la agresión y subrayó que intimidar con disparos a periodistas que cubren temas de alto interés público —como el impacto del extractivismo sobre el patrimonio arqueológico— afecta las condiciones mínimas para ejercer el oficio.
El incidente condensa una tensión que no es nueva en Perú: la investigación periodística sobre actividades extractivas en zonas protegidas choca con intereses empresariales que operan en esos territorios con escasa rendición de cuentas. Cuando quienes disparan no se identifican y la autoridad no actúa, la pregunta sobre quién ejerce el poder real en esos espacios queda sin respuesta.
Adrián Sarria y César Zamalloa llegaron a Nasca con una tarea clara: documentar los daños que la minería ilegal estaba causando en una zona protegida cerca del cementerio de Chauchilla, un espacio arqueológico situado dentro del entorno de las Líneas de Nasca. El periodista y el fotógrafo, ambos del semanario Hildebrandt en sus Trece, trabajaban en lo que parecía ser una investigación rutinaria sobre un asunto de interés público: cómo la extracción de recursos estaba afectando un patrimonio cultural de importancia mundial.
Mientras documentaban las afectaciones en el sector, acompañados por el guardián del sitio arqueológico, escucharon disparos. Los tiros fueron lanzados al aire, según la denuncia que presentaron después, con el propósito explícito de intimidarlos y obligarlos a abandonar el lugar. Sarria y Zamalloa iniciaron el retiro junto con el guardián, pero durante ese desplazamiento fueron interceptados por un agente de seguridad que portaba distintivos de ProAgro, la agroexportadora que opera un fundo en el área. El agente, identificado con el apellido Cabanillas, encaró al grupo, les exigió que se identificaran y sostuvo que habían ingresado a una propiedad privada. Reconoció que se habían utilizado armas de fuego y lanzó amenazas contra el guardián que acompañaba a los periodistas.
La zona donde ocurrió el incidente no es un terreno vacío ni una disputa abstracta. Las Líneas de Nasca son geoglifos antiguos que cubren cientos de kilómetros cuadrados en el desierto peruano, protegidos como patrimonio de la humanidad. La investigación de Hildebrandt en sus Trece se centraba en cómo la minería ilegal y otras actividades extractivas estaban comprometiendo este entorno. El semanario había publicado antecedentes sobre las preocupaciones por la expansión de la actividad minera en sectores cercanos a los geoglifos y sus posibles efectos sobre el paisaje arqueológico. En este contexto, la presencia de periodistas documentando daños en una zona que forma parte del área intangible de las Líneas de Nasca representaba una amenaza para quienes operaban en el territorio.
La respuesta institucional fue limitada. Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar tras el incidente para elaborar un acta sobre lo ocurrido. Sin embargo, los presuntos responsables de los disparos se negaron a proporcionar sus nombres y tampoco firmaron el documento policial. Hasta la información disponible, no se reportaron medidas adicionales de las autoridades frente a los agentes de seguridad que estuvieron presentes.
El Instituto Prensa y Sociedad condenó la agresión de inmediato, calificándola como una violencia directa contra profesionales que investigaban un tema de alto interés público. La organización remarcó que las amenazas y el uso de disparos como mecanismo de intimidación afectan el ejercicio del periodismo. Señaló también que la cobertura de actividades que pueden comprometer patrimonio arqueológico, recursos naturales o intereses empresariales exige garantías para los periodistas y para las personas que aportan información desde el territorio. En este caso, el guardián del sitio arqueológico también fue objeto de amenazas durante la intervención del agente privado.
El incidente expone una tensión profunda en Perú: la investigación periodística sobre extractivismo y la protección de patrimonio arqueológico chocan con los intereses de empresas que operan en zonas protegidas. Cuando los periodistas son expulsados a balazos y los responsables no se identifican ante la policía, la pregunta sobre quién protege a quién en estos territorios queda sin respuesta clara.
Citas Notables
El Instituto Prensa y Sociedad calificó el hecho como una agresión violenta contra profesionales de prensa que investigaban un tema de alto interés público— Instituto Prensa y Sociedad
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