En Colombia, el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que los subsidios a la electricidad bajarán de 6 a 1,4 billones de pesos en 2027, en un momento en que el sector arrastra deudas por 7,9 billones. Es la vieja tensión entre el derecho de los hogares humildes a una energía asequible y las cuentas de un Estado que ya no puede sostener promesas heredadas. La pregunta de fondo es quién cargará con esa diferencia: las distribuidoras, que podrían dejar de invertir, o las familias que pagarían tarifas más altas.
Abelardo reduce subsidios eléctricos de 6 a 1,4 billones y castiga el consumo en las zonas cálidas
Los hogares de menores ingresos, especialmente en la costa Caribe, podrían pagar más por la electricidad y enfrentar cobros adicionales por consumo de refrigeración.
Los consumidores terminarán pagando las consecuencias de estas decisiones
Mark
¿Qué es lo central de este anuncio?
Mimi
Que los subsidios eléctricos bajarían de 6 a 1,4 billones de pesos en 2027, mientras el sector ya debe 7,9 billones.
Mark
¿Y quién lo sufriría primero?
Mimi
Las distribuidoras, que según el autor recortarían inversión, y luego los hogares de menores ingresos, por peor servicio o tarifas más altas.
Luke
Conviene precisar que es una columna de opinión. Las consecuencias, como la crisis de las distribuidoras o los cortes, son proyecciones de Otero, no hechos ocurridos.
Mark
¿Y lo del recargo por consumo?
Mimi
La CREG fijó factores de 1,30 a 1,70 sobre el exceso de consumo y rechazó correcciones por región. Otero cree que eso golpea a la costa Caribe.
Luke
Ojo: la CREG sostiene que las metas individuales ya reflejan el clima. Que haya cobros injustos en zonas cálidas es una hipótesis del autor; el texto no muestra casos.
Mark
¿Se puede recortar el subsidio sin cambiar la ley?
Mimi
Según Otero, acabar la política exige reformar la legislación, y lo ve políticamente imposible.
Luke
Aun así, el texto no explica cómo se lograría el recorte a 1,4 billones, ni si el anuncio implica cambios legales. Eso sigue sin respuesta.
Il Polso
- El Gobierno quiere recortar los subsidios eléctricos de 6 a 1,4 billones de pesos en 2027, mientras las deudas del sector ya suman 7,9 billones.
- Las distribuidoras podrían recortar inversiones en redes, lo que amenaza con peor calidad del servicio, más cortes y alzas de tarifas.
- Una nueva regla de cobro por exceso de consumo, con factores de 1,30 a 1,70, podría golpear a hogares de la costa Caribe donde la refrigeración es constante.
- Acabar el subsidio exigiría reformar leyes que el autor considera políticamente imposibles, así que el ajuste llegaría por la vía de las cuentas y no del debate.
En Colombia, el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que los subsidios a la electricidad bajarán de 6 a 1,4 billones de pesos en 2027, en un momento en que el sector arrastra deudas por 7,9 billones. Es la vieja tensión entre el derecho de los hogares humildes a una energía asequible y las cuentas de un Estado que ya no puede sostener promesas heredadas. La pregunta de fondo es quién cargará con esa diferencia: las distribuidoras, que podrían dejar de invertir, o las familias que pagarían tarifas más altas.
El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que los subsidios a las tarifas de electricidad bajarán de 6 billones de pesos a 1,4 billones en 2027. El anuncio llega mientras el sector acumula deudas por 7,9 billones de pesos, según cifras de julio de 2026. La advertencia la hace Diego Otero, ingeniero y economista, en un artículo de opinión en Razón Pública.
El esquema de subsidios tiene respaldo legal y constitucional. Los hogares de los estratos 1, 2 y 3 reciben descuentos sobre la tarifa solo para el consumo básico, y el Estado paga la diferencia con aportes de los estratos 5 y 6. Cambiarlo implicaría reformar la ley, algo que Otero considera políticamente inviable.
Las deudas vienen de atrás. La opción tarifaria creada durante la pandemia permitió aplazar cobros que hoy siguen pendientes por cerca de 1,8 billones, y otras obligaciones con generadoras y entidades públicas agravan el cuadro. Los intentos del gobierno anterior por financiarlo fracasaron en el Congreso, y el actual enfrenta un déficit fiscal que podría superar el 6 % del PIB.
Si el recorte se cumple, Otero prevé que las distribuidoras tendrían que frenar inversiones, lo que se traduciría en peor servicio y presión para subir tarifas. Además, una nueva regla de cobro por exceso de consumo podría afectar a hogares de zonas cálidas, donde la regulación no contempla diferencias climáticas. Queda por ver cómo se ejecuta el recorte y cómo responden las familias de menores ingresos.
El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que los subsidios a las tarifas de electricidad bajarán de 6 billones de pesos a 1,4 billones en 2027. El anuncio llega cuando el sector eléctrico acumula deudas por 7,9 billones de pesos, según las cifras de julio de 2026. La advertencia viene de Diego Otero, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y doctor en economía de la Universidad de Pensilvania, en un texto de opinión publicado en Razón Pública.
El sistema de subsidios tiene base legal. La Ley de Servicios Públicos estratificó los hogares del 1 al 6 y ordenó subsidiar a los estratos 1, 2 y 3 en energía y acueducto: 60 % de la tarifa para el estrato 1, 50 % para el 2 y 15 % para el 3. El Gobierno nacional paga la diferencia entre el costo real y lo cobrado, una vez descontada la contribución adicional del 20 % que aportan los estratos 5 y 6. El subsidio solo cubre el consumo de subsistencia: los primeros 130 kilovatios-hora al mes en zonas a más de 1.000 metros de altitud y los primeros 173 en las más bajas.
Los artículos 365, 367 y 368 de la Constitución, junto con las leyes 142 y 143 de 1994, sostienen ese esquema. Por eso, dice Otero, acabarlo exigiría reformar la legislación, algo que considera políticamente imposible y capaz de provocar protestas de millones de colombianos.
A ese cuadro se suman las deudas. Durante el gobierno de Iván Duque, por la pandemia, se creó la opción tarifaria, reglamentada por la Resolución CREG 012 de 2020 y vigente hasta abril de 2022. Permitió cobrar menos que el costo real y aplazar la diferencia, que los usuarios debían pagar después. No se recuperó por completo y hoy queda una deuda estimada en cerca de 1,8 billones de pesos. Además, el Gobierno nacional tiene pendiente para 2026 un billón de pesos en subsidios, Air-e debe 3,6 billones a las generadoras por compras de energía y las entidades públicas deben 1,5 billones a las empresas del sector. Otero advierte que esto amenaza a las generadoras y podría llevar a restricciones de suministro a distribuidoras incumplidas, con riesgo de cortes.
El gobierno de Gustavo Petro intentó cubrir parte de esos compromisos con una segunda reforma tributaria y dos propuestas de financiación del presupuesto, pero el Congreso las rechazó. El actual Gobierno, según el autor, halló problemas que no había calculado bien, en parte por la falta de empalme. Su programa prometía bajar el déficit fiscal al 3 % del PIB y a la vez reducir impuestos a las empresas, dar subsidios de vivienda, ampliar la Fuerza Pública y construir siete megacárceles. El déficit de 2026 podría superar el 6 % del PIB y el presupuesto de 2027 aprobado por el Congreso estima 9,2 %. Si recurre al Fondo Monetario Internacional, podría verse obligado a un programa de austeridad.
Si el recorte se cumple, Otero prevé una grave crisis financiera en las distribuidoras, que tendrían que reducir inversiones en subtransmisión y distribución. El resultado sería peor calidad del servicio, más riesgo de interrupciones y presión para subir tarifas, cuyo costo recaería sobre los consumidores.
Otro frente es la Resolución CREG 101 120 del 30 de julio de 2026, modificada por la 101 126, que creó un programa transitorio de ahorro. Cobra un recargo a quien supere en más de 10 % su meta individual, calculada con el consumo de los doce meses previos. El factor sobre el exceso es 1,30 para los estratos 1, 2 y 3, 1,50 para los 4, 5 y 6, y 1,70 para comercios e industrias. Lo recaudado beneficia a quienes reduzcan su consumo.
La Circular 348 del 16 de septiembre de 2026 explicó que las metas son individuales y que el historial ya recoge las diferencias de clima, por lo que la CREG descartó factores de corrección regionales. Otero discrepa: en la costa Caribe, donde la ventilación y la refrigeración son permanentes, temperaturas extraordinarias podrían generar recargos incluso a familias que usan la electricidad para lo básico.
Queda por ver si el recorte de 2027 se ejecuta como se anunció y cómo responden las distribuidoras y los hogares de las zonas cálidas.
Citazioni salienti
Acabar con la política actual de subsidios exigiría modificar la legislación, algo que sería políticamente imposible y podría provocar protestas de millones de colombianos.— Diego Otero, autor de la columna en Razón Pública
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