En Colombia, la rapidez con que el Estado otorgó protección armada a Beto Coral —deportado de Estados Unidos— ha abierto una grieta entre la discrecionalidad del poder ejecutivo y los principios que deben regir la seguridad pública. La Unidad Nacional de Protección asignó camioneta blindada y escoltas en cuestión de horas, sin el estudio de riesgo que la ley exige, lo que ha llevado a sindicalistas y legisladores a preguntarse si el Estado protege a quienes más lo necesitan o a quienes más conviene proteger políticamente.
Representante electo cuestiona asignación de esquema de seguridad a Beto Coral
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Bias & Framing
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Geopolitical Impact
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Economic Lens
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