En el Perú de 2026, el Tribunal Constitucional ha trazado una línea que separa la disidencia legítima de la desobediencia que corroe el orden democrático: ningún ciudadano puede erigirse en juez de sus propias causas para resistir una resolución judicial. El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, al pronunciarse sobre el caso del líder de Perú Libre Vladimir Cerrón —prófugo de la justicia tras una orden de prisión preventiva—, recordó que el derecho a la resistencia solo cobra sentido cuando el sistema constitucional ya ha colapsado, no como escudo individual frente a sentencias incómodas. En esa
TC desvirtuá argumento de "derecho a la resistencia" en caso Cerrón
Vladimir Cerrón permanece en condición de prófugo enfrentando proceso penal y prisión preventiva dictada por el Poder Judicial.