En los primeros días de agosto, el Estado mexicano desplegó más de mil quinientos soldados y guardias nacionales en los campos aguacateros de Michoacán, respondiendo a una crisis que va más allá de lo agrícola: la suspensión estadounidense de importaciones del llamado oro verde reveló cuánto depende la seguridad económica de una región entera de la paz en sus caminos y cultivos. La extorsión del crimen organizado y la retirada de inspectores norteamericanos confluyen en un mismo punto de quiebre, recordándonos que el comercio internacional y la violencia local rara vez son historias separadas.