La lucha continúa, dicen los impulsores de la revocatoria
En Ecuador, la tensión entre participación ciudadana e institucionalidad electoral alcanza un nuevo capítulo: la plataforma Revoca EC, impulsora de la revocatoria contra el presidente Daniel Noboa, rechaza la decisión del Consejo Nacional Electoral de bloquear su iniciativa y anuncia recursos legales y constitucionales. El CNE argumentó que los proponentes no demostraron incumplimiento del plan de trabajo presidencial, mientras los promotores acusan al organismo de parcialidad y opacidad. La disputa traslada al ámbito judicial una pregunta más profunda sobre los límites y garantías de la democracia directa en tiempos de polarización.
- El CNE cerró la puerta a la revocatoria al negar los formularios para recopilar firmas, alegando que no se probó incumplimiento del plan de gobierno de Noboa.
- Los promotores denuncian que el organismo electoral actuó con falta de transparencia, negándoles acceso a la documentación presentada por el Ejecutivo en su defensa.
- Figuras como el abogado Washington Andrade, el líder indígena Leonidas Iza y el activista Jorge Cáceres se niegan a aceptar el rechazo y prometen agotar todos los recursos legales disponibles.
- El Gobierno descarta el proceso como un intento de desestabilización, mientras una segunda solicitud de revocatoria —presentada por sindicatos y organizaciones sociales— aún aguarda análisis en el CNE.
- Revoca EC prepara una rueda de prensa para anunciar acciones constitucionales concretas, trasladando la batalla de las calles a los tribunales.
En Quito, la plataforma Revoca EC anunció que impugnará la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar los formularios necesarios para recopilar firmas ciudadanas contra el presidente Daniel Noboa. Los promotores estudian los argumentos jurídicos del CNE, que rechazó la solicitud al considerar que no se demostró incumplimiento del plan de trabajo plurianual presidencial, requisito indispensable para activar este mecanismo de democracia directa.
Más allá del fondo legal, los impulsores acusan al organismo de parcialidad y de haber impuesto condiciones desfavorables desde el inicio. Señalan que aún no han podido acceder a la documentación que el Ejecutivo presentó como defensa, lo que califican como una violación a los principios de transparencia y publicidad. Para ellos, la actuación del CNE refleja el temor del poder ante un eventual pronunciamiento popular en las urnas.
La iniciativa fue encabezada por el abogado Washington Andrade, el dirigente indígena Leonidas Iza Salazar y el activista Jorge Cáceres. Andrade prometió interponer todos los recursos previstos en la ley y la Constitución. Desde el Gobierno, la ministra Nataly Morillo descartó el proceso como un intento de desestabilización que nunca prosperó.
Mientras tanto, el CNE tiene pendiente una segunda solicitud de revocatoria presentada por la Unión Nacional de Educadores, Fenocin y otras organizaciones. Revoca EC convocará próximamente a una rueda de prensa para anunciar las acciones legales que presentará dentro de los plazos establecidos, llevando la disputa sobre la democracia directa al terreno judicial.
En Quito, los impulsores de un proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa anunciaron el miércoles que no aceptarán la decisión del Consejo Nacional Electoral de bloquear su iniciativa. Dijeron que la lucha continúa y que presentarán recursos legales para impugnar el rechazo.
La plataforma Revoca EC, que encabeza esta iniciativa, informó que está analizando los fundamentos jurídicos que el CNE utilizó para negar la entrega de formularios destinados a recopilar firmas ciudadanas. El organismo electoral rechazó la solicitud al determinar que los proponentes no habían demostrado que el presidente incumpliera con su plan de trabajo plurianual, requisito fundamental para activar este mecanismo de democracia directa.
Los promotores argumentan que las decisiones del CNE vulneran derechos de participación ciudadana y principios democráticos, y sostienen que el organismo no ha actuado con imparcialidad. Acusan al CNE de favorecer al Gobierno y de haber impuesto condiciones desfavorables desde el inicio del proceso. También denuncian violaciones de transparencia y publicidad, señalando que aún no han tenido acceso a la documentación que el Ejecutivo presentó como defensa ante el CNE.
La iniciativa fue impulsada por el abogado Washington Andrade, el dirigente indígena Leonidas Iza Salazar y el activista Jorge Cáceres. En redes sociales, Andrade cuestionó el rechazo y prometió interponer todos los recursos previstos en la ley y la Constitución. Los proponentes afirman que esta actuación del CNE refleja el temor de las autoridades a un eventual pronunciamiento ciudadano en las urnas.
Desde el Gobierno, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, descartó la revocatoria como un intento de desestabilización política. Calificó el proceso como un esfuerzo que nunca fue aceptable y que no prosperó. Mientras tanto, el CNE tiene pendiente analizar una segunda solicitud de revocatoria presentada por la Unión Nacional de Educadores, Fenocin y otras organizaciones sindicales y sociales.
Los promotores de Revoca EC anunciaron que, una vez concluido su análisis jurídico, convocarán a una rueda de prensa para anunciar las acciones legales que presentarán dentro de los plazos establecidos. La batalla por este mecanismo de democracia directa continúa en los tribunales.
Citas Notables
Ante este atentado a la democracia, interpondremos los recursos previstos en la ley y la Constitución— Washington Andrade, abogado y promotor de la revocatoria
Nunca fue aceptable utilizar una figura tan seria como la revocatoria del mandato, como una herramienta de desestabilización política— Nataly Morillo, ministra de Gobierno
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el CNE rechazó específicamente esta solicitud?
Dijeron que los proponentes no probaron que Noboa incumpliera su plan de trabajo plurianual. Es el requisito legal para que avance una revocatoria.
¿Y los promotores qué dicen de eso?
Que el CNE está siendo selectivo, que hay falta de transparencia. Ni siquiera les mostraron toda la documentación que el Gobierno presentó como defensa.
¿Esto es solo un grupo de abogados o hay movimiento social detrás?
Hay un segundo proceso impulsado por sindicatos y organizaciones indígenas y campesinas. Así que no es aislado, hay presión desde distintos sectores.
¿Qué tan probable es que logren revertir esto legalmente?
Eso depende de cómo los tribunales interpreten si el CNE actuó dentro de sus facultades o si violó derechos de participación. Es un terreno incierto.
¿Y el Gobierno qué está haciendo?
Minimizando. La ministra lo llamó un delirio, una herramienta de desestabilización. Pero el hecho de que haya dos procesos simultáneos sugiere que hay inquietud real.