Ni siquiera el aporte de 52.585 millones de los accionistas fue suficiente
En el Cauca colombiano, tres empresas azucareras con décadas de historia llegaron al final de su camino el 18 de junio de 2026, cuando la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación judicial tras el fracaso de las negociaciones con acreedores financieros. Ingenio La Cabaña y sus sociedades asociadas sucumbieron ante una confluencia de fuerzas —caída de precios, adversidad climática, tensiones de orden público— que ningún esfuerzo de reestructuración logró contener. Lo que queda ahora es el lento y complejo trabajo de distribuir lo que resta entre quienes más lo necesitan: los trabajadores que perdieron su sustento y los acreedores que esperan recuperar algo de lo invertido.
- Tres empresas azucareras del Cauca acumularon pérdidas superiores a $58.000 millones por una tormenta perfecta de precios bajos, sequías, problemas operativos y violencia en la región.
- Los accionistas familiares inyectaron más de $52.000 millones para salvar la operación, pero los bancos rechazaron planes de pago que se extendían hasta 16 años, bloqueando cualquier salida negociada.
- La Superintendencia de Sociedades no tuvo otra opción que decretar la liquidación judicial, cerrando formalmente las funciones de administradores y órganos directivos de las tres compañías.
- Cientos de trabajadores directos e indirectos quedaron sin empleo de inmediato, mientras el Ministerio del Trabajo anuncia una ruta de concertación cuyo alcance real aún está por definirse.
- Un liquidador designado por el Estado asumirá el control del patrimonio para inventariar activos y distribuirlos conforme al orden legal de prelación, en un proceso que se prevé largo y disputado.
El 18 de junio de 2026, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial de Ingenio La Cabaña S.A. y dos sociedades vinculadas —Agroindustrias del Cauca S.A. y Alimentos Derivados de la Caña S.A.— después de que las negociaciones con sus acreedores financieros llegaran a un punto muerto. Las compañías, que operaban en el norte del Cauca e influían económicamente en nueve municipios de la región, agotaron todas las vías de reorganización sin lograr un acuerdo viable.
El colapso no obedeció a una sola causa sino a una acumulación de golpes simultáneos: los precios del azúcar cayeron 12 por ciento en el mercado nacional, las condiciones climáticas adversas redujeron los niveles de sacarosa en los cultivos, la devaluación de la tasa de cambio erosionó las finanzas y los problemas de orden público interrumpieron las operaciones. En total, las pérdidas superaron los $58.000 millones. Los accionistas familiares aportaron cerca de $52.585 millones para sostener la empresa, y durante las negociaciones propusieron periodos de gracia hasta 2030 y plazos de pago de hasta 16 años, pero los bancos consideraron las condiciones inviables.
Ahora un liquidador designado por la Superintendencia administrará el patrimonio de las tres sociedades, inventariará los activos disponibles y gestionará las reclamaciones de bancos, proveedores y contratistas conforme al orden legal de prelación. La superintendente Nini Johanna Castañeda subrayó que el proceso buscará preservar el valor de los activos y garantizar transparencia.
La cara más urgente de la crisis es la humana. Cientos de trabajadores directos e indirectos —muchos de ellos vinculados a comunidades rurales del Cauca— perdieron sus empleos en un sector que Ingenio La Cabaña había sostenido desde su fundación en 1978. El Ministerio del Trabajo anunció una ruta de concertación para proteger los derechos laborales, aunque los mecanismos concretos para garantizar el pago de acreencias dentro del proceso judicial todavía están por definirse. Lo que sigue es un procedimiento complejo en el que decenas de actores competirán por recuperar lo que les corresponde mientras se liquida el legado de casi cinco décadas de operación azucarera.
El 18 de junio de 2026, la Superintendencia de Sociedades selló el destino de tres empresas azucareras del Cauca al ordenar su liquidación judicial. Ingenio La Cabaña S.A., Agroindustrias del Cauca S.A. y Alimentos Derivados de la Caña S.A. —sociedades que operaban en el norte de la región— no lograron cerrar un acuerdo con sus acreedores financieros para reestructurar sus obligaciones. Después de agotar las posibilidades de reorganización empresarial, la autoridad de insolvencia no tuvo otra opción que abrir el procedimiento que ahora determinará cómo se distribuyen los activos entre trabajadores, proveedores y entidades financieras.
La crisis que llevó a estas compañías al colapso no fue producto de un único golpe, sino de una tormenta perfecta de factores que convergieron simultáneamente. Los precios del azúcar cayeron 12 por ciento en el mercado nacional, generando pérdidas cercanas a 19.000 millones de pesos. En el mercado internacional, la caída de precios representó otro impacto de 8.000 millones. La disminución de la Tasa Representativa del Mercado afectó las finanzas en aproximadamente 11.000 millones más. Los cultivos de caña sufrieron por condiciones climáticas adversas que redujeron los niveles de sacarosa, produciendo pérdidas superiores a 20.000 millones de pesos. A esto se sumaron problemas operativos y situaciones de orden público que interrumpieron las actividades normales. Durante las negociaciones de reestructuración, las compañías propusieron periodos de gracia hasta 2030 y esquemas de pago extendidos entre 10 y 16 años, pero los bancos consideraron que las condiciones no eran viables. Incluso los accionistas familiares aportaron cerca de 52.585 millones de pesos para intentar sostener la operación, pero ni siquiera eso fue suficiente para revertir el deterioro.
Ahora un liquidador designado por la Superintendencia asumirá la administración del patrimonio de las tres sociedades. Su tarea será proteger los activos mientras avanza el procedimiento y, posteriormente, inventariar todos los bienes disponibles para determinar qué recursos existen para responder a las deudas acumuladas. Los acreedores —bancos, proveedores, contratistas— deberán presentar sus reclamaciones dentro del proceso para ser evaluadas y reconocidas formalmente. La ley establece un orden de prelación que determinará quién cobra primero y cuánto recibe cada acreedor según el patrimonio disponible.
La situación laboral es quizás la más inmediata y urgente. Cientos de trabajadores directos e indirectos dependen de estas operaciones agroindustriales. Ya venían sufriendo retrasos en pagos y limitaciones operativas antes de que se decretara la liquidación. Ahora, con el cierre formal de las funciones de los administradores y órganos de dirección, la incertidumbre es total. El Ministerio del Trabajo anunció una ruta de concertación orientada a proteger los derechos de los trabajadores afectados, aunque los detalles de cómo se garantizarán las acreencias laborales dentro del proceso judicial aún están por definirse.
Ingenio La Cabaña fue constituido en 1978 y durante casi cinco décadas desarrolló actividades de producción de azúcar y derivados de la caña. Su influencia económica se extendía a nueve municipios del Cauca: Guachené, Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villa Rica, Corinto, Miranda, Buenos Aires y Suárez. En esos territorios mantenía relaciones comerciales y laborales con productores y comunidades locales que ahora enfrentan la incertidumbre de qué sucederá con sus negocios y empleos. La superintendente de Sociedades, Nini Johanna Castañeda, afirmó que el proceso estará enfocado en preservar el valor de los activos y garantizar transparencia en la administración del patrimonio. Lo que viene ahora es un procedimiento largo y complejo en el que decenas de actores —trabajadores, acreedores, proveedores— competirán por recuperar lo que les deben, mientras los activos de tres empresas que operaron durante generaciones se liquidan conforme al orden legal establecido.
Notable Quotes
El proceso que hoy inicia estará orientado a preservar el valor de los activos, asegurar la transparencia de las actuaciones y brindar certeza a todos los interesados sobre la forma en que se administrará y liquidará el patrimonio de las sociedades— Nini Johanna Castañeda, superintendente de Sociedades
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Cómo llega una empresa que lleva casi 50 años operando a un punto de liquidación judicial?
No es un colapso de un día. Es la acumulación de presiones que se vuelven insostenibles cuando golpean todas a la vez. Precios internacionales que caen, sequías que afectan los cultivos, problemas de seguridad que interrumpen operaciones, y bancos que no ven viabilidad en los planes de recuperación.
¿Los accionistas no tenían recursos para sostenerla?
Aportaron más de 52.000 millones de pesos. Pero cuando pierdes 20.000 millones solo por la calidad de la caña, y otros 19.000 por caída de precios, el dinero se evapora. No es cuestión de voluntad, es matemática.
¿Qué significa esto para alguien que trabaja en el ingenio?
Significa que mañana no sabe si tiene empleo. Sus acreencias laborales entran en una cola legal donde compiten con bancos y proveedores. El Ministerio del Trabajo habla de protección, pero la realidad es que hay cientos de personas cuyo ingreso desaparece.
¿Y los pueblos que dependían económicamente de estas empresas?
Nueve municipios en el Cauca tenían relaciones comerciales y laborales con el ingenio. Cuando una empresa de esa escala se liquida, el impacto no es solo en los trabajadores directos. Es en los proveedores locales, en los negocios que vendían a los empleados, en la economía de toda una región.
¿Hay alguna posibilidad de que alguien compre los activos y continúe operando?
Es posible, pero no es el enfoque ahora. El liquidador debe proteger los activos y distribuirlos conforme a la ley. Si alguien quiere comprar, tendrá que hacerlo dentro de ese proceso. Pero la realidad es que una empresa en liquidación es una empresa que nadie quiere comprar en las condiciones en que está.