En el umbral de una prisión construida para albergar a quienes alguna vez gobernaron una nación, Ollanta Humala recuperó su libertad después de dieciséis meses de encierro. El Tribunal Constitucional del Perú anuló su condena de quince años por lavado de dinero, determinando que los hechos imputados no constituían delito en el momento en que ocurrieron y que la acusación carecía del sustento probatorio necesario. Su liberación no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia más amplia que interroga los límites entre la justicia penal y la persecución política en un país donde el poder y el
Tribunal Constitucional anula condena de Humala y lo libera tras 15 meses de cárcel
Humala fue separado de su familia durante su encarcelamiento; su esposa se asiló en Brasil y sus hijos fueron sacados del país.