Alertas internacionales que nadie verificó, protocolos que nadie aplicó
En el cruce entre la seguridad fronteriza y la justicia tardía, Argentina confirmó en 2026 la condena de un ciudadano iraní que en 2019 cruzó el aeropuerto de Ezeiza con una identidad robada, ignorando alertas internacionales que ya existían. La Corte Suprema de Justicia cerró años de apelaciones al rechazar el último recurso de la defensa, dejando firme una pena de cuatro años y medio. El caso no habla solo de un hombre y un pasaporte adulterado: habla de los silencios institucionales que permiten que redes internacionales operen en los márgenes de sistemas diseñados, en teoría, para detenerlas.
- Una alerta naranja de Interpol llegó a tiempo al sistema migratorio argentino, pero los funcionarios de Ezeiza sellaron los pasaportes de todas formas y dejaron pasar a los viajeros.
- Lo que parecía un caso aislado de documentación falsa reveló vínculos con una red internacional que operaba en al menos siete países, incluyendo España, Turquía e Irán.
- La condena inicial de tres años en suspenso y la liberación inmediata de los acusados encendió la indignación de la fiscalía, que señaló la contradicción de liberar a personas sin arraigo y con probada capacidad para falsificar documentos.
- La Cámara de Casación revirtió esa decisión y elevó la pena, reconociendo la pertenencia del iraní a una asociación ilícita con posibles vínculos al tráfico de personas y al terrorismo.
- Tras siete años de recursos judiciales, la Corte Suprema cerró el caso y la Policía de la Ciudad detuvo a Naserani en el barrio de Flores para que cumpliera su condena.
En marzo de 2019, Sajjad Samiei Naserani y su pareja llegaron a Ezeiza desde Madrid con pasaportes israelíes que habían sido robados dos meses antes y alterados con sus fotografías. Naserani viajaba bajo el nombre de Netanel Toledano; ella, como Rivka Toledano. El sistema migratorio recibió una alerta naranja de Interpol sobre esos documentos, pero los funcionarios los sellaron de todas formas, luego de hacer firmar a los viajeros un formulario que reconocía la advertencia. Tres días después, la Policía Federal los encontró en un hotel del barrio de Once.
La investigación a cargo del juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello reveló que ambos tenían vínculos con una banda internacional dedicada a robar, adulterar y vender documentos de identidad, con operaciones en España, Portugal, Inglaterra, Grecia, Turquía e Irán. Argentina contaba desde 2017 con un protocolo específico para detectar documentos israelíes fraudulentos, pero ese protocolo no fue aplicado.
En diciembre de 2020, el Tribunal Oral Federal los condenó a tres años en suspenso y los liberó de inmediato, absolviéndolos del cargo de asociación ilícita. La fiscal Gabriela Baigún expresó su indignación públicamente: nunca había visto liberar a condenados sin residencia en el país y con capacidad demostrada para obtener documentos falsos en horas. Un año después, la Cámara de Casación revocó esa decisión: los camaristas Mahiques y Yacobucci determinaron que Naserani integraba una asociación ilícita internacional con posibles vínculos al tráfico de personas y al terrorismo, y le impusieron cuatro años y medio de prisión.
Naserani agotó todas las instancias. En junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia rechazó su último recurso con los votos de Rosatti, Rosenkranz y Lorenzetti, dejando la condena firme. Poco después, la Policía de la Ciudad lo detuvo en el barrio de Flores. El caso cierra con una sentencia, pero deja abierta una pregunta más incómoda: cómo una red internacional de falsificadores logró operar durante años mientras las alertas llegaban y los protocolos existían, sin que nadie actuara a tiempo.
En marzo de 2019, dos ciudadanos iraníes llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo procedente de Madrid. Sajjad Samiei Naserani y su pareja, la arquitecta Manzoreh Sabzali, presentaron en los trámites migratorios unos pasaportes que parecían en orden. Lo que los funcionarios no detectaron —o no quisieron ver— era que esos documentos habían sido robados en Israel apenas dos meses antes y luego alterados con sus fotografías pegadas sobre datos de identidad que pertenecían a ciudadanos israelíes distintos. Naserani usaba el nombre de Netanel Toledano. Sabzali viajaba bajo la identidad de Rivka Toledano. El sistema de Migraciones recibió una alerta naranja de Interpol sobre esos pasaportes, pero aun así los funcionarios los devolvieron sellados, después de hacer que los viajeros firmaran un formulario que reconocía la advertencia. Tres días después, detectives de la Policía Federal los encontraron registrados en el Hotel Arc Abasto, en el barrio de Once.
Lo que comenzó como un caso de documentación falsa se convirtió en algo más grave. Durante la investigación, que llevaron adelante el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello, emergió la imagen de una red internacional. Naserani y Sabzali tenían vínculos con una banda dedicada a robar documentos de identificación personal, alterarlos y venderlos. La organización tenía operaciones en España, Portugal, Inglaterra, Grecia, Turquía e Irán. El sistema migratorio argentino, que contaba con un protocolo desde 2017 específicamente para casos de documentos israelíes fraudulentos, había fallado en su tarea más básica: verificar la información que ya poseía.
En diciembre de 2020, el Tribunal Oral Federal número 6 condenó a ambos a tres años de prisión en suspenso por uso de documento público falso, pero los absolvió de asociación ilícita y ordenó su liberación inmediata. La fiscal Gabriela Baigún, que había pedido siete años para Naserani y cuatro años y medio para Sabzali, expresó su indignación. En una declaración a la agencia Télam, señaló que nunca en su carrera había visto a personas condenadas ser liberadas cuando no tenían residencia en el país, carecían de arraigo y demostraban capacidad para obtener documentos falsos en cuestión de horas, como habían hecho años antes en Portugal.
Un año después, en diciembre de 2021, la Cámara de Casación Penal revocó esa decisión. Los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Guillermo Yacobucci determinaron que Naserani era miembro de una asociación ilícita internacional dedicada a la adulteración y uso de documentación, potencialmente vinculada a tráfico de personas y otros delitos graves, incluido el terrorismo. La defensa presentó un recurso extraordinario que fue rechazado. En abril de 2023, la Corte Suprema Penal, con los votos de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmó la condena por asociación ilícita y falsificación de documento público, imponiéndole cuatro años y medio de cárcel. La jueza Ángela Ledesma fue la única que propuso conceder la revisión solicitada por la defensa.
Naserani llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti rechazaron su recurso de hecho, argumentando que no cumplía con los requisitos necesarios. Con esa decisión, la condena quedó firme. A fines de junio de 2026, tras años de apelaciones y recursos, la Policía de la Ciudad lo detuvo en el barrio de Flores para que cumpliera su sentencia. El caso expone una grieta profunda en los controles migratorios: una alerta internacional llegó a tiempo, un protocolo existía desde hace años, pero el personal de supervisión no hizo su trabajo. Mientras Naserani entra ahora en prisión, la pregunta sobre cómo una banda internacional de falsificadores logró operar durante tanto tiempo, y cómo sus miembros continuaron moviéndose entre países, permanece sin respuesta completa.
Citas Notables
En mis años de fiscal nunca he advertido que se pudiera otorgar la libertad a dos personas a las que condenaron, que no tienen residencia en la Argentina, que no tienen arraigo, que tienen la posibilidad de obtener pasaportes falsos en el término de un día— Fiscal Gabriela Baigún, durante el juicio
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Cómo es posible que el sistema de Migraciones recibiera una alerta de Interpol y aun así dejara entrar a estas personas?
Eso es lo que nadie explica bien. La alerta llegó, estaba en el sistema. Pero el personal de supervisión no verificó adecuadamente la información que tenía en sus manos. Había un protocolo desde 2017 específicamente para documentos israelíes fraudulentos. Simplemente no lo aplicaron.
¿Y por qué tardó tanto el sistema judicial en condenar a Naserani por asociación ilícita?
El primer tribunal lo absolvió de eso en 2020. Fue la Cámara de Casación la que, un año después, vio lo que el tribunal original no vio: que esto no era solo un caso de dos personas con pasaportes falsos. Era una red internacional. Documentos robados en Israel, alterados, vendidos. Tentáculos en cinco países.
¿Qué tan grave es estar vinculado a una banda así?
Lo suficientemente grave como para que la Corte Suprema confirmara la condena. Pero también lo suficientemente vago como para que se mencione el terrorismo sin nunca probarlo directamente. Es una de esas acusaciones que flota en el expediente.
¿Y la pareja de Naserani, Sabzali? ¿Qué pasó con ella?
También fue condenada, pero la historia se enfoca en Naserani porque fue él quien llegó a la Corte Suprema. Sabzali desaparece del relato después de la Cámara de Casación.
¿Qué le dice esto sobre cómo funciona la seguridad migratoria en Argentina?
Que las alertas internacionales no son suficientes si nadie las lee. Que los protocolos existen pero no se cumplen. Y que una banda internacional puede operar durante años porque los controles en los puntos de entrada son más débiles de lo que deberían ser.