Cuando no hay pruebas, siembra la duda en algún rincón del sistema
En el ciclo electoral español de 2026, PP y Vox han comenzado a sembrar dudas sobre la integridad del voto por correo y la ley de nietos, siguiendo un guión ya ensayado por Bolsonaro y Trump: cuando no hay fraude demostrable, basta con insinuarlo. Lo que distingue este episodio es la inversión ideológica de Feijóo, quien durante décadas defendió precisamente las políticas que hoy combate, revelando que la competencia con la ultraderecha puede ser más poderosa que la coherencia histórica. Los datos, sin embargo, cuentan otra historia: apenas el 8,87% de los españoles en el exterior votó en 2023, y su influencia en el resultado fue marginal.
- Vox solicita formalmente prohibir el voto por correo a 2,2 millones de españoles en el extranjero, acusando sin pruebas de un 'pucherazo' orquestado desde el Gobierno.
- Feijóo abandona dieciséis años de defensa de la ley de nietos y la convierte en arma electoral, hablando de 'ingeniería electoral' para no quedarse atrás de Abascal.
- El resto de los partidos rechaza la propuesta de Vox de contar los votos por correo por separado, advirtiendo que comprometería el secreto del sufragio en municipios pequeños.
- Los números desmienten la alarma: solo 203.115 personas votaron desde el exterior en 2023, alterando apenas un escaño en toda España.
- La paradoja histórica es visible: la reforma que Vox quiere desmantelar fue pactada en 2020 precisamente para corregir las irregularidades reales que el voto rogado había generado bajo gobiernos del PP.
Existe un manual compartido por los movimientos ultraderechistas: cuando no hay fraude, basta con insinuarlo. Bolsonaro lo hizo con el voto electrónico en Brasil; Trump, con el correo postal en Estados Unidos. Esta semana, Vox decidió aplicar la misma estrategia en España, solicitando a la Junta Electoral que se prohibiera el voto por correo a los más de dos millones de españoles censados en el extranjero. La justificación: supuestos riesgos de fraude en los servicios postales de otros países, sin ninguna evidencia concreta.
El PP no tardó en sumarse a la contienda. Alberto Núñez Feijóo, que durante dieciséis años como presidente de la Xunta de Galicia defendió la ley de nietos —e incluso prometió en Buenos Aires en 2022 una versión más ambiciosa—, comenzó a hablar de 'ingeniería electoral' para insinuar que esa misma ley podría ser un instrumento de manipulación. Su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, tuvo que hacer equilibrios para no contradecir ni a su partido ni a la tradición que ambos representan.
La propuesta de Vox es sin precedentes: obligar a los expatriados a votar solo presencialmente en los consulados, lo que haría imposible participar a quienes viven lejos de las grandes ciudades. La ironía es que la última gran reforma electoral, pactada en 2020 por los principales partidos, buscaba exactamente lo contrario: facilitar la participación eliminando el llamado voto rogado, que desde 2011 había hundido la participación exterior hasta poco más del tres por ciento.
Los datos desmontan la alarma. En las generales de 2023, solo votó el 8,87% de los censados en el exterior: 203.115 personas de más de dos millones. Su impacto fue mínimo: alteró un único escaño en Madrid. En cuanto a la ley de nietos, el aumento real del censo es modesto; en Buenos Aires, por ejemplo, creció apenas un seis por ciento. Los números no sostienen el relato de fraude masivo que ambos partidos están construyendo.
Existe un manual no escrito que comparten los movimientos ultraderechistas de todo el mundo: cuando no hay pruebas de fraude, invéntalo. Siembra la duda en algún rincón del sistema electoral y deja que la sospecha haga el trabajo. En Brasil, Jair Bolsonaro apunta al voto electrónico, que funciona sin problemas desde hace más de veinte años. En Estados Unidos, Donald Trump señala el correo postal. Y en España, Vox ha decidido copiar la estrategia con entusiasmo.
Esta semana, el partido de Santiago Abascal presentó una solicitud a la Junta Electoral para que se prohibiera el voto por correo a los más de dos millones doscientos mil españoles censados fuera del país. La propuesta llegó en medio de una campaña más amplia, en la que el Partido Popular ha decidido competir con la extrema derecha, insinuando que la ley de nietos —una disposición que permite a descendientes de emigrantes españoles acceder a la nacionalidad— podría abrir la puerta a manipulaciones electorales. Lo notable es que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, hace apenas unos años defendía una versión aún más ambiciosa de esa misma ley.
Vox movió primero. La semana anterior, en el Congreso, denunció que Pedro Sánchez estaba orquestando un "posible pucherazo" a través del voto a distancia. Propusieron que las papeletas por correo se contasen separadamente, sin mezclarlas con las demás. El resto de los partidos, incluyendo el PP, replicó que eso comprometería el secreto del voto en municipios pequeños. Pero Abascal tenía más munición guardada. Al día siguiente, hablando directamente ante Sánchez, dejó caer la palabra "pucherazo" sin la cautela del "posible", esta vez refiriéndose a la ley de nietos y sus potenciales dos millones cuatrocientos mil nuevos votantes.
Entonces Feijóo entró en la contienda. Dispuesto a arrebatar la bandera a Vox, el líder popular comenzó a hablar de "ingeniería electoral" para insinuar manipulación. Esto representa un giro radical respecto a sus posiciones anteriores. En 2022, cuando visitó Buenos Aires como líder de la oposición, prometió una ley de nacionalidad aún más amplia que la que ahora combate. Incluso el programa electoral del PP para las generales de 2023 incluía un compromiso explícito de mantener y reformar la ley de nietos. Durante dieciséis años como presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo había defendido históricamente esta posición. Su sucesor, Alfonso Rueda, tuvo que hacer malabares esta semana para no contradecir ni a su partido ni a la tradición gallega que ambos representan.
La propuesta de Vox, presentada por el diputado José María Figaredo, es sin precedentes: impedir que los residentes en el extranjero voten por correo, argumentando que en algunos países los funcionarios postales no exigen identificación. Los ultras pretenden que solo se pueda votar presencialmente en los consulados. El problema es que lejos de las grandes ciudades no hay oficinas consulares. Esto haría imposible votar para buena parte de los inscritos en el censo de residentes ausentes. Incluso con el sistema actual, la participación es mínima. En las últimas elecciones generales, solo votó el 8,87 por ciento de los censados: 203.115 personas de un total de 2.288.774. Su impacto en el resultado final es irrelevante. En 2023 alteró apenas un escaño en Madrid, que el PP arañó al PSOE. Era la cuarta vez en casi medio siglo que sucedía algo así.
La iniciativa choca frontalmente con la última gran reforma electoral pactada por los principales partidos en 2020. El objetivo de ese cambio era exactamente lo opuesto: facilitar la participación de los expatriados. Para ello se derogó el llamado voto rogado, un sistema que desde 2011 obligaba a los residentes en el extranjero a solicitar sus papeletas. Eso había provocado un desplome de la participación, hasta poco más del tres por ciento. El voto rogado se había impuesto como respuesta a denuncias de irregularidades, especialmente en Galicia, donde el censo de residentes ausentes representa el diecisiete por ciento del total. Investigaciones periodísticas revelaron que en países como Argentina operaban agentes electorales que compraban votos o se apropiaban de las papeletas para tramitar ellos mismos el sufragio. Era la época en que el PP gallego bajo Manuel Fraga cosechaba en América resultados superiores al sesenta por ciento.
Según datos del Gobierno, se han admitido hasta ahora 544.772 solicitudes de nacionalidad, de las que 306.000 ya se han registrado. El aumento del censo es, por ahora, modesto. En Buenos Aires, por ejemplo, se pasó de 337.980 inscritos a 359.263, apenas un seis por ciento más. Los números no sustentan la alarma que ambos partidos están sembrando.
Notable Quotes
El problema de España no son las urnas— Rafael Hernando, diputado del PP
Es una modificación sustancial del censo— Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, refiriéndose a la ley de nietos
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué Feijóo cambia de posición ahora si hace años defendía exactamente lo opuesto?
Porque Vox sacó el tema a la agenda política. Cuando la extrema derecha empieza a ganar terreno en un asunto, los partidos tradicionales a menudo sienten que deben competir en ese mismo terreno para no perder votantes.
Pero ¿hay realmente riesgo de fraude masivo con el voto por correo?
Los números dicen que no. En las últimas generales votó menos del nueve por ciento de los expatriados, y solo alteró un escaño. Es difícil hablar de ingeniería electoral cuando el impacto es tan marginal.
¿Entonces por qué Vox insiste en prohibir el voto por correo?
Porque funciona políticamente. No necesitas pruebas de fraude para sembrar dudas sobre el sistema. Es la misma táctica que Trump usa con el correo en Estados Unidos o Bolsonaro con el voto electrónico en Brasil.
¿Qué pasaría si se aprobara la propuesta de Vox?
Millones de españoles en el extranjero no podrían votar. Especialmente los que viven lejos de las grandes ciudades donde hay consulados. Irónicamente, eso sería lo opuesto a lo que todos los partidos acordaron en 2020: facilitar la participación.
¿Hay algo que explique por qué Galicia es tan importante en esto?
Galicia tiene el diecisiete por ciento de su censo en el extranjero, principalmente en América Latina. Históricamente, eso fue donde ocurrieron irregularidades reales. Pero eso fue hace años. Ahora se usa como justificación para medidas que afectarían a millones.