Expertos dividen opiniones sobre la prohibición científica de la marcha del 8-M en Madrid

A pocos días de la marcha del 8 de marzo en Madrid, la Delegación del Gobierno tomó una decisión que dividió a la comunidad científica: prohibir las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer invocando razones de salud pública. Los números parecían justificar la medida. La región registraba 253 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, superando el umbral de riesgo extremo de 250 que marca el Ministerio de Sanidad. Se esperaba que más de 60.000 personas confluyeran en las calles. Pero cuando los epidemiólogos españoles analizaron la decisión, el consenso se resquebrajó.

Todos coincidían en lo fundamental: cualquier aglomeración conlleva riesgo. Fernando García, epidemiólogo de la Asociación Madrileña de Salud Pública, lo expresó sin ambages: si todo se decidiera únicamente por criterios científicos, todos estaríamos en casa. Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, añadió que mantener distancia en una manifestación no es realista. Pero el riesgo no es uniforme. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses establecen una escala de cuatro niveles. Las actividades virtuales ocupan el extremo más seguro. Las reuniones presenciales pequeñas, al aire libre, entre personas de la misma zona, con mascarilla y dos metros de distancia, representan un riesgo moderado. Las concentraciones medianas de gente que viene de fuera del área suben un escalón. Y en la cúspide están las grandes aglomeraciones donde es casi imposible mantener separación. El 8-M caería en los dos niveles más altos, reconoció García, especialmente si asistentes de municipios como Collado Villalba —con una incidencia de 405 casos— se sumaban a la marcha.

Lo que los expertos cuestionaban no era si había riesgo, sino si ese riesgo podía controlarse y, más aún, si la prohibición era coherente con el resto de decisiones que tomaba Madrid. García citó un estudio sobre las protestas del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos el verano anterior. Los investigadores compararon las tasas de contagio en ciudades donde hubo manifestaciones con grupos de control similares. El resultado fue revelador: sí hubo un aumento de casos, pero fue pequeño, relativamente poco importante. Las medidas funcionaban: distancia de seguridad, grupos burbuja de convivientes, mascarillas, no gritar, no asistir con síntomas. El problema, advirtió Ortí, era que eso requería un control muy estricto y un comportamiento casi perfecto. Aunque el 99% de la gente cumpliera, el 1% restante podía romper todo el sistema.

Pero la incoherencia saltaba a la vista. Madrid, la región que más había sufrido la pandemia, era también la que había impuesto las medidas más laxas. Nunca cerró completamente la hostelería. Permitió eventos como el concierto de Raphael en diciembre, donde 4.368 espectadores llenaron el Wizink Center con un aforo del 25%. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se negaba a perimetrar la región en Semana Santa y rechazaba el toque de queda. Ahora prohibía una manifestación regulada, al aire libre, pero mantenía los bares abiertos. Pedro Gullón, otro epidemiólogo, planteó la pregunta que flotaba en el aire: ¿tiene sentido prohibir una marcha exterior controlada y dejar que funcionen los interiores de los bares? Un bar solo no es un supercontagiador, pero docenas de bares con una docena de personas dentro cada uno sí lo son.

Los tres expertos coincidieron en que la decisión era incoherente. Pero había algo más debajo. La manifestación del 8-M llevaba un peso político que ninguno podía ignorar. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, había dicho que epidemiológicamente no había lugar para la marcha. La ministra de Igualdad, Irene Montero, habló de criminalización del movimiento feminista. José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, argumentó que había 104 manifestaciones convocadas y que la decisión se basaba en informes policiales y médicos. Gullón sospechaba que bajo todo esto había una mezcla de política y machismo. Recordó que un año atrás, el 8-M de 2020 había sido culpado de alimentar la primera ola. Ahora, antes de que ocurriera, ya se preparaba el terreno para culpar al movimiento feminista de una posible cuarta ola. Para él, reclamar derechos fundamentales era un derecho básico, y si el riesgo se podía minimizar, la prohibición era desproporcionada.

García admitió que el asunto estaba muy cargado políticamente y era difícil sacar cosas en claro. Ortí recordó cómo el año anterior, la injerencia política sobre las medidas sanitarias se había visto por primera vez, y eso había tenido repercusiones en el aumento de infecciones. Ahora los políticos empezaban a dejarse asesorar por técnicos que sabían que cualquier evento de este tipo conllevaría un aumento de casos. Para Ortí, era peligroso autorizarlo. Pero para García, si el riesgo se podía minimizar, la prohibición era desproporcionada. La ciencia había hablado, pero no con una sola voz.