Diecinueve personas que no volverían a casa
En el séptimo día consecutivo de protestas en Colombia, lo que nació como rechazo a una reforma tributaria se ha convertido en un grito más hondo sobre la desigualdad y el futuro del país. Las calles de Bogotá, Medellín, Cali y decenas de ciudades más volvieron a ser escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, mientras la Defensoría del Pueblo registraba diecinueve muertes en diez ciudades. Ni el retiro de la reforma ni la renuncia del ministro de Hacienda han logrado apagar el fuego, porque las demandas ya no son solo sobre impuestos, sino sobre la dignidad de vivir.
- Diecinueve personas han muerto durante la represión policial en diez ciudades colombianas, y sus familias exigen respuestas que el Estado aún no ha dado.
- Videos en redes sociales muestran a agentes con armas de fuego frente a manifestantes, mientras las autoridades denuncian ataques brutales contra sus propios efectivos.
- Los bloqueos de carreteras y los saqueos se multiplican desde Bogotá hasta Bucaramanga, profundizando el caos y alimentando el debate sobre quién es responsable de la violencia.
- El gobierno retiró la reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, pero los manifestantes no se detienen: ahora exigen renta básica y educación gratuita.
- La Confederación General del Trabajo convocó a continuar el paro, y la pregunta que pesa sobre Colombia es cuánto más puede escalar antes de que algo ceda.
Colombia amaneció el martes en su séptima jornada consecutiva de protestas, y las calles volvieron a arder. Lo que comenzó como rechazo a una reforma tributaria del presidente Iván Duque se había transformado en algo más amplio y más violento. En Bogotá, Medellín, Girón y decenas de puntos del país, manifestantes y policías volvieron a enfrentarse, mientras en redes sociales circulaban videos que mostraban agentes con armas de fuego y civiles aparentemente heridos por balas.
En Bogotá, el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez denunció ataques brutales contra policías por parte de vándalos, reportando al menos dieciséis agentes agredidos. Pero en paralelo crecía otro relato: ciudadanos documentando lo que describían como fuego directo contra manifestantes desarmados. En Medellín, organizaciones de derechos humanos reportaban heridos y detenidos tras enfrentamientos con el ESMAD en el Parque de los Deseos.
Los bloqueos se multiplicaban en todo el país. En Bogotá, Girón y Bucaramanga, carreteras cortadas detenían el transporte. En Bucaramanga, un grupo saqueó un establecimiento y robó bicicletas, imágenes que reforzaban el argumento oficial sobre el caos callejero.
Pese a que el gobierno ya había retirado la reforma tributaria y el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla había renunciado, los manifestantes no cedían. La Confederación General del Trabajo convocó a continuar el paro con nuevas exigencias: renta básica, matrícula gratuita, un horizonte social más amplio que el impuesto que lo había iniciado todo.
El peso más grave lo cargaban las cifras humanas. La Defensoría del Pueblo había solicitado investigar diecinueve muertes registradas durante la represión policial, distribuidas en diez ciudades: Valle del Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid en Cundinamarca, Medellín y Pereira. Diecinueve familias enfrentando preguntas sin respuesta. Mientras la noche caía sobre Colombia, los bloqueos se mantenían y nadie sabía aún cuánto más podría escalar.
Colombia despertó el martes a su séptimo día consecutivo de protestas, y las calles volvieron a arder. Lo que comenzó hace una semana como rechazo a una reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque se había transformado en algo más amplio, más profundo, más violento. En Bogotá, Medellín, Girón y docenas de otros puntos del país, manifestantes y policías volvieron a enfrentarse. Los videos que circulaban en redes sociales mostraban lo que muchos denunciaban: agentes con armas de fuego, civiles aparentemente heridos por balas, disparos que sonaban sin cesar en las calles.
En la capital, Luis Ernesto Gómez, secretario del Gobierno de Bogotá, salió a denunciar que policías habían sido atacados brutalmente por lo que llamó vándalos. Según su oficina, al menos dieciséis agentes del Comando de Atención Inmediata fueron agredidos a lo largo del día. Pero mientras las autoridades hablaban de ataques contra sus fuerzas, en las redes sociales crecía un relato paralelo: ciudadanos documentando lo que decían era fuego directo contra manifestantes desarmados. En Medellín, en el Parque de los Deseos, la tensión escaló hasta el punto que organizaciones de derechos humanos reportaban preliminarmente heridos y detenidos tras enfrentamientos con el ESMAD, la unidad de control de disturbios de la policía.
Los bloqueos se multiplicaban. Manifestantes cerraban carreteras en diferentes puntos del país, deteniendo el flujo de transporte. En la glorieta de la calle 100 con 15 en Bogotá, un grupo bloqueaba parcialmente el paso de vehículos. En Girón, los problemas de movilidad se extendían por el anillo vial. Y en Bucaramanga, la protesta tomó un giro diferente: un grupo saqueó un establecimiento comercial y se robó bicicletas, imágenes que alimentaban el argumento de las autoridades sobre el caos y la violencia callejera.
Pero lo que sucedía en las calles era apenas el reflejo de una crisis política más profunda. Aunque el gobierno ya había retirado la reforma tributaria que encendió todo esto, y el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla había renunciado, los manifestantes no se detenían. La Confederación General del Trabajo de Colombia convocaba a continuar el paro para el 5 de mayo, ampliando las demandas: renta básica, matrícula gratuita, un programa social que fuera más allá del impuesto que había iniciado todo.
Lo que hacía más grave el panorama era el costo en vidas. El lunes, la Defensoría del Pueblo de Colombia había solicitado investigar diecinueve muertes registradas en el marco de la represión policial contra manifestantes. Los fallecidos se distribuían en diez ciudades: Valle del Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid en Cundinamarca, Medellín y Pereira. Diecinueve personas que no volverían a casa. Diecinueve familias que enfrentaban preguntas sin respuesta sobre cómo sus seres queridos habían muerto en una protesta por impuestos y oportunidades. Mientras la noche caía sobre Colombia, las protestas continuaban, los bloqueos se mantenían, y la pregunta que flotaba en el aire era cuánto más podría escalar antes de que algo cediera.
Notable Quotes
Miembros de la policía están siendo atacados brutalmente por vándalos. El respeto de los derechos humanos no es selectivo.— Luis Ernesto Gómez, secretario del Gobierno de Bogotá
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el gobierno pensó que una reforma tributaria podría pasar sin resistencia en un país donde tanta gente ya lucha por sobrevivir?
No es que no lo supieran. Es que probablemente subestimaron cuánto estaba ya al límite la paciencia. Una reforma tributaria es abstracta hasta que te golpea el bolsillo. Pero en Colombia, en mayo de 2021, el bolsillo ya estaba vacío.
¿Entonces esto no es realmente sobre impuestos?
Empezó siendo sobre impuestos. Pero cuando retiraron la reforma al segundo día, la gente no se fue a casa. Eso te dice que los impuestos eran solo el detonador. Lo que salió a la calle fue todo lo demás: la falta de empleo, la educación cara, la sensación de que el sistema no te deja respirar.
¿Y los saqueos? ¿Eso no debilita el mensaje de los manifestantes?
Sí y no. Algunos eran vándalos aprovechando el caos. Pero también hay que preguntarse: ¿cuándo un sistema te niega acceso a lo básico, qué esperas que haga la gente desesperada? No lo justifico, pero tampoco puedo fingir sorpresa.
Diecinueve muertes en una semana. ¿Cómo se llega a eso?
Cuando la policía ve a los manifestantes como enemigos en lugar de ciudadanos. Cuando hay órdenes de contener a cualquier costo. Cuando nadie está supervisando realmente qué está pasando en las calles. Diecinueve muertes es lo que pasa cuando todo eso converge.
¿Crees que esto termina pronto?
No. Porque el gobierno cedió en lo fácil—la reforma tributaria—pero no en lo difícil. La gente sigue pidiendo renta básica, educación gratuita. Eso requiere dinero que el gobierno dice que no tiene. Así que no, esto no termina pronto.