Seis mil viviendas cerradas en una ciudad de este tamaño no es marginal
En Santiago de Compostela, ciudad peregrina que hoy enfrenta el silencio de seis mil hogares cerrados, el gobierno municipal del BNG ha propuesto cargar con un 50% adicional en el IBI a quienes mantienen sus viviendas desocupadas. La medida, impulsada como palanca fiscal antes que como sanción moral, busca devolver al mercado lo que la especulación o el abandono han retenido. Es una apuesta antigua: que el coste económico mueva lo que la conciencia cívica no ha logrado.
- Seis mil viviendas vacías en una ciudad de tamaño medio representan una herida abierta en el acceso a la vivienda y un síntoma de mercado paralizado.
- El gobierno en minoría de Goretti Sanmartín recurre al gravamen fiscal como instrumento de presión ante la falta de herramientas más directas de intervención.
- La propuesta llega acompañada de una polémica modificación en la tasa de residuos, que también subirá el coste para los vecinos por las exigencias del gestor Sogama.
- El camino hacia la aprobación es largo: comisión informativa, pleno municipal, treinta días de exposición pública y posible votación final si hay alegaciones.
- El Ayuntamiento también ha solicitado que Santiago sea declarada zona de mercado residencial tensionado, lo que abriría la puerta a intervenciones aún más profundas.
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela anunció el jueves una medida fiscal de calado: un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles para las viviendas que permanezcan desocupadas. La propuesta fue presentada por el concejal de Economía y Hacienda, Manuel César Vila, como parte de una estrategia más amplia del gobierno local para reactivar el parque residencial de la ciudad.
El diagnóstico que la sustenta es preciso: según datos municipales, Santiago alberga unas 6.000 viviendas vacías, una cifra que el gobierno liderado por la nacionalista Goretti Sanmartín del BNG considera inaceptable en un contexto de dificultad de acceso a la vivienda. La lógica de la medida es sencilla: encarecer el coste de mantener un inmueble cerrado para empujar a los propietarios hacia el alquiler o la venta.
Junto al recargo del IBI, Vila anunció también una modificación en la ordenanza de residuos que implicará un mayor desembolso para los vecinos, algo que el edil atribuyó a las presiones financieras del gestor gallego Sogama, en lo que denominó el 'tasazo de Sogama'.
Antes de convertirse en norma, las propuestas deberán recorrer un proceso administrativo que incluye comisión informativa, pleno municipal y un período de exposición pública de treinta días para que los ciudadanos presenten alegaciones. Si las hubiera, el expediente volvería al pleno para su votación definitiva. En paralelo, el Ayuntamiento ha solicitado que la ciudad sea declarada zona de mercado residencial tensionado, categoría que permitiría intervenciones más ambiciosas sobre el mercado de la vivienda.
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela anunció el jueves una estrategia fiscal diseñada para presionar a los propietarios de viviendas desocupadas: un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles. La propuesta, presentada por Manuel César Vila, concejal de Economía y Hacienda, forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno municipal para poner en circulación las miles de hogares que permanecen cerrados en la ciudad.
La medida surge de un diagnóstico concreto. Según los datos que maneja el Ayuntamiento, Santiago de Compostela alberga aproximadamente 6.000 viviendas vacías. Ese número, sustancial en una ciudad de tamaño medio, representa tanto un problema de acceso a la vivienda como una oportunidad perdida de ingresos y dinamismo urbano. El gobierno, en minoría y liderado por la nacionalista Goretti Sanmartín del BNG, ha decidido que el gravamen fiscal puede ser el incentivo necesario para que esos inmuebles regresen al mercado de alquiler o venta.
La propuesta no llega sola. Vila también anunció una modificación en la ordenanza de residuos, que ajustará el sistema de cobro y adaptará el impuesto a nuevas exigencias normativas. Aunque el edil reconoció que esta segunda medida implicará un mayor costo para los vecinos, atribuyó el incremento a lo que denominó el "tasazo de Sogama", refiriéndose a las presiones financieras que el gestor de residuos impone a los municipios gallegos.
Ahora comienza el proceso administrativo que determinará si estas medidas se concretan. Las propuestas deben pasar primero por una comisión informativa, luego por el pleno de la Corporación Municipal. Una vez en el pleno, se abrirá un período de exposición pública de treinta días durante el cual los ciudadanos podrán presentar alegaciones. Si las hay, el expediente regresará al pleno para una votación final. Es un camino largo, pero es el camino que marca la ley.
El recargo del IBI para viviendas vacías está vinculado a un plan más amplio de medidas correctoras que impulsa el gobierno local, según explicó Vila. También responde a una solicitud que el Ayuntamiento ha presentado para que Santiago de Compostela sea declarada zona de mercado residencial tensionado, una categoría que abre la puerta a intervenciones más agresivas en el mercado de la vivienda. La idea de fondo es clara: si los propietarios tienen que pagar más por dejar sus casas vacías, la lógica económica los empujará a ofrecerlas en alquiler o a venderlas. Eso, al menos, es lo que espera el gobierno municipal.
Notable Quotes
El gobierno local busca que lleguen al mercado más viviendas desocupadas mediante esta medida fiscal— Manuel César Vila, concejal de Economía y Hacienda
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en Santiago para que el Ayuntamiento decida gravar las viviendas vacías?
El número es lo que ha cambiado. Seis mil viviendas cerradas en una ciudad de este tamaño no es un problema marginal. Es una crisis de acceso a la vivienda que el mercado por sí solo no está resolviendo.
Pero un recargo del 50% es bastante agresivo. ¿Creen que funcionará?
La teoría es simple: si poseer una vivienda vacía se vuelve más caro, los propietarios la pondrán en el mercado. Pero depende de quiénes sean esos propietarios. Si son fondos de inversión o especuladores, tal vez. Si son herederos o personas con dificultades, el efecto puede ser diferente.
¿Y los vecinos? ¿Cómo reaccionan a que suban también la tasa de basura?
Ahí está la tensión. El Ayuntamiento culpa a Sogama, el gestor de residuos, de presionar los costos hacia arriba. Pero para el ciudadano, lo que importa es que su factura crece. Es difícil vender eso como una medida de justicia.
¿Cuánto tiempo falta para que esto sea ley?
Meses, probablemente. Primero comisión, luego pleno, luego treinta días de exposición pública. Si hay alegaciones, vuelve al pleno. Es un proceso lento, pero es el que toca.
¿Qué pasa si el BNG no tiene los votos en el pleno?
Eso es el verdadero riesgo. Gobernar en minoría significa que cada votación es una negociación. Sin apoyo de otros grupos, la medida muere.