A finales de julio, Washington extendió su arquitectura arancelaria a sesenta naciones, gravando sus exportaciones entre un diez y un doce y medio por ciento bajo el argumento de combatir el trabajo forzado en las cadenas globales de suministro. La medida, que alcanza a Venezuela, Brasil, Argentina y docenas de otros países, es leída por sus destinatarios no como un gesto de justicia laboral, sino como proteccionismo revestido de lenguaje humanitario. En la historia larga del comercio internacional, este episodio recuerda que las tarifas rara vez son solo económicas: son también declaraciones