En menos de veinticuatro horas, el Estado mexicano respondió a una señal de alarma diplomática y económica: la suspensión estadounidense de operaciones en Michoacán, justificada por amenazas contra su personal, puso en riesgo una de las exportaciones agrícolas más valiosas del país. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó mil 557 militares en nueve municipios aguacateros para demostrar, ante Washington y ante los mercados, que el gobierno puede garantizar orden en una región donde el crimen organizado ha ejercido un control que ningún comunicado oficial ha logrado borrar del todo.