Los números se invierten si desaparecen los votos del exterior
En el estrecho margen que separa la victoria de la derrota, el candidato izquierdista Roberto Sánchez ha convertido una diferencia de 40.600 votos en una disputa sobre la legitimidad misma del proceso electoral peruano. Al impugnar los votos emitidos desde el exterior, Sánchez no solo busca revertir un resultado que lo deja a las puertas del poder, sino que plantea una pregunta más honda sobre la cadena de confianza que sostiene cualquier democracia: ¿quién custodia los votos cuando el Estado es también parte interesada? La respuesta quedará en manos del Jurado Nacional de Elecciones, cuya decisión definirá no solo quién gobierna Perú, sino qué clase de precedente se establece para las elecciones venideras.
- Fujimori lidera con 50,11% frente al 49,88% de Sánchez, una diferencia tan pequeña que un solo cambio procesal podría invertir por completo el resultado.
- Sánchez denuncia que la Cancillería eliminó la transmisión digital de 119 consulados y trasladó las actas físicas a Lima sin garantías de custodia, sembrando dudas sobre la integridad de esos sufragios.
- Juntos por el Perú ha presentado cargos penales contra el canciller Carlos Pareja por fraude electoral y omisión de actos funcionales, escalando el conflicto del plano administrativo al judicial.
- El recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones es la apuesta central: si prospera, Sánchez pasaría de perdedor a presidente electo con los mismos porcentajes pero invertidos.
- La institución electoral enfrenta una decisión de consecuencias históricas: validar el proceso y confirmar a Fujimori, o anular los votos del exterior y abrir un escenario político radicalmente distinto.
Con el escrutinio casi concluido en Perú, Roberto Sánchez pierde la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori por apenas 40.600 votos. Pero el candidato de izquierda ha encontrado una vía legal que, de prosperar, invertiría completamente el resultado: la anulación de todos los votos emitidos desde el exterior. Si el Jurado Nacional de Elecciones acepta su recurso, Sánchez alcanzaría el 50,11% y Fujimori caería al 49,88%.
El argumento central de Sánchez gira en torno a irregularidades atribuidas a la Cancillería. En esta segunda vuelta, el gobierno decidió suspender la transmisión digital de resultados desde 119 oficinas consulares, obligando a que las actas físicas fueran trasladadas a Lima. Sánchez y su partido, Juntos por el Perú, sostienen que ese traslado careció de la cadena de custodia necesaria para garantizar la integridad de los votos.
El candidato señala directamente al canciller Carlos Pareja como responsable de lo que describe como un desmantelamiento arbitrario de los sistemas de protección del voto en el exterior. Las actas habrían llegado a Perú en valijas diplomáticas que presuntamente no cumplieron los estándares de seguridad. Como consecuencia, Juntos por el Perú presentó una denuncia formal contra Pareja por fraude electoral y omisión de actos funcionales.
Sánchez postuló como representante político de Pedro Castillo, el expresidente encarcelado, lo que carga su candidatura con el peso de una polarización que sigue siendo profunda en el país. Ahora todo depende del Jurado Nacional de Elecciones: si las irregularidades alegadas justifican anular millones de votos, o si las decisiones de la Cancillería fueron meramente procedimentales y no comprometieron la validez del escrutinio. De esa resolución dependerá quién ocupa la presidencia del Perú.
Con el escrutinio prácticamente completo en Perú, Roberto Sánchez se encuentra en una posición incómoda. El candidato de izquierda está perdiendo la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori por un margen que, en números absolutos, parece minúsculo: apenas 40.600 votos separan al 50,11% de Fujimori del 49,88% de Sánchez cuando se contabilizan todos los sufragios. Pero Sánchez ha identificado lo que considera una salida. El lunes presentó un recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones solicitando que se anulen todos los votos emitidos desde el exterior. Si esa solicitud prospera, los números se invierten completamente: Sánchez alcanzaría el 50,11% y Fujimori caería al 49,88%, invirtiendo el resultado de la contienda.
La estrategia de Sánchez se sostiene en una acusación de irregularidades graves en el proceso electoral. Según su argumentación, el Poder Ejecutivo —específicamente la Cancillería— introdujo cambios significativos en la segunda vuelta que afectaron la forma en que se procesaron los votos del exterior. El cambio más importante fue la decisión de dejar de transmitir digitalmente los resultados de 119 oficinas consulares. En su lugar, las actas físicas debieron ser trasladadas hasta Lima para ser escrutadas, un proceso que Sánchez y su partido, Juntos por el Perú, sostienen que careció de la debida cadena de custodia.
El candidato ha señalado al canciller Carlos Pareja como responsable de lo que describe como un "desmantelamiento arbitrario e injustificado" de los sistemas logísticos, informáticos y de custodia diplomática que protegían los sufragios de los peruanos en el extranjero. Según la acusación, las actas fueron enviadas a Perú en valijas diplomáticas que presuntamente no cumplieron con los estándares de seguridad establecidos. Juntos por el Perú ha presentado una denuncia formal contra Pareja por los delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales.
Sánchez es el candidato que postuló en representación de Pedro Castillo, el expresidente encarcelado que gobernó entre 2021 y 2022. Su candidatura llevaba el peso de esa asociación política en un contexto donde la polarización en Perú sigue siendo profunda. La solicitud que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones no es un gesto menor: es un cuestionamiento directo a la integridad del proceso electoral en su conjunto, o al menos en la parte que involucra a los votantes peruanos en el extranjero.
Lo que suceda ahora depende de cómo el Jurado Nacional de Elecciones evalúe las acusaciones de Sánchez. La institución deberá determinar si las irregularidades alegadas son suficientemente graves como para justificar la anulación de millones de votos, o si, por el contrario, las medidas tomadas por la Cancillería fueron procedimentales y no afectaron la validez de los sufragios. La decisión que tome tendrá consecuencias políticas enormes: podría confirmar a Fujimori como presidenta electa o abrir la puerta a un escenario completamente distinto donde Sánchez emerge como ganador de una elección que parecía perdida.
Citas Notables
El proceso electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo específicamente en la segunda vuelta presidencial— Roberto Sánchez, a través de redes sociales
Se desmanteló de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior— Juntos por el Perú, partido de Sánchez
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué un cambio en cómo se transmiten los resultados del exterior podría ser tan decisivo en una elección?
Porque los votos del exterior tienen un patrón diferente. En este caso, Fujimori gana ampliamente fuera del país, mientras que Sánchez gana dentro. Si esos votos desaparecen del conteo, la geografía electoral se transforma completamente.
¿Pero realmente cree Sánchez que el Jurado va a anular millones de votos basándose en cambios procedimentales?
Probablemente no. Pero la acusación no es solo procedural. Está diciendo que la cadena de custodia se rompió, que las actas viajaron sin protección adecuada. Si eso es cierto, entonces sí hay base para cuestionar la validez.
¿Qué gana el gobierno con hacer esto más difícil para los votantes en el exterior?
Esa es la pregunta que Sánchez está planteando. Si la Cancillería sabía que los votos del exterior favorecían a Fujimori, entonces complicar ese proceso podría verse como una forma de influir en el resultado.
¿Y si simplemente fue un cambio administrativo sin intención política?
Entonces Sánchez está viendo conspiración donde solo hay burocracia. Pero en Perú, después de años de inestabilidad política, la gente tiende a sospechar de todo.
¿Qué pasa si el Jurado rechaza su recurso?
Fujimori gana. Sánchez puede apelar, pero la ventaja de ella se consolida. La pregunta entonces es si sus denuncias sobre fraude tienen suficiente peso para deslegitimar su presidencia antes de que comience.