Adamuz: diez meses después, las pruebas del descarrilamiento siguen bajo llave y sin analizar

En una sala del Ministerio de Transportes, en el número 67 de la calle Castellana, hay cuatro fragmentos de raíl apoyados sobre unos palés. La cerradura se cambió para que nadie ajeno a la investigación pudiera entrar, y una sola persona de la autoridad de investigación técnica de accidentes (AITAT) guarda la llave. Allí llegaron en enero, en un furgón y con fuertes medidas de seguridad, los restos del descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), y allí siguen diez meses después, sin haber pasado por un laboratorio.

El 18 de enero, un tren Iryo que circulaba en sentido Madrid por la línea Madrid-Sevilla descarriló en el kilómetro 318,681 e invadió la vía contraria. Un Alvia de Renfe que venía en dirección opuesta lo golpeó de inmediato. Murieron 46 personas. Quienes participaron en la recogida de pruebas, que la CIAF y la Guardia Civil dieron por concluida el 22 de enero, recuerdan el lugar como si hubiera habido una explosión.

La pregunta que esos fragmentos deben responder es concreta: si falló el propio carril por un defecto de fabricación de ArcelorMittal, o si la rotura nació en la soldadura realizada por la empresa Maquisaba, que unía una pieza fabricada en 2023 con otra instalada en 1989. Una fuente al tanto de la investigación asegura que en la sala se ve la soldadura y describe una rotura del alma del carril, su parte central y más delgada, que considera rara. Añade que el análisis es complicado porque falta un modelo teórico que explique el comportamiento de los elementos implicados.

Hasta ahora, ni la AITAT ni la CIAF, su antecesora, han podido explicar con certeza cómo se comportó el carril; solo han ofrecido una aproximación a partir de las marcas en la rodadura del Iryo. La AITAT da por hecho que la rotura se produjo 22 horas antes, sin que la detectara el circuito de vía, que habría registrado una caída brusca y sostenida de tensión si la fractura hubiera sido abierta. Por ese punto pasaron 47 trenes antes del siniestro. La fuente confía en el análisis metalográfico y usa un símil: es como el traumatólogo ante la radiografía de un hueso, que ve con claridad una rotura que otros no aprecian.

El traslado sigue pendiente de múltiples partes: las ingenierías Ineco y Ayesa, Adif, Iryo, Renfe, Maquisaba, las constructoras del tramo (Ferrovial, FCC, OHLA y Azvi) y las víctimas. La CIAF, integrada en julio en la AITAT, propuso dos laboratorios: el privado de la asociación empresarial gallega Aimen, en O Porriño (Pontevedra), y uno público en Madrid, dependiente del CENIM. Los peritos judiciales estudian esa recomendación, pero aún no hay orden de traslado del juzgado de Montoro, donde instruye la jueza Cristina Pastor. Primero vendrían ensayos visuales y no destructivos, y al final pruebas que pueden afectar a la integridad de las piezas.

Junto a los raíles se guardan las cajas negras del Iryo y del Alvia. Su contenido se volcó el 9 de marzo por orden judicial, con miembros de la CIAF, la Guardia Civil y técnicos de Iryo, Hitachi, Actren, Renfe Viajeros, Leonardo y Hasler Rail. Así se conocieron las acciones de los maquinistas y el comportamiento de los trenes. Aún se discute dónde se inspeccionarán los bogies del Iryo, almacenado en la estación de Villanueva de Córdoba.

Hay además otro lote. La noche del 23 de enero, técnicos de Adif entraron en la zona cero y recogieron por su cuenta otros tramos de carril, situados entre 127 y 380 metros del punto del descarrilamiento, y los llevaron a su base de Hornachuelos. Adif hizo pruebas no destructivas sobre soldaduras y acero, lo que le valió un toque de atención de la jueza y que la Guardia Civil precintara las piezas. Según fuentes judiciales, se desconoce si ese material servirá como prueba.

Un abogado de la causa afirma que la investigación está prácticamente parada: el juzgado está inundado de acusaciones particulares y los análisis periciales tardaron en arrancar. La Asociación de Víctimas por el Descarrilamiento de Adamuz (AVDA) ha pedido a las principales fuerzas un pacto de Estado que garantice fondos de mantenimiento y tribunales especializados con recursos. Ha dado plazo hasta este miércoles para que al menos PSOE y PP firmen el documento, entregado al vicepresidente Carlos Cuerpo y a Alberto Núñez Feijóo. El martes, el funeral de Estado por las 69 víctimas del accidente del 28 de octubre en Urda (Toledo) recuerda lo que pueden esperar esas familias.