La ciudadanía esperaba respuestas concretas, no un escenario de confrontación política
En medio de una escalada de violencia que sacude a Barranquilla y su área metropolitana, el presidente Gustavo Petro ofreció una explicación pública sobre las raíces de la inseguridad, atribuyéndola a redes criminales que operan esquemas de control de deudas y lavado de activos. Sus palabras, sin embargo, abrieron una fractura política: dirigentes locales de diversas tendencias rechazaron no solo el diagnóstico, sino la costumbre de señalar sin pruebas, y reclamaron al Gobierno nacional lo que consideran una deuda pendiente con la ciudadanía: una estrategia de seguridad real, coordinada y efectiva. La disputa revela una tensión más profunda entre la narrativa del poder central y las urgencias de quienes viven la crisis en carne propia.
- La violencia en Barranquilla —extorsión, crimen organizado y homicidios en aumento— presiona a la ciudadanía y exige respuestas que el Gobierno nacional no ha dado con claridad.
- Las declaraciones del presidente Petro, que vincularon la inseguridad a bandas de cobro de deudas y dinámicas electorales, encendieron la indignación de congresistas y concejales que las consideraron acusaciones sin respaldo.
- Dirigentes como Samir Radi y Gersel Pérez señalan que la política de paz total del Gobierno ha permitido que grupos armados se fortalezcan, agravando la crisis en lugar de contenerla.
- El llamado unánime de los líderes locales es a construir una estrategia conjunta: más inteligencia, mejor dotación de la fuerza pública, coordinación institucional y un sistema penitenciario que impida que los criminales sigan delinquiendo desde las cárceles.
- La crisis corre el riesgo de quedar atrapada en la polarización política si el Gobierno nacional no asume responsabilidad institucional y abandona el uso de la inseguridad como herramienta de confrontación electoral.
Cuando el presidente Gustavo Petro explicó públicamente lo que, según él, alimenta la ola de violencia en Barranquilla —bandas que controlan deudas mediante amenazas y armas, facilitando el lavado de activos e influyendo en dinámicas electorales—, la respuesta política en el Atlántico fue inmediata y transversal. Dirigentes de distintas corrientes coincidieron en un reclamo: el Gobierno nacional debe actuar más, no desviar la atención con acusaciones sin pruebas.
El congresista electo Samir Radi señaló que Petro ha convertido en costumbre responder a cuestionamientos con señalamientos infundados. Más allá del choque político, Radi insistió en lo urgente: una estrategia conjunta entre autoridades locales y el próximo Gobierno que fortalezca la inteligencia, dote mejor a la fuerza pública y persiga a los cabecillas criminales. También reclamó reformar el sistema penitenciario para que los delincuentes encarcelados no sigan ordenando crímenes desde adentro.
El congresista Gersel Pérez fue más directo al conectar el deterioro de la seguridad con el fracaso de la política de paz total, que a su juicio permitió que grupos armados se consolidaran en varias regiones. Le exigió a Petro responsabilidad institucional en lugar de ataques contra la familia Char. El concejal Andrés Ballesteros advirtió que reducir la crisis a señalamientos contra un sector político no resuelve nada y profundiza la polarización.
Otros voces locales, como el exconcejal Juan Camilo Fuentes y el exfuncionario Alberto Salah, coincidieron en que la ciudadanía espera respuestas concretas frente al crecimiento de la extorsión y los homicidios, no un escenario de confrontación. El mensaje colectivo es claro: Barranquilla necesita unidad institucional, inteligencia reforzada y un Gobierno nacional que asuma su responsabilidad en la crisis de seguridad, no que la use como munición política.
El presidente Gustavo Petro encendió una disputa política en el Atlántico cuando explicó públicamente qué creía que estaba detrás de la ola de violencia que sacude a Barranquilla y su zona metropolitana. Sus palabras no cayeron bien. Dirigentes locales de distintos colores políticos salieron a rechazar sus argumentos, y en lugar de debatir las causas que el mandatario señalaba, coincidieron en un reclamo común: el Gobierno nacional necesita hacer más, no menos, para frenar el avance de las organizaciones criminales en la región.
Petro había sostenido en redes sociales que la inseguridad en la capital del Atlántico tiene raíces en bandas armadas que operan un esquema de control de deudas. Según su análisis, estas estructuras utilizan amenazas y armas para presionar a quienes deben dinero, obligándolos a pagar, en un ciclo que facilita el lavado de activos. El presidente también sugirió que estas organizaciones han influido en dinámicas electorales y en economías ilegales locales.
El congresista electo Samir Radi fue directo en su crítica. Dijo que Petro ha hecho de esto una costumbre: responder a cuestionamientos con acusaciones sin respaldarlas con pruebas. Radi señaló que durante buena parte de su gobierno el presidente ha usado este mecanismo para desviar la atención de quienes se atreven a cuestionarlo. Pero más allá del enfrentamiento político, Radi insistió en que lo urgente es construir una estrategia conjunta entre autoridades locales y el próximo Gobierno nacional. Eso significa fortalecer inteligencia, dotar mejor a la fuerza pública, mejorar coordinación institucional y perseguir a los cabecillas de las estructuras delincuenciales. También pidió reforzar el sistema penitenciario para que los criminales encarcelados dejen de ordenar delitos desde las cárceles.
El congresista Gersel Pérez fue más lejos. Conectó el deterioro de la seguridad directamente con lo que llamó el fracaso de la política de paz total impulsada por el Gobierno nacional. Según Pérez, esa estrategia terminó permitiendo que grupos armados y organizaciones criminales se fortalecieran en distintas regiones del país. Le pidió al presidente que asumiera responsabilidad institucional en lugar de desviarse con acusaciones sin pruebas contra Alejandro Char y su familia. El concejal Andrés Ballesteros también rechazó los señalamientos presidenciales, argumentando que aunque Barranquilla enfrenta desafíos reales de seguridad, la situación no puede reducirse a ataques generalizados contra una familia o un sector político. Ballesteros advirtió que ese tipo de afirmaciones no resuelven nada y, al contrario, profundizan la polarización.
Otros dirigentes locales se sumaron a las críticas. El exconcejal Juan Camilo Fuentes calificó las declaraciones de Petro como equivocadas. Alberto Salah, exgerente de la Agencia Distrital de Infraestructura, fue más específico: dijo que la ciudadanía esperaba respuestas concretas frente al incremento de la violencia, no un escenario de confrontación política. Salah señaló que el crecimiento de extorsión, crimen organizado y homicidios requería que el Gobierno nacional respaldara institucionalmente los esfuerzos locales en infraestructura de seguridad, inteligencia, logística y capacidades operativas de la fuerza pública.
En el fondo, el mensaje de estos dirigentes es consistente: Barranquilla necesita unidad institucional, no divisiones políticas. Necesita que el Gobierno nacional asuma responsabilidad por una política de seguridad que no ha funcionado, que refuerce la inteligencia y la persecución de criminales, y que arregle un sistema penitenciario que permite que delincuentes sigan dirigiendo operaciones desde las cárceles. Lo que no necesita, según ellos, es que el presidente use la crisis de seguridad como munición en una batalla política contra adversarios locales.
Notable Quotes
Pasó buena parte de su gobierno recurriendo a ese mecanismo para desviar la atención y atacar a quienes se atreven a cuestionarlo— Samir Radi, congresista electo
No desvíe la atención con acusaciones sin pruebas. La seguridad de Colombia es su responsabilidad— Gersel Pérez, presidente de la Comisión Afro del Congreso
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué los políticos locales rechazaron tan rápido lo que dijo Petro sobre las bandas y el lavado de activos?
Porque sintieron que el presidente estaba usando la crisis de seguridad como arma política contra ellos, específicamente contra la familia Char, en lugar de enfrentar el problema real. Les molestó que hablara de acusaciones sin presentar pruebas.
¿Entonces creen que Petro está equivocado en su análisis de cómo operan estas bandas?
No necesariamente. Lo que cuestionan es que mientras el presidente debate causas políticas, la violencia sigue creciendo. Quieren que se enfoque en fortalecer inteligencia, perseguir cabecillas y arreglar el sistema penitenciario.
¿Qué tiene que ver la política de paz total con todo esto?
Varios dirigentes la ven como un fracaso que permitió que grupos armados se fortalecieran. Creen que esa política contribuyó al deterioro de la seguridad que ahora Barranquilla está sufriendo.
¿Hay algo que todos estos políticos locales acuerden, más allá de criticar a Petro?
Sí. Todos piden unidad institucional, respaldo del Gobierno nacional, y que se deje de lado la polarización política para enfrentar juntos la criminalidad.
¿Qué espera Barranquilla del próximo Gobierno?
Que asuma la responsabilidad que el actual no ha asumido. Que construya una estrategia real de seguridad, que refuerce la fuerza pública y que no use la ciudad como escenario de batallas políticas.