Los gastos operativos los pagó España; las comisiones ilegales se las quedó él.
Durante años, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría convertido el aparato del Estado español —su secretaria, sus escoltas, la red diplomática, el presupuesto ministerial— en el andamiaje silencioso de un negocio privado de influencias globales. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha documentado un patrón en el que los costes operativos los sufragaba el erario público mientras las comisiones millonarias terminaban en cuentas personales. Es la vieja tensión entre el poder que el cargo otorga y el deber que impone, llevada, según los investigadores, a su extremo más corrosivo.
- La UDEF ha identificado un mecanismo sistemático: viajes privados de Zapatero facturados al Ministerio de Presidencia mientras él cobraba comisiones ilegales de empresarios que buscaban favores ante gobiernos extranjeros.
- El caso de Bolivia cristaliza el esquema: el Estado pagó vuelos, escoltas y alojamiento de lujo en Sucre, y Zapatero habría embolsado 240.000 euros por conseguir que se anulara una multa de 94 millones al Grupo Gloria.
- La red diplomática española —embajadores en México, Austria y Venezuela— actuaba como alfombra roja que dotaba al expresidente del aura institucional necesaria para seducir a autoridades locales en nombre de intereses privados.
- La secretaria Gertrudis Alcázar, pagada con fondos públicos, aparece en el centro de la trama como coordinadora de una agenda que mezclaba lo oficial con lo lucrativo, según las comunicaciones intervenidas por la policía.
- La investigación avanza hacia una imputación por malversación de caudales públicos que se sumaría a los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales ya formulados, ampliando el perímetro penal del caso.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha destapado lo que describe como un patrón sistemático: el expresidente Zapatero habría utilizado los recursos del Estado español —secretaria, escoltas, fondos ministeriales y embajadores— para sostener una red privada de intermediación ante gobiernos extranjeros a cambio de comisiones millonarias.
El mecanismo quedó expuesto a través de las agendas y comunicaciones de Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero financiada con dinero público. Alcázar coordinaba sus viajes privados, pero los gastos de logística se cargaban al presupuesto del Ministerio de Presidencia. Los investigadores sostienen que, aunque la ley permite a los expresidentes disponer de una oficina y dos asistentes públicos, esos recursos no pueden emplearse para actividades que vulneren el Código Penal.
Un viaje a Bolivia en septiembre de 2024 ilustra el esquema con precisión. Los escoltas viajaron dos días antes en labores de avanzadilla; Zapatero despegó de Barajas el 13 de septiembre rumbo a Santa Cruz de la Sierra y luego a Sucre, donde todo el grupo se alojó en uno de los mejores hoteles de la ciudad. El regreso, el 17 de septiembre, también lo financió el Ministerio. Según la UDEF, el expresidente cobró 200.000 euros por mediar en la anulación de una multa de 94 millones que pesaba sobre el Grupo Gloria, más 10.000 euros por cada día de estancia, sumando 40.000 adicionales. España pagó la operación; él se quedó con el beneficio.
El patrón se repitió con otras empresas. La red diplomática española también fue movilizada en su favor: embajadores en México, Austria y Venezuela recibieron avisos para recibirlo y acompañarlo, prestándole el aura institucional que necesitaba para operar ante autoridades locales. Los documentos hallados en su despacho revelan además reuniones continuas con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.
La investigación abre ahora la puerta a que Zapatero sea imputado por malversación de caudales públicos, delito que se sumaría al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales que ya le imputan, ampliando considerablemente el alcance penal del caso.
La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha destapado un patrón sistemático: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría aprovechado la estructura del Estado español —su secretaria, los fondos públicos, la seguridad ministerial, la red diplomática— para desplegar una red de influencia global que le permitía cobrar comisiones millonarias de empresarios que buscaban favores ante gobiernos extranjeros.
Las agendas y comunicaciones de Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero costeada con dinero público, revelan el mecanismo. Alcázar coordinaba los viajes privados del expresidente, pero los gastos de logística, vuelos, alojamiento y seguridad se facturaban al presupuesto del Ministerio de Presidencia. Aunque la ley reconoce que los expresidentes pueden disponer de una oficina y dos asistentes financiados públicamente, los investigadores sostienen que esos recursos no pueden utilizarse para actividades que vulneren el Código Penal. El problema para Zapatero es que la documentación intervenida sitúa a su secretaria en el epicentro de una trama donde los gastos operativos corrían a cargo del erario mientras las comisiones ilegales terminaban en sus cuentas personales.
Un caso concreto ilustra el esquema. En septiembre de 2024, Zapatero viajó a Bolivia. Dos días antes, sus escoltas hicieron el mismo recorrido en labores de avanzadilla. El expresidente despegó de Barajas el 13 de septiembre a las 23:35 en el vuelo UX-25 de Air Europa hacia Santa Cruz de la Sierra, y luego se trasladó a Sucre. Todo el grupo se alojó en el Parador de Santa María La Real de Sucre, uno de los mejores hoteles de la ciudad. El Ministerio de Presidencia también financió el regreso el 17 de septiembre. Según la UDEF, Zapatero cobró 200.000 euros por mediar en la anulación de una multa de 94 millones de euros que pesaba sobre el conglomerado empresarial peruano Grupo Gloria. Pero la ganancia fue mayor: exigió a Grupo Gloria otros 10.000 euros por cada día que estuvo de viaje, lo que sumó 40.000 euros adicionales. Los gastos de operación los pagó España; las comisiones ilegales se las quedó él.
Este patrón se repitió con otras compañías que contrataban los servicios de intermediación de Zapatero. El expresidente también movilizó la red diplomática española en su beneficio. En mayo de 2025, el embajador en México, Juan Duarte Cuadrado, fue avisado de que recibiría a Zapatero. En octubre de 2025, la embajadora en Austria, María Aurora Mejía, se acercó al aeropuerto de Viena para saludarlo y acompañarlo al hotel. El 20 de mayo estaba previsto que el embajador en Caracas, Álvaro Enrique Albacete, hiciera lo mismo cuando Zapatero llegara a Venezuela vía República Dominicana. Pero esa mañana, minutos antes de las ocho, dos agentes lo sacaron de la cama para entregarle el auto de imputación por el caso Plus Ultra.
La red exterior de España era clave en la agenda de influencia del expresidente. Además de prestarle apoyo logístico y de seguridad, también lo revestía del aura de poder que necesitaba para seducir a las autoridades locales. Los documentos hallados en su despacho muestran que mantenía continuas reuniones con el máximo responsable de esa estructura, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La investigación abre ahora la puerta a que Zapatero sea imputado por malversación de caudales públicos en concurso con los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que ya le imputan.
Notable Quotes
El Ministerio de Presidencia sabía que el viaje de Zapatero tenía carácter privado, pero todos sus gastos de logística y seguridad se sufragaron igualmente con dinero público.— Investigación de la UDEF
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Cómo es posible que un expresidente use recursos públicos para negocios privados sin que nadie lo detecte?
Porque la estructura estatal que lo rodea —la secretaria, la seguridad, los viajes— está diseñada para que funcione. El truco es separar los gastos operativos de las comisiones. El Estado paga lo que se ve; las ganancias ilegales desaparecen en cuentas privadas.
Pero alguien tenía que autorizar esos viajes, ¿no?
Sí, y eso es lo grave. El Ministerio de Presidencia sabía que los viajes de Zapatero eran privados, pero los financiaba igual. La secretaria coordinaba todo. Era un sistema.
¿Y la red diplomática? ¿Los embajadores no sabían lo que estaba pasando?
Los embajadores lo recibían, lo acompañaban, le daban cobertura. Eso le permitía llegar a los gobiernos locales con el peso de España detrás. Era parte del valor que vendía.
¿Cuánto dinero estamos hablando?
En un solo viaje a Bolivia, 240.000 euros en comisiones, más los gastos públicos de operación. Y esto se repitió con múltiples empresas y países. El patrón es lo preocupante.
¿Qué cambia ahora que se ha destapado?
Que la malversación de fondos públicos es un delito más grave que el tráfico de influencias. Abre una puerta completamente nueva a la investigación.