Los directivos supieron de la redada y abandonaron a su suerte a las empleadas
En la madrugada del 27 de abril, Colombia desplegó uno de sus operativos financieros más ambiciosos: la intervención simultánea de cientos de locales de Lili Pink en 59 ciudades, una marca que durante décadas vistió a millones de mujeres mientras, según la Fiscalía, encubría un esquema de lavado de capitales por 730.000 millones de pesos. El caso no es solo una historia de dinero ilícito disfrazado de comercio legítimo; es también el retrato de una élite empresarial que, al sentir el peso de la ley, eligió la huida y dejó a más de dos mil trabajadoras enfrentando solas la incertidumbre.
- La Fiscalía desplegó agentes en 59 ciudades antes del amanecer, incautando 405 locales, 40 inmuebles y documentando un presunto lavado de 730.000 millones de pesos vinculado a la cadena de ropa interior Lili Pink.
- Los directivos de la empresa fueron alertados del operativo con anticipación y abandonaron sus puestos, dejando a más de 2.000 empleadas sin instrucciones, sin certeza sobre sus salarios y sin liderazgo en el momento más crítico.
- Detrás del éxito comercial visible operaba una red de importadores, empresas de papel y comercializadores diseñada para fragmentar transacciones, evadir controles aduaneros e integrar dineros ilícitos al sistema económico formal.
- La SAE asumirá la administración de los bienes incautados, las tiendas continuarán operando bajo supervisión estatal, y el Ministerio del Trabajo trabaja para contener la crisis laboral desatada por el abandono directivo.
- Fastmoda emitió un comunicado pidiendo protección para la marca y sus empleos, pero para las trabajadoras que enfrentaron solas la intervención judicial, ese llamado llegó cuando el daño ya estaba hecho.
Antes del amanecer del lunes 27 de abril, agentes del CTI y fiscales especializados en delitos financieros irrumpieron de forma simultánea en tiendas, bodegas y centros logísticos de Lili Pink en 59 ciudades colombianas. La cadena de ropa interior femenina, consolidada durante más de dos décadas como marca nacional, era en realidad, según la Fiscalía, la fachada de un entramado transnacional de lavado de capitales que alcanzaba los 730.000 millones de pesos.
La estructura investigada giraba en torno a Fast Moda S.A.S., sociedad bogotana con activos registrados por 295.000 millones de pesos. El esquema utilizaba importadores, comercializadores y empresas de papel para introducir prendas, juguetes y cosméticos al país, fragmentar transacciones y disimular controles aduaneros, integrando así dineros ilícitos al circuito económico formal. Los fiscales también documentaron un enriquecimiento ilícito superior a los 430.000 millones de pesos y un posible contrabando que excedería los 75.000 millones.
Pero la controversia más inmediata no fue financiera sino humana. La presidenta de la SAE, Amelia Pérez, reveló que los directivos de Lili Pink habían sido advertidos del operativo con anticipación. Cuando llegaron los agentes, los altos mandos ya habían desaparecido, dejando a más de 2.000 empleadas sin instrucciones, sin claridad sobre sus empleos y sin saber si seguirían cobrando. La SAE y el Ministerio del Trabajo iniciaron de inmediato gestiones para contener la crisis laboral.
En total, fueron embargados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, en una operación que abarcó 25 departamentos donde la cadena operaba cerca de 300 tiendas bajo modelo de franquicias. La SAE asumirá la administración de los bienes incautados con acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría, mientras las tiendas continúan operando bajo supervisión estatal durante el proceso de extinción de dominio.
Fastmoda emitió un comunicado pidiendo a las autoridades proteger una marca que, según su versión, sostiene miles de empleos. Para las trabajadoras abandonadas el 27 de abril, sin embargo, esa protección llegó tarde: su estabilidad depende ahora de que el Estado logre sostener lo que sus propios directivos desmantelaron en el momento más crítico.
El lunes 27 de abril, antes del amanecer, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación y fiscales especializados en delitos financieros desplegaron un operativo sin precedentes en 59 ciudades y municipios de Colombia. Su objetivo: las tiendas, bodegas y centros logísticos de Lili Pink, la cadena de ropa interior femenina que durante más de dos décadas se había consolidado como marca de referencia nacional. Lo que comenzó como una serie de allanamientos simultáneos revelaría, en los días siguientes, un entramado de lavado de capitales que alcanzaba los 730.000 millones de pesos.
La investigación, que había estado gestándose durante meses, apuntaba a que detrás del éxito comercial visible se ocultaba una operación delictiva transnacional. La marca estaba vinculada a Fast Moda S.A.S., una sociedad constituida en Bogotá a mediados de 2020 con activos registrados por 295.000 millones de pesos. Según los fiscales, la estructura funcionaba como fachada: importadores, comercializadores y empresas de papel que traían al país prendas de vestir, juguetes y cosméticos, los distribuían en el mercado nacional y así daban apariencia de legalidad a dineros ilícitos. El esquema estaba diseñado para disimular controles aduanales, fragmentar transacciones y dificultar el rastreo del dinero hasta integrarlo al sistema económico formal.
Lo que sucedió en las horas previas al operativo, sin embargo, generó una controversia adicional. Amelia Pérez, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, reveló en un comunicado que los directivos de Lili Pink habían sido advertidos sobre las diligencias que se avecinaban. Cuando llegaron los agentes, los mandos altos de la empresa ya no estaban. Habían abandonado a su suerte a más de 2.000 empleadas que trabajaban en las tiendas y centros de distribución. Esas mujeres se encontraron de repente sin instrucciones, sin claridad sobre qué sucedería con sus empleos, sin saber si seguirían cobrando. La SAE y el Ministerio del Trabajo iniciaron de inmediato conversaciones para atender la crisis laboral que el operativo había dejado al descubierto.
Los números que los fiscales presentaron eran contundentes. Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra delitos fiscales, informó sobre un lavado de activos de 730.000 millones de pesos, sumado a un enriquecimiento ilícito de particulares que superaba los 430.000 millones. La Dian había decomisado mercancía avaluada en más de 54.000 millones, y el posible contrabando excedería los 75.000 millones de pesos. Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director de extinción del derecho de dominio, confirmó que se habían embargado y secuestrado 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. El operativo se extendió a 25 departamentos del país, donde la cadena tenía presencia con cerca de 300 tiendas bajo modelo de franquicias.
La SAE asumirá la administración de los bienes incautados una vez concluya la ocupación judicial. La entidad ha solicitado acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para auditar el estado financiero, contable y contractual de la marca. El plan de administración dependerá de un diagnóstico integral que incluya la evaluación de la capacidad productiva y la situación laboral. Las propiedades y activos afectados continuarán desarrollando su objeto social mientras avanzan los trámites de extinción de dominio ante los jueces especializados, lo que significa que las tiendas seguirán operando, aunque bajo supervisión estatal.
Desde la Dirección Ejecutiva de Fastmoda emitieron un comunicado reconociendo que la compañía atraviesa un proceso administrativo ante entidades regulatorias. Hicieron un llamado a la Fiscalía y la SAE para proteger la marca colombiana que, según su versión, ha generado miles de empleos directos e indirectos. Pero para las 2.000 empleadas que fueron abandonadas el lunes 27 de abril, esa protección llegaba demasiado tarde. Ahora dependen de que las autoridades logren estabilizar una operación que sus propios directivos desmantelaron en el momento más crítico.
Citações Notáveis
Tenemos conocimiento que las directivas de la sociedad Lili Pink supieron de las diligencias que se iban a desarrollar por parte de la Fiscalía y dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas— Amelia Pérez, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales
La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía que luego era distribuida en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad— Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra delitos fiscales
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Cómo es posible que los directivos supieran de la redada con anticipación?
Según la SAE, las directivas de Lili Pink tuvieron conocimiento de las diligencias que se iban a desarrollar. No se especifica cómo obtuvieron esa información, pero el hecho es que cuando llegaron los agentes, los mandos altos ya no estaban en las tiendas.
¿Y qué pasó con esas 2.000 empleadas?
Fueron abandonadas. Se encontraron de repente sin instrucciones, sin saber si seguirían teniendo empleo, sin claridad sobre qué sucedería con sus salarios. La SAE y el Ministerio del Trabajo tuvieron que intervenir de inmediato para atender la crisis.
¿Esto significa que la operación era más que solo contrabando?
Mucho más. Era un sistema sofisticado de lavado de capitales. Traían mercancía ilegal, la distribuían a través de las tiendas para darle apariencia de legalidad, y así integraban dinero ilícito al sistema económico formal. La marca era la fachada.
¿Las tiendas van a cerrar ahora?
No. Las autoridades decidieron que continuarán operando mientras avanzan los trámites judiciales. La SAE asumirá la administración de los bienes. Es una forma de proteger tanto los activos como los empleos, aunque sea de manera provisional.
¿Qué tan grande era esta operación?
Enorme. 730.000 millones de pesos en lavado de activos, 430.000 millones en enriquecimiento ilícito, 405 locales comerciales incautados, 40 inmuebles, operación en 59 ciudades de 25 departamentos. Esto no era un negocio pequeño.