Trump emite licencia para controlar el petróleo venezolano y bloquear ventas a Rusia, Irán y China

Cada barril se convierte en un expediente administrativo
Bajo la nueva licencia, todas las exportaciones petroleras deben ser reportadas con detalle al Tesoro estadounidense.

Menos de un mes después de la captura de Nicolás Maduro, Washington ha emitido una licencia que permite operaciones petroleras en Venezuela, pero convierte cada barril en un expediente bajo tutela del Tesoro estadounidense. No es una liberalización del mercado, sino una forma de soberanía delegada: el crudo venezolano circulará, pero los contratos, los pagos y las disputas quedarán sujetos a jurisdicción norteamericana. En el tablero geopolítico, esta medida bloquea a Rusia, Irán y China del negocio venezolano mientras Washington intenta atraer cien mil millones de dólares en inversión hacia una industria que los propios ejecutivos de ExxonMobil siguen considerando 'ininvertible'.

  • La captura de Maduro el 3 de enero abrió un vacío de poder que Washington se apresura a llenar con instrumentos económicos antes de que otros actores lo hagan.
  • La licencia no libera el mercado venezolano: congela los ingresos en cuentas controladas por el Tesoro, convirtiendo el comercio en una palanca de presión sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
  • Rusia, Irán, China, Cuba y Corea del Norte quedan explícitamente excluidos, trazando una frontera geopolítica tan nítida como cualquier sanción directa.
  • Trump busca atraer inversiones masivas, pero ExxonMobil advierte que Venezuela sigue siendo 'ininvertible' por la falta de seguridad jurídica y el historial de expropiaciones.
  • Repsol emerge como la excepción dispuesta a apostar, mientras el resto de la industria observa si Washington puede transformar control político en garantía jurídica real.

Menos de un mes después de que Nicolás Maduro fuera capturado en una operación estadounidense, la administración Trump emitió una licencia que reabre las operaciones petroleras en Venezuela bajo una condición central: cada transacción permanecerá bajo vigilancia del Departamento del Tesoro. No es una reapertura ordinaria del mercado. Es un comercio vigilado donde los contratos se rigen por ley estadounidense y las disputas se resuelven en tribunales norteamericanos.

El mecanismo de control más revelador está en el dinero. Los pagos no llegarán a personas sancionadas ni a estructuras del antiguo régimen chavista, sino a cuentas controladas por Washington, disponibles solo bajo autorización expresa. Esto convierte los ingresos petroleros en un instrumento de presión sobre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, quien heredó el poder tras la caída de Maduro.

La licencia también dibuja fronteras geopolíticas precisas: prohíbe cualquier operación vinculada con Rusia, Irán, China, Cuba o Corea del Norte, y veta pagos en oro o criptomonedas. Cada exportación a terceros países debe reportarse con detalle, transformando cada barril en un expediente administrativo.

Semanas antes, Trump había pedido a grandes ejecutivos petroleros inversiones de hasta cien mil millones de dólares para relanzar la industria venezolana. La respuesta fue fría: el consejero delegado de ExxonMobil calificó Venezuela de 'ininvertible' por la falta de seguridad jurídica y el historial de expropiaciones. Solo Repsol manifestó interés real en ampliar su presencia. Lo que esta licencia revela, en definitiva, es una visión del petróleo no como oportunidad de mercado, sino como herramienta de subordinación controlada.

Menos de un mes después de que Nicolás Maduro fuera capturado en una operación estadounidense el 3 de enero, la administración Trump ha emitido una licencia que abre la puerta a operaciones petroleras en Venezuela, pero con una particularidad: cada transacción, cada barril, cada dólar permanecerá bajo vigilancia del Departamento del Tesoro estadounidense. No es una reapertura del mercado venezolano tal como existía antes. Es algo más controlado, más extractivo, más pensado como instrumento de poder.

La licencia permite que empresas estadounidenses vuelvan a operar en territorio venezolano para exportar, transportar, refinar y comercializar crudo. Pero hay condiciones que transforman la naturaleza del negocio. Los contratos deben regirse por ley estadounidense. Las disputas se resuelven en tribunales estadounidenses. Es como si Washington hubiera decidido que el petróleo venezolano, aunque extraído del suelo de Venezuela, operara bajo jurisdicción norteamericana desde el primer momento.

El verdadero mecanismo de control está en el dinero. Los pagos no irán directamente a personas sancionadas ni a estructuras del antiguo régimen chavista. En cambio, fluirán hacia cuentas controladas por el Tesoro estadounidense. Esto significa que aunque el comercio se reanude, los ingresos permanecen congelados, disponibles solo bajo autorización de Washington. Es una reapertura sin confianza, un comercio vigilado, una forma de mantener presión sobre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, quien heredó el poder tras la caída de Maduro.

La licencia también traza límites geopolíticos precisos. Prohíbe cualquier operación vinculada con Rusia, Irán, China, Cuba o Corea del Norte. No se aceptan pagos en oro ni en criptomonedas. Las transacciones con buques bloqueados quedan vetadas. Si el petróleo se exporta a terceros países, las empresas deben reportar cada operación con detalle, creando un sistema donde cada barril se convierte en un expediente administrativo.

Trump ya había esbozado esta estrategia semanas atrás en una reunión con grandes ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, donde llegó a solicitar inversiones de hasta cien mil millones de dólares para relanzar la industria venezolana. Pero la respuesta fue tibia. El consejero delegado de ExxonMobil fue directo: Venezuela sigue siendo «ininvertible» hoy, dijo, por la falta de seguridad jurídica y el historial de expropiaciones que ha marcado la relación entre empresas petroleras y gobiernos venezolanos. Repsol, en cambio, sí manifestó interés en ampliar sus operaciones en el país.

Lo que emerge de esta licencia es una visión clara del petróleo como herramienta de estabilización y presión. Trump quiere que el crudo vuelva a circular, que la economía venezolana respire, pero bajo un control tan ajustado que cada transacción refuerza la dependencia de Washington. No es una apertura hacia la soberanía venezolana. Es una apertura hacia la subordinación controlada.

Venezuela sigue siendo hoy ininvertible, por la ausencia de seguridad jurídica y el historial de expropiaciones
— Consejero delegado de ExxonMobil
Repsol expresó interés en ampliar operaciones en Venezuela
— Posición de Repsol ante la nueva licencia
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Inventor

¿Por qué Trump no simplemente levanta todas las sanciones si quiere que fluya el petróleo?

Model

Porque el petróleo es más valioso como herramienta que como mercancía libre. Si levanta las sanciones, pierde el control sobre quién se beneficia y hacia dónde va el dinero.

Inventor

Pero entonces, ¿quién invierte realmente en Venezuela con estas condiciones?

Model

Esa es la pregunta que los ejecutivos petroleros ya se están haciendo. ExxonMobil dijo que no. Repsol dijo que quizá. El riesgo sigue siendo muy alto, licencia o no.

Inventor

¿Y el gobierno interino de Delcy Rodríguez? ¿Tiene poder real o es un títere?

Model

Tiene el título, pero no el dinero. Los ingresos petroleros están en manos del Tesoro estadounidense. Eso define quién manda realmente.

Inventor

¿Esto beneficia a Venezuela o solo a Estados Unidos?

Model

Ambos, pero de formas muy diferentes. Venezuela recupera algo de actividad económica. Estados Unidos asegura que el petróleo no vaya a sus rivales geopolíticos y mantiene una palanca sobre el gobierno local.

Inventor

¿Qué pasa si Repsol invierte y luego Trump cambia de opinión?

Model

Ese es el riesgo que Repsol está calculando. La seguridad jurídica que ExxonMobil exige simplemente no existe en este escenario.

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