En el horizonte de las elecciones intermedias de 2026, el presidente Donald Trump se negó a descartar el uso de poderes de emergencia nacional para intervenir en las reglas electorales, un terreno que históricamente ha pertenecido a los estados. La respuesta ambigua —'cosas más extrañas han sucedido'— no constituye un anuncio formal, pero abre una pregunta constitucional de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el brazo ejecutivo en la arquitectura del voto? Cuando los caminos legislativos se estrechan, la tentación de los atajos del poder rara vez desaparece sola.