1976: cuando la política entendió el interés general

El 18 de noviembre de 1976, unas Cortes que nadie había elegido democráticamente votaron una ley que abría la puerta a su propia desaparición. Era la Ley para la Reforma Política, y con ella el sistema heredado del régimen autoritario aceptaba ser sustituido por un Parlamento surgido del sufragio universal. Ahora, en el cincuenta aniversario, un artículo de opinión publicado en El País vuelve sobre aquel episodio para extraer de él una lección para el presente.

Menos de un mes después de la votación en Cortes, el 15 de diciembre, los españoles ratificaron la ley en referéndum. Según el texto, el respaldo alcanzó el 94%, una unanimidad que el autor considera impensable en el escenario social y político de hoy. A su juicio, aquella decisión fue uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia política reciente de España y un precedente universal de generosidad política: desde la propia legalidad de un régimen autoritario se hacía posible superarlo y dar paso a un sistema democrático.

El autor sostiene que la tentación, medio siglo después, es detenerse en los protagonistas, en su liderazgo y su habilidad política. Pero defiende que lo más valioso de su aportación fue otra cosa: la voluntad de legitimar democráticamente el poder recibido y de poner el interés general por encima del partidista. Esa disposición a anteponer el futuro común a las ventajas inmediatas, escribe, debería iluminar la actuación de la clase política actual.

El texto no presenta el proceso como un camino fácil. Reconoce contradicciones, riesgos y discrepancias, y las describe como muchas y muy profundas. Lo que, según el autor, terminó imponiéndose fue el papel del Rey junto a la convicción colectiva de que la sociedad española exigía un cambio no traumático. Esa convicción llevó a los líderes políticos a coincidir en que el país necesitaba una salida viable, capaz de dar legitimidad democrática a las instituciones y ofrecer estabilidad y convivencia. El acuerdo, subraya, no eliminó las diferencias ni los temores; permitió que la responsabilidad ante el futuro pesara más que las reservas de cada uno.

La ley, sostiene el artículo, respondió a una necesidad histórica: construir un futuro de paz y convivencia dentro de un sistema homologable al del resto de Europa. Su alcance no se limitó a hacer posibles las elecciones generales de junio de 1977. Estableció las condiciones jurídicas para que los españoles decidieran su futuro y devolvió la voz al soberano constitucional, el pueblo. No pretendía contener todas las respuestas, sino abrir un proceso para construirlas.

El autor añade una lectura sobre el valor del consenso. Ponerse de acuerdo, dice, no significa pensar lo mismo, y ese principio básico de los sistemas demoliberales está hoy, a su parecer, bajo ataque constante y de forma irresponsable por parte de muchas fuerzas políticas. Evitaba además la tentación decimonónica española de imponer soluciones constitucionales que excluyen a una parte relevante de la población, un camino que los protagonistas tenían presente, igual que el trauma de la Guerra Civil les empujó a buscar puntos de encuentro. El consenso no pedía renunciar a las convicciones propias, sino reconocer la legitimidad de las ajenas.

La conclusión es una propuesta, no una nostalgia: honrar el legado de 1976 no consiste en invocar con añoranza la concordia de entonces, sino en recuperar la ambición política y moral que la hizo posible. Para el autor, aquella generación entendió que el futuro de España importaba más que la victoria particular de cualquiera de ellos, y que la democracia exige aceptar sus límites y reconocer la legitimidad del adversario. Queda como pregunta abierta, que el texto deja al lector, si la política actual está dispuesta a esa misma exigencia.