No queremos más muertos, no queremos más heridos
En la víspera de la 'Toma de Lima', tres ministros peruanos se presentaron ante la prensa no solo como funcionarios, sino como voces que suplicaban que la política no costara más vidas. El 18 de enero de 2023, entre recomendaciones de trabajo remoto y llamados a mantener libres las vías para ambulancias, el gobierno de Dina Boluarte reveló la tensión de un Estado que intenta preservar el orden cotidiano mientras una crisis de legitimidad lo desborda. Sus palabras eran pragmáticas en la forma, pero desesperadas en el fondo: una administración que sabe que el poder de convencer tiene límites cuando las demandas son sobre quién debe gobernar.
- Lima amaneció el 19 de enero bajo la sombra de una movilización masiva que exigía la renuncia de la presidenta Boluarte y el cierre del Congreso, concentrando la tensión política de semanas de protestas mortales.
- El ministro de Trabajo pidió a los empleadores habilitar trabajo remoto en las próximas 24 horas, buscando reducir la presencia de personas en las calles sin frenar la economía.
- El ministro del Interior repitió con énfasis una frase que pesaba como un balance de semanas previas: no querían más ciudadanos muertos, y prometió seguridad tanto para manifestantes como para quienes se quedaran en casa.
- La ministra de Salud advirtió sobre el riesgo concreto de que las calles bloqueadas impidieran el paso de ambulancias, convirtiendo la crisis política en una emergencia médica para quienes necesitaran atención urgente.
- Las demandas de los manifestantes eran políticas y no negociables en términos administrativos, dejando al gobierno con herramientas de gestión pero sin respuesta para la pregunta central: quién debía gobernar el Perú.
Era la noche del miércoles 18 de enero de 2023 y Lima se preparaba para la 'Toma de Lima'. Tres ministros del gobierno peruano se dirigieron a la prensa con un mensaje que mezclaba medidas prácticas y una súplica apenas disimulada: que el día siguiente no dejara más muertos.
Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo, pidió a los empleadores que permitieran a sus trabajadores laborar desde casa durante las próximas veinticuatro horas. No era una orden sino una recomendación: mantener la productividad del país mientras se reducía la cantidad de personas expuestas en las calles. 'Pedimos calma al país, pero pedimos también producción, productividad, empleo', dijo, equilibrando el orden con la realidad de una nación en tensión.
El ministro del Interior, Vicente Romero, llevó el tono a un lugar más sombrío. Su mensaje fue directo y repetido con énfasis: no querían más ciudadanos muertos. Esa frase cargaba el peso de las jornadas anteriores, cuando las protestas habían dejado vidas perdidas. 'Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú', expresó, con una fatiga moral que iba más allá de la posición política.
Rosa Gutiérrez, ministra de Salud, añadió la dimensión más concreta de esa preocupación: pidió que se mantuvieran libres las vías para que las ambulancias pudieran circular y el sistema hospitalario no se interrumpiera. En una capital congestionada, una protesta masiva podía convertir minutos críticos en horas fatales.
Lo que emergía de esa rueda de prensa era un gobierno dividido entre mantener el funcionamiento del Estado y la angustia ante una situación que se sentía fuera de control. El trabajo remoto y las vías libres eran válvulas de escape razonables, pero las demandas de los manifestantes —la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso— eran políticas, no administrativas. Mientras el gobierno pedía calma, la pregunta fundamental sobre quién debía gobernar el país seguía sin respuesta.
Mientras Lima se preparaba para una jornada de protestas masivas, tres ministros del gobierno peruano se dirigieron a la prensa con un mensaje que mezclaba pragmatismo laboral con una súplica casi desesperada: que no hubiera más sangre. Era miércoles por la noche, 18 de enero de 2023, y el día siguiente traería consigo la "Toma de Lima", una concentración de manifestantes que exigía la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.
Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, fue el primero en plantear una solución práctica. Ante la incertidumbre sobre cómo se desarrollarían las protestas y el riesgo de que escalaran hacia actos violentos, pidió a los empleadores que permitieran a sus trabajadores laborar desde casa durante las próximas veinticuatro horas. No era una orden, sino una recomendación cuidadosamente formulada: mantener la productividad del país mientras se resguardaba la seguridad de las personas. "Pedimos calma al país, pero pedimos también producción, productividad, empleo, derecho a que la gente trabaje", dijo a los periodistas, equilibrando la necesidad de orden con la realidad de una nación en tensión.
El ministro del Interior, Vicente Romero, llevó el tono a un lugar más sombrío. Su mensaje fue directo: no querían más ciudadanos muertos. Esa frase, repetida con énfasis, reflejaba el peso de las jornadas anteriores, cuando las protestas habían dejado un saldo de vidas perdidas. Romero prometió seguridad tanto para quienes salieran a manifestarse como para quienes permanecieran en sus hogares, pero también fue claro en sus advertencias. Pidió a los manifestantes que respetaran la ley, que siguieran las medidas de seguridad establecidas. "Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú. No queremos más dolor", expresó, con un tono que sugería no solo una posición política sino una fatiga moral ante la violencia recurrente.
Rosa Gutiérrez, ministra de Salud, añadió una dimensión práctica a esa preocupación por las vidas. Su pedido fue específico: que se mantuvieran las vías libres para que el personal médico pudiera circular, para que las ambulancias llegaran a tiempo, para que el sistema de referencia y contrarreferencia entre hospitales no se viera interrumpido. Cada minuto cuenta en una emergencia médica, y las protestas masivas en las calles de una capital congestionada podían convertir esos minutos en horas. "No podemos permitir un muerto más", dijo, llevando la preocupación de los ministros a su expresión más concreta: la vida de una persona que necesita atención urgente.
Lo que emergía de esa rueda de prensa era una administración pública dividida entre la necesidad de mantener el funcionamiento del Estado y la angustia ante una situación que se sentía fuera de control. Los ministros no negaban el derecho a protestar, pero sí pedían que esas protestas no se convirtieran en lo que habían sido en semanas anteriores: enfrentamientos que dejaban muertos en las calles. El trabajo remoto era una válvula de escape, una forma de permitir que la vida económica continuara mientras se reducía la cantidad de personas en las vías. Las vías libres para ambulancias era otra: reconocer que en medio de la crisis política, la salud de los ciudadanos seguía siendo una prioridad.
Lo que los ministros no podían controlar era si sus palabras serían escuchadas. Las demandas de los manifestantes eran políticas, no administrativas. No se trataba de negociar horarios de trabajo o protocolos de tránsito. Se trataba de quién gobernaría el país. Y mientras el gobierno pedía calma y productividad, esa pregunta fundamental seguía sin respuesta.
Citações Notáveis
Pedimos calma al país, pero pedimos también producción, productividad, empleo, derecho a que la gente trabaje— Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo y Promoción de Empleo
Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú. No queremos más dolor— Vicente Romero, ministro del Interior
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué el gobierno decidió recomendar trabajo remoto en lugar de simplemente suspender las actividades?
Porque necesitaban mantener dos cosas al mismo tiempo: reconocer el derecho a protestar y evitar que el país se paralizara completamente. El trabajo remoto era una forma de decir: pueden manifestarse, pero la vida sigue.
Los ministros mencionan muertes previas. ¿Cuántas personas habían muerto antes de esta fecha?
El texto no especifica un número, pero la insistencia en "no queremos más muertos" sugiere que ya había habido pérdidas significativas en las protestas anteriores. Era un trauma reciente.
¿Qué tan realista era esperar que los manifestantes escucharan estos pedidos de paz?
Probablemente no muy realista. Los manifestantes exigían cambios políticos fundamentales, no concesiones administrativas. Un ministro pidiendo que no haya violencia no resuelve la demanda de que renuncie la presidenta.
La ministra de Salud pidió vías libres para ambulancias. ¿Eso implica que las protestas anteriores habían bloqueado hospitales?
No necesariamente hospitales, pero sí las calles. En una ciudad congestionada, si los manifestantes ocupan las avenidas principales, las ambulancias no pueden circular. Es un problema práctico que surge cuando hay movilización masiva.
¿Cuál era el verdadero riesgo que veía el gobierno para el 19 de enero?
Que la concentración de manifestantes en la capital escalara hacia enfrentamientos con la policía, como había sucedido antes. El trabajo remoto y los pedidos de paz eran intentos de reducir esa probabilidad, pero el riesgo seguía siendo alto.