Representamos a la soberanía popular y haremos los cambios necesarios
Cuando un tribunal constitucional frena las promesas de seguridad de un gobierno, la tensión entre la legalidad y la voluntad popular se vuelve inevitable. En Chile, el rechazo del proyecto Escuelas Protegidas por parte del Tribunal Constitucional ha llevado al Partido Republicano a contemplar una reforma constitucional que permita restringir derechos de delincuentes sin colisionar con la carta magna. Arturo Squella, su presidente, plantea que la soberanía popular exige que el gobernante pueda cumplir su promesa esencial: proteger a las personas.
- El Tribunal Constitucional rechazó el proyecto Escuelas Protegidas, dejando en entredicho toda la agenda de seguridad del gobierno Kast.
- El fallo amenaza con arrastrar otros proyectos clave como el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, ampliando la brecha entre lo prometido y lo posible.
- Squella advierte que quienes voten contra una reforma constitucional deberán explicarle a la ciudadanía por qué se oponen a proteger a la población.
- El Partido Republicano prepara una reforma que requeriría el respaldo de cuatro séptimos del Congreso para habilitar restricciones de derechos a delincuentes sin riesgo de inconstitucionalidad.
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, analizó en CNN Prime las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional que rechazó el proyecto Escuelas Protegidas, una iniciativa de la administración Kast para combatir la violencia en establecimientos educacionales. Consultado sobre si la decisión podría afectar otros proyectos de seguridad, Squella fue directo: el impacto sería inevitable, aunque aún se desconocían los fundamentos específicos del tribunal.
El líder republicano distinguió entre el rol del ejecutivo y el de los órganos autónomos, reconociendo que el Tribunal Constitucional no está obligado a alinearse con la visión del gobierno. Sin embargo, señaló que existe un problema de fondo: la ciudadanía lleva tiempo exigiendo un estándar de protección muy distinto al que la Constitución actual permite, y el fallo revela una interpretación que no conversa con la obligación central del gobernante de proteger a las personas.
Ante esta colisión, Squella anunció que si los argumentos de la sentencia confirman un choque estructural con la Constitución, su partido presentará una reforma constitucional que habilite explícitamente a la ley para restringir o suspender derechos de los delincuentes. Dicha reforma requeriría un quórum de cuatro séptimos en el Congreso. Para Squella, quienes voten en contra tendrán que explicarle a la ciudadanía por qué se oponen a darle mayor protección a la población: una declaración de intención política frente a lo que considera un tribunal que, pese a su legitimidad, está obstaculizando el cumplimiento de la promesa central del gobierno.
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, compareció en CNN Prime para analizar las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional que rechazó el proyecto de Escuelas Protegidas, una iniciativa impulsada por la administración Kast diseñada para combatir la violencia al interior de los establecimientos educacionales. Cuando la periodista Mónica Rincón le preguntó si esta decisión judicial podría afectar otros proyectos de seguridad, como el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, Squella fue directo: el impacto sería inevitable, aunque aclaró que aún no conocían los fundamentos específicos detrás de la posición del tribunal.
El líder republicano planteó una distinción importante sobre el rol de los órganos autónomos en la estructura constitucional. Cuando los ciudadanos eligen a un presidente, explicó, están eligiendo tanto un jefe de gobierno como un jefe de estado, pero eso no significa que instituciones como el Tribunal Constitucional deban alinearse automáticamente con la visión del ejecutivo. Sin embargo, agregó que existe un problema de fondo: la ciudadanía lleva tiempo exigiendo un estándar de protección de derechos fundamentales significativamente distinto al actual.
Squella interpretó el fallo como una señal preocupante sobre cómo el tribunal está leyendo la Constitución. A su juicio, esa interpretación no conversa con la importancia que el Partido Republicano y sus votantes asignan a la obligación central del gobernante: proteger a las personas. La brecha entre lo que el gobierno prometió y lo que el tribunal permite hacer en materia de seguridad se estaba ampliando.
Anticipando los próximos pasos, Squella anunció que si los argumentos de la sentencia revelan una colisión con algo estructural de la Constitución, su partido presentaría una reforma constitucional que habilitara explícitamente a la ley para restringir o suspender derechos de los delincuentes sin generar problemas de constitucionalidad. Una reforma de esa envergadura requeriría un quórum de cuatro séptimos en el Congreso.
El presidente republicano fue claro sobre las implicaciones políticas de su propuesta. Quienes votaran en contra de una reforma así tendrían que explicarle a la ciudadanía por qué se oponían a darle mayor protección a la población. Squella enfatizó que su partido representa la soberanía popular y que, si el Tribunal Constitucional estaba bloqueando iniciativas de seguridad basándose en interpretaciones que colisionaban con lo que el gobierno consideraba estructuralmente necesario, entonces correspondia hacer los cambios constitucionales pertinentes. No era una amenaza velada: era una declaración de intención política frente a lo que Squella veía como un tribunal que, aunque calificado en su función, estaba obstaculizando la capacidad del ejecutivo de cumplir su promesa central de seguridad.
Citações Notáveis
La principal obligación que tiene el gobernante, en el amplio sentido de la palabra, es la protección de las personas— Arturo Squella, presidente del Partido Republicano
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué el Tribunal Constitucional rechazaría un proyecto que busca proteger a los estudiantes en las escuelas?
El tribunal no rechaza la intención. Rechaza la forma. Probablemente encontró que el proyecto invadía derechos constitucionales de manera que la ley no puede hacer sin una reforma previa que lo autorice explícitamente.
Entonces Squella está diciendo que la Constitución está mal diseñada para los tiempos actuales.
No exactamente. Está diciendo que la Constitución, tal como está escrita, no le da herramientas al gobierno para hacer lo que la gente le pidió que hiciera. Y que si eso es verdad, hay que cambiar la Constitución.
¿Pero no es peligroso que un partido simplemente reforme la Constitución cada vez que un tribunal le dice que no?
Claro que es una pregunta válida. Por eso Squella menciona que necesita cuatro séptimos del Congreso. No puede hacerlo solo. Tiene que convencer a otros de que el cambio es necesario.
¿Y si otros partidos piensan que la Constitución está bien como está?
Entonces tendrán que votar en contra. Y Squella está diciendo que tendrán que explicarle a la gente por qué creen que la seguridad no es una prioridad constitucional.
¿Esto es una amenaza al tribunal?
No es una amenaza. Es una respuesta política. Squella está diciendo: si el tribunal bloquea lo que prometimos, iremos a la ciudadanía y pediremos que cambien las reglas del juego.