Una gran empresa paga lo mismo que un conjunto residencial por un servicio similar
Después de más de dos décadas sin una revisión profunda, el Ministerio de Defensa de Colombia propone reconfigurar las tarifas de vigilancia privada, reconociendo que el precio uniforme ha ignorado las diferencias reales entre quienes contratan estos servicios. La medida busca aliviar la carga de hogares humildes, colegios y microempresas, mientras protege los ingresos de 360.000 trabajadores del sector en un momento en que el país transita hacia una nueva arquitectura laboral. En el fondo, es una pregunta sobre justicia distributiva: ¿debe costar lo mismo proteger un conjunto residencial de estrato dos que una gran corporación?
- Un servicio de vigilancia 24 horas cuesta hoy más de 17 millones de pesos mensuales, una cifra que empuja a hogares y pequeños negocios hacia prestadores informales sin regulación ni experiencia.
- El factor salarial que determina la tarifa mínima estaba programado para seguir subiendo en 2026, agravando la presión sobre los clientes más vulnerables justo cuando entra en vigor la reducción de jornada laboral.
- El decreto propone bajar ese factor de 9,77 a 8,69 veces el salario mínimo y crear un componente de costos operativos diferenciado que reduciría significativamente la carga para hogares de estratos 1 a 3, colegios, microempresas y municipios pequeños.
- Para los sectores más vulnerables se eliminaría además el porcentaje de administración del 8% en servicios sin armas, aunque las partes podrían acordarlo voluntariamente.
- El Gobierno enmarca la reforma como una forma de formalizar el sector y garantizar salarios dignos a sus 360.000 trabajadores, pero el decreto aún debe superar los trámites de aprobación antes de convertirse en realidad.
El Ministerio de Defensa presentó esta semana un proyecto de decreto para transformar la estructura de precios de la vigilancia privada en Colombia, un sector que no había revisado sus tarifas de fondo en más de veinte años. Hoy, un servicio básico de vigilancia las 24 horas supera los 17 millones de pesos mensuales, una cifra que el Gobierno considera excesiva y, sobre todo, injustamente uniforme: grandes empresas y conjuntos residenciales de estrato bajo pagan tarifas similares pese a tener capacidades financieras radicalmente distintas.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada identificó esa inequidad tras meses de análisis de costos. Su titular, Larry Álvarez, señaló que la desconexión entre tarifa y realidad económica del cliente había persistido demasiado tiempo. El mecanismo vigente fija la tarifa mínima en 9,77 veces el salario mínimo, con incrementos adicionales previstos para julio de 2026 asociados a la reforma laboral y la reducción de jornada.
El decreto propone bajar ese factor a 8,69 veces el salario mínimo, con ajustes posteriores más moderados. La innovación central es la creación de un componente de costos operativos diferenciado: mientras la tarifa general mantendría un valor estándar, los hogares de estratos 1 a 3, colegios, microempresas y entidades públicas de municipios pequeños accederían a un costo operativo significativamente menor. Para esos mismos sectores vulnerables, se eliminaría además el porcentaje de administración del 8% en servicios sin armas, aunque las partes podrían acordarlo voluntariamente.
Detrás de los números hay una apuesta más amplia: frenar la informalidad en un sector donde los altos costos empujan a muchos clientes hacia prestadores no autorizados, y garantizar al mismo tiempo salarios justos a los más de 360.000 trabajadores que sostienen la industria. El decreto aún debe recorrer los trámites de aprobación, pero representa un punto de inflexión en cómo Colombia valora y cobra uno de sus servicios más esenciales.
El Ministerio de Defensa presentó esta semana un proyecto de decreto que busca reconfigurar por completo la estructura de precios para los servicios de vigilancia privada en Colombia, una industria que no había experimentado una revisión fundamental de sus tarifas en más de dos décadas. Hoy, un servicio básico de vigilancia las 24 horas ronda los 17,1 millones de pesos mensuales, una cifra que el Gobierno considera excesiva y poco diferenciada según el tipo de cliente que la contrata.
La propuesta surge de meses de análisis de costos realizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que identificó una inequidad fundamental en el sistema actual: grandes empresas pagan tarifas similares a las de conjuntos residenciales por servicios equivalentes, a pesar de que sus realidades operativas y capacidades financieras son radicalmente distintas. Larry Álvarez, superintendente del sector, explicó a El Espectador que esta desconexión entre tarifa y realidad económica del cliente había persistido demasiado tiempo sin corrección.
El mecanismo actual fija la tarifa mínima en un factor de 9,77 veces el salario mínimo, lo que equivale a 17.106.341,85 pesos mensuales en el primer semestre de 2026, sin incluir aún el seguro de vida obligatorio ni los gastos administrativos. Ese factor estaba programado para aumentar dos veces más durante 2026: a 9,85 en julio y a 10,21 desde mediados de julio hasta fin de año. Estos incrementos responden a los nuevos costos laborales derivados de la reforma laboral del gobierno Petro y la reducción de jornada laboral prevista para julio de 2026.
El proyecto de decreto propone reducir ese factor salarial a 8,69 veces el salario mínimo para todos los servicios, con incrementos posteriores más moderados: 8,76 desde el 1 de julio, 8,79 desde el 15 de julio, y 8,86 a partir del 1 de julio de 2027. Pero la verdadera innovación está en la estructura diferencial. El decreto separaría los costos operativos en un componente independiente llamado COIS, expresado en Unidades de Valor Básico. Para la tarifa general, ese COIS sería de 156,150 UVB, pero para los sectores que recibirían beneficios especiales —hogares, colegios, microempresas y entidades públicas de municipios pequeños— se reduciría significativamente a 41,929 UVB.
Para los hogares de estratos 1, 2 y 3, el proyecto va más allá: eliminaría el porcentaje de administración y supervisión que actualmente representa el 8 por ciento de la facturación en servicios sin armas, aunque aclara que las partes podrían acordarlo voluntariamente si lo desean. El documento no especifica el valor del seguro de vida obligatorio, que forma parte de la tarifa final que el cliente termina pagando.
La Superintendencia argumenta que la medida garantizará salarios justos a más de 360.000 trabajadores del sector, un número que subraya la magnitud de la industria de seguridad privada en el país. Para Álvarez, el objetivo trasciende lo meramente tarifario: busca frenar la informalidad en un sector donde muchos clientes, presionados por costos altos, migran hacia prestadores no autorizados que carecen del conocimiento y la experiencia necesaria para ofrecer un servicio especializado y crítico como la seguridad.
La propuesta representa un equilibrio deliberado entre aliviar la carga financiera de hogares y pequeños negocios, mantener la viabilidad económica de las empresas de vigilancia, y asegurar que los trabajadores del sector no vean erosionados sus ingresos durante la transición hacia la nueva estructura laboral que el país está implementando. El decreto aún debe pasar por los trámites de aprobación correspondientes, pero marca un punto de inflexión en cómo se valoran y se cobran estos servicios esenciales.
Citas Notables
Hoy puede estar pagando lo mismo una gran empresa que un conjunto residencial por un servicio similar, y claramente las realidades no son las mismas— Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
Buscamos que los distintos sectores encuentren un alivio financiero al contratar seguridad privada, y no migren a prestadores no autorizados— Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el Gobierno decidió revisar estas tarifas precisamente ahora, después de más de 20 años?
La reforma laboral y la reducción de jornada que entra en julio de 2026 obligaron a recalcular todo. Pero mientras revisaban los costos, descubrieron que la estructura completa estaba desalineada con la realidad de quién la pagaba.
¿Qué tan significativa es la reducción de 9,77 a 8,69 en el factor salarial?
En términos mensuales, hablamos de una baja de aproximadamente 2,3 millones de pesos para un servicio residencial básico. No es trivial para un conjunto de viviendas o una pequeña empresa.
Pero ¿cómo se garantiza que los vigilantes no pierdan dinero con esta reducción?
Ese es el equilibrio delicado. Los incrementos programados para 2027 en adelante están diseñados para recuperar poder adquisitivo conforme avanzan los ajustes laborales. Además, la reducción de jornada significa que se necesitan más vigilantes para cubrir las mismas horas.
¿Qué pasa con la informalidad? ¿Realmente una tarifa más baja la frena?
La lógica es que si el servicio formal es más asequible, menos clientes se ven forzados a contratar vigilancia clandestina. Pero eso depende de que la reducción sea lo suficientemente significativa como para cambiar decisiones.
¿Y los hogares de estratos altos? ¿Ellos qué pagan?
Siguen en la tarifa general, sin el beneficio de la eliminación del 8 por ciento administrativo. La propuesta es progresiva: quien más puede pagar, paga más.