En el corazón de la democracia estadounidense, la línea que separaba el poder ejecutivo de la justicia federal —trazada con sangre institucional tras el escándalo Watergate— ha sido borrada con deliberada paciencia. Donald Trump ha nombrado a su exabogado personal Todd Blanche como fiscal general, culminando una estrategia de 567 días en la que decenas de jueces y fiscales leales han ocupado posiciones clave. Lo que está en juego no es solo un nombramiento, sino la naturaleza misma de la justicia como institución independiente del poder político.
Trump refuerza su control sobre la justicia estadounidense con nombramientos leales
La estrategia de represalias políticas afecta a múltiples individuos investigados y acusados, incluyendo legisladores demócratas y funcionarios de administraciones anteriores sometidos a persecución judicial.