Una muerte civil, parte de un patrón de persecución
Aproximadamente 2,000 abogados perdieron sus credenciales profesionales, según estimaciones de La Prensa, eliminando su capacidad de ejercer la defensa legal independiente. El gobierno utiliza el control del registro de abogados para castigar a opositores y personas independientes, mientras reformas constitucionales redefinieron el poder judicial como órgano coordinado por Ortega.
- Aproximadamente 2.000 abogados perdieron sus licencias en Nicaragua según La Prensa
- Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan Nicaragua desde hace casi dos décadas
- Reformas constitucionales redefinieron el poder judicial como órgano coordinado por Ortega
- Más de 92.000 personas encarceladas en El Salvador desde 2022 sin orden judicial previa
Nicaragua ha cancelado las licencias de cientos de abogados del registro judicial, lo que la ONU denunció como una 'purga silenciosa' que socava la independencia judicial bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En Nicaragua, cientos de abogados despertaron un día descubriendo que sus nombres habían desaparecido del registro de la Corte Suprema de Justicia. Algunos se enteraron cuando intentaron acceder a la plataforma digital para consultar expedientes. Otros lo supieron al intentar realizar trámites rutinarios. De repente, ya no existían profesionalmente. El diario La Prensa, que opera desde el exilio, estimó que alrededor de 2.000 abogados fueron eliminados del registro en lo que expertos de la ONU denominaron una "depuración silenciosa", un nuevo clavo en el ataúd de la independencia judicial nicaragüense.
Lo que está ocurriendo en Nicaragua no es accidental ni administrativo. Una abogada exiliada, cuyo nombre fue borrado del registro, explicó a la AFP bajo anonimato que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo está utilizando deliberadamente el control del registro de abogados y notarios para castigar a personas consideradas opositoras o independientes. Un exfuncionario judicial de alto rango precisó que Nicaragua cuenta con aproximadamente 40.000 juristas, y estimó que "cientos" fueron proscritos por motivos políticos, aunque otros pudieron haber sido eliminados por irregularidades profesionales. La cifra exacta permanece incierta porque el gobierno no ha publicado datos oficiales.
Esta purga ocurre en el contexto de un deterioro sistemático de la justicia. En 2023, tras una intervención policial, fueron destituidos altos funcionarios de la Corte Suprema. Dos años después, reformas constitucionales redefinieron el poder judicial no como una rama independiente, sino como un "órgano" coordinado directamente por Ortega y Murillo, quienes gobiernan desde hace casi dos décadas con poder absoluto. La cancelación de licencias es el siguiente paso en una estrategia que busca eliminar toda resistencia dentro del sistema legal.
Para los abogados que permanecen activos, la realidad es sofocante. Una defensora exiliada describió lo que enfrentan sus colegas: tendrán que ejercer el derecho como un "privilegio del régimen" que puede serles arrebatado en cualquier momento y sin causa alguna. Muchos enfrentarán dificultades económicas graves. Algunos se unirán a la diáspora nicaragüense que crece constantemente. Un exfuncionario judicial exiliado fue más directo: "En Nicaragua hay un descalabro total del sistema de justicia. Los abogados saben que no pueden pelear contra el Estado y se han quedado haciendo escrituritas. No hay debido proceso, sino una sumisión a los dictadores". Para una abogada defensora, la medida constituye "una muerte civil", parte de un patrón más amplio de persecución que incluye el despojo de nacionalidad a críticos del gobierno.
Nicaragua no es un caso aislado. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha utilizado un régimen de excepción para librar lo que presenta como una guerra exitosa contra las pandillas desde 2022. Bajo este régimen, los abogados no pueden comunicarse regularmente con sus defendidos ni tienen acceso oportuno a los expedientes, lo que hace prácticamente imposible preparar una defensa adecuada. Más de 92.000 personas han sido encarceladas desde 2022 sin orden judicial previa, y según organizaciones no gubernamentales, miles de ellas son inocentes. Un abogado privado salvadoreño relató que cientos de defensores públicos han sido despedidos y que los casos están siendo abandonados. Los testigos, aterrorizados por el régimen de excepción, se niegan a colaborar con pruebas que podrían favorecer a los acusados. Este abogado omitió su nombre porque revelar su identidad podría resultar en su encarcelamiento.
En Venezuela, los obstáculos legales se combinan con "tratos degradantes, acoso, amenazas y estigmatización" por parte de funcionarios judicales, según denuncias documentadas por la organización Foro Penal, que representa a cientos de opositores encarcelados. En Cuba, donde los bufetes privados no existen, la defensa de los detenidos está completamente en manos del Estado, lo que significa que quienes buscan demostrar su inocencia dependen del mismo poder que los acusa. La abogada Ruth López, detenida en El Salvador hace un año tras denunciar corrupción y violaciones de derechos humanos, ni siquiera puede recibir visitas regulares de su defensor. Un padre desesperado en El Salvador ha cambiado de abogado tres veces en año y medio, sin lograr que acrediten al último, aterrado ante la posibilidad de que convoquen a audiencia sin que su hijo tenga quien lo defienda.
Lo que está sucediendo en Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Cuba refleja una estrategia compartida entre gobiernos autoritarios: controlar la justicia eliminando la posibilidad de una defensa independiente. Sin abogados que puedan actuar libremente, sin acceso a expedientes, sin comunicación con los acusados, el sistema legal deja de ser un mecanismo de justicia y se convierte en un instrumento de represión. Los ciudadanos quedan indefensos no por falta de leyes, sino porque las instituciones diseñadas para protegerlos han sido capturadas completamente por el poder ejecutivo.
Notable Quotes
En Nicaragua hay un descalabro total del sistema de justicia. Los abogados saben que no pueden pelear contra el Estado— Exfuncionario judicial exiliado
El gobierno está usando el control del registro de abogados y notarios para castigar a personas consideradas opositoras o independientes— Abogada nicaragüense exiliada
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el gobierno de Ortega elegiría atacar específicamente a los abogados? ¿No necesita un sistema legal que funcione?
Necesita un sistema legal que parezca funcionar, pero que en realidad obedezca. Los abogados independientes son el último obstáculo. Si controla quién puede ejercer, controla quién puede defender a sus enemigos.
¿Cómo se enteran los abogados de que fueron eliminados? ¿Hay una notificación oficial?
No. Algunos lo descubren cuando intentan acceder a una plataforma digital. Otros cuando van a un juzgado. Es silencioso, sin explicación, sin recurso. Eso es parte del castigo.
La cifra de 2.000 abogados parece enorme. ¿Cómo es posible que un país pierda ese número de profesionales sin que haya una crisis visible?
Porque sucede en silencio y porque muchos ya estaban en el exilio o habían dejado de ejercer por miedo. Pero también porque los que quedan simplemente aceptan las reglas: no defienden casos políticos, no cuestionan, sobreviven.
¿Qué diferencia hay entre lo que pasa en Nicaragua y lo que describe en El Salvador?
En Nicaragua es más directo: te quitan la licencia. En El Salvador es más sofisticado: te permiten ejercer pero te impiden acceder a tu cliente, a los expedientes, a cualquier cosa que necesites para defenderlo. El resultado es el mismo: la defensa independiente desaparece.
¿Hay algún abogado que se atreva a resistir?
Los que resisten están en el exilio. Los que quedan en el país saben que resistir significa perder todo. Eso es lo que hace que esto sea tan efectivo.