En un momento en que la confianza pública en la ciencia médica es más frágil que nunca, dieciséis fiscales generales de Estados Unidos han recurrido a los tribunales para frenar lo que describen como el desmantelamiento unilateral de décadas de protección infantil. La demanda, presentada contra el secretario de Salud Robert F. Kennedy y la directora de los CDC, cuestiona la eliminación de siete vacunas del calendario infantil federal —decisión adoptada sin seguir los procedimientos científicos establecidos y que, según los demandantes, pone en riesgo a millones de niños. Detrás de los argument
16 fiscales generales demandan restablecer calendario de vacunas infantiles en EE. UU.
Más de un millón de muertes prevenidas en tres décadas
¿Por qué dieciséis fiscales generales decidieron actuar juntos en este momento?
Porque el cambio fue radical y repentino. Eliminaron siete vacunas de un calendario que había estado vigente durante décadas, y lo hicieron reemplazando a todos los expertos del comité sin seguir los procedimientos legales establecidos.
Pero ¿qué dice Kennedy sobre esto? ¿Ha respondido a la demanda o explicado su razonamiento?
La demanda lo describe como un activista antivacunas, pero el material no incluye su respuesta directa o su justificación oficial para los cambios.
¿Cuál es el riesgo real para los niños si este calendario se mantiene?
Los fiscales advierten que las tasas de vacunación caerán y las enfermedades prevenibles aumentarán. Citan datos de que entre 1994 y 2023 la vacunación evitó más de un millón de muertes.
Esos números son impresionantes, pero ¿son proyecciones de lo que podría pasar ahora, o son datos históricos de lo que ya ocurrió?
Son datos históricos. Lo que podría pasar es una proyección basada en esa evidencia, pero no está cuantificada en la demanda.
¿Qué sucede si el tribunal falla a favor de los fiscales?
El tribunal tendría que declarar ilegal el nuevo calendario, restaurar las recomendaciones anteriores y potencialmente anular los nombramientos del nuevo comité.
¿Y si el tribunal falla en contra? ¿Hay algún mecanismo de apelación o alternativa legal?
La demanda no especifica eso. Lo que sabemos es que esto está en manos del tribunal ahora.
El Pulso
- Los CDC publicaron en enero un nuevo calendario que suprimió vacunas contra hepatitis B, gripe, VRS y meningitis, revirtiendo décadas de práctica médica consolidada.
- En junio de 2025, los diecisiete expertos con derecho a voto del comité asesor de los CDC fueron destituidos y reemplazados por personas sin las calificaciones requeridas, según los demandantes.
- Dieciséis fiscales generales y el gobernador de Pensilvania presentaron una demanda conjunta exigiendo que el tribunal declare ilegal el nuevo calendario y restaure las recomendaciones anteriores.
- Los datos históricos son contundentes: entre 1994 y 2023, la vacunación rutinaria evitó 508 millones de casos de enfermedad y más de 1,1 millones de muertes infantiles en Estados Unidos.
- Los fiscales advierten que la confusión generada reducirá las tasas de vacunación, propagará desinformación y aumentará la incidencia de enfermedades que ya estaban bajo control.
En un momento en que la confianza pública en la ciencia médica es más frágil que nunca, dieciséis fiscales generales de Estados Unidos han recurrido a los tribunales para frenar lo que describen como el desmantelamiento unilateral de décadas de protección infantil. La demanda, presentada contra el secretario de Salud Robert F. Kennedy y la directora de los CDC, cuestiona la eliminación de siete vacunas del calendario infantil federal —decisión adoptada sin seguir los procedimientos científicos establecidos y que, según los demandantes, pone en riesgo a millones de niños. Detrás de los argumentos legales late una pregunta más antigua: ¿quién tiene la autoridad moral y científica para custodiar la salud de las generaciones futuras?
El lunes, dieciséis fiscales generales estadounidenses presentaron una demanda contra Robert F. Kennedy, secretario de Salud, y Erica Schwartz, directora de los CDC, impugnando un nuevo calendario de vacunación infantil que eliminó siete vacunas de las recomendaciones federales. Los estados demandantes —entre ellos California, Nueva York, Michigan y Colorado— piden al tribunal que declare ilegal el calendario y ordene la restauración de las recomendaciones previas.
El calendario revisado, publicado por los CDC en enero, suprimió protecciones contra la hepatitis B, la gripe, el virus respiratorio sincitial y la meningitis. La demanda también cuestiona la destitución, ocurrida en junio de 2025, de los diecisiete miembros con derecho a voto del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. Según los demandantes, estos expertos fueron reemplazados sin seguir los procedimientos establecidos por personas sin las calificaciones necesarias. El nuevo comité votó posteriormente para eliminar la recomendación de vacunar a todos los recién nacidos contra la hepatitis B, una práctica vigente desde 1991.
En su comunicado conjunto, los fiscales recuerdan que entre 1994 y 2023 la vacunación rutinaria previno aproximadamente 508 millones de casos de enfermedad, 32 millones de hospitalizaciones y más de 1,1 millones de muertes infantiles, con un ahorro económico estimado en 2,7 billones de dólares. Señalan que Kennedy es un reconocido activista antivacunas cuyas posiciones carecen de respaldo científico.
La coalición sostiene que los cambios fueron aprobados unilateralmente, ignorando la amplia evidencia que respaldaba las recomendaciones anteriores. Advierten que el nuevo calendario generará confusión, difundirá información errónea y aumentará la resistencia a la vacunación, obligando a los estados a invertir recursos para contrarrestar el daño. La demanda pide que el tribunal revoque tanto el calendario como los nombramientos realizados para el comité asesor.
Dieciséis fiscales generales estadounidenses presentaron una demanda el lunes contra Robert F. Kennedy, secretario de Salud, y Erica Schwartz, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cuestionando un nuevo calendario de vacunación infantil que eliminó siete vacunas de las recomendaciones federales.
El calendario revisado, publicado por los CDC en enero, suprimió protecciones contra la hepatitis B, la gripe, el virus respiratorio sincitial y la meningitis, entre otras. Los fiscales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Míchigan, Minesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island y Wisconsin, junto con el gobernador de Pensilvania, solicitan al tribunal que declare ilegal el nuevo calendario y ordene la restauración de las recomendaciones anteriores.
La demanda también cuestiona la destitución de los diecisiete miembros con derecho a voto del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC, ocurrida en junio de 2025. Según los demandantes, estos expertos fueron reemplazados sin seguir los procedimientos establecidos por personas que carecen de las calificaciones necesarias. El nuevo comité posteriormente votó para eliminar la recomendación de que todos los recién nacidos recibieran la vacuna contra la hepatitis B, una práctica en vigor desde 1991.
Los fiscales subrayan que Kennedy es un reconocido activista antivacunas cuyas posiciones carecen de respaldo científico. En un comunicado conjunto, presentan datos sobre el impacto histórico de la vacunación: entre 1994 y 2023, investigadores estiman que la inmunización rutinaria previno aproximadamente 508 millones de casos de enfermedad, 32 millones de hospitalizaciones y más de 1,1 millones de muertes en niños nacidos en Estados Unidos. El ahorro económico generado alcanzó 2,7 billones de dólares.
La demanda argumenta que los cambios fueron aprobados unilateralmente sin considerar la amplia evidencia científica que respalda las recomendaciones previas del ACIP y los CDC. Los demandantes advierten que el nuevo calendario perjudicará la salud pública al reducir las tasas de vacunación e incrementar la incidencia de enfermedades prevenibles. Sostienen que los cambios generarán confusión, difundirán información errónea contraria a la evidencia establecida y aumentarán la resistencia a la vacunación.
Los fiscales también afirman que los nombramientos de miembros no cualificados para el ACIP y la emisión del nuevo calendario constituyen acciones arbitrarias, caprichosas y contrarias a la ley. Advierten que los estados deberán invertir tiempo y recursos para aclarar la confusión resultante. La coalición pide al tribunal que declare ilegales tanto el nuevo calendario como los nombramientos realizados para el comité, además de revocar la decisión sobre la vacuna contra la hepatitis B.
Citas Notables
Los demandantes sostienen que los cambios generarán confusión, difundirán información errónea contraria a la evidencia científica establecida y aumentarán la resistencia a la vacunación— Fiscales generales demandantes