Es la única manera de que el Gobierno escuche la necesidad real
Desde febrero, los policías autoconvocados de Santa Cruz han intentado, sin éxito, que el Gobierno provincial reconozca una verdad aritmética: sus salarios no alcanzan la línea de pobreza regional. En la noche del 22 de junio, con la Carpa de la Dignidad como símbolo y Río Gallegos como escenario, esa frustración acumulada tomó forma de marcha, de advertencia y de una pregunta que toda sociedad debe hacerse: ¿qué ocurre cuando quienes custodian el orden público no pueden sostener a sus propias familias?
- Los policías autoconvocados marchan esta noche desde la Carpa de la Dignidad exigiendo un sueldo inicial de $2.800.000, mientras la canasta básica regional ya supera los $2.200.000.
- El conflicto lleva cuatro meses sin respuesta seria del Ejecutivo provincial, que subestimó los reclamos desde el inicio y ahora enfrenta una retención de tareas que se extiende al interior de la provincia.
- La Jefatura de Policía intentó forzar el retorno a funciones con una orden del día, pero el movimiento interpretó la maniobra como presión institucional y la medida recrudeció el malestar en las bases.
- Tanto el Jefe de Policía como el Ministro de Seguridad fueron citados por la Cámara de Diputados, señal de que el conflicto ya desbordó lo gremial y amenaza la estabilidad política del gobierno de Santa Cruz.
- Si la Mesa del Salario Policial prevista para mañana no produce una propuesta concreta, el vocero Víctor Cortés advierte que las medidas de fuerza se endurecerán, con marchas también en Caleta Olivia y una convocatoria abierta a toda la sociedad santacruceña.
La noche del 22 de junio, Río Gallegos se preparaba para otra marcha. Desde la Carpa de la Dignidad, los policías autoconvocados volvían a las calles con una convocatoria fijada para las 20:30 horas. Víctor Cortés, referente del movimiento, había confirmado la movilización y dejado una advertencia sin ambigüedades: si el Gobierno no presentaba una propuesta seria en la Mesa del Salario Policial del día siguiente, las medidas de fuerza escalarían.
El conflicto venía gestándose desde el 8 de febrero, cuando los efectivos comenzaron a presentar reclamos formales que la administración provincial optó por ignorar. Para Cortés, esa subestimación era el nudo del problema: la retención de tareas no había surgido de improviso, sino como resultado de meses de canales cerrados y de una realidad económica que aplastaba a las familias policiales. Los números eran elocuentes: pedían elevar el valor del punto salarial a 4.400 pesos y fijar el sueldo inicial en $2.800.000, en una provincia donde la canasta básica regional ya alcanzaba los $2.200.000. No era un reclamo de privilegio; era un reclamo de supervivencia.
Cortés también se ocupó de precisar los términos del conflicto. Lo que ocurría en localidades como Pico Truncado no era un acuartelamiento en el sentido militar, sino una retención de tareas pacífica. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue contraproducente: el Jefe de Policía emitió una orden del día intentando forzar el retorno a funciones, maniobra que las bases vivieron como un apriete institucional. La consecuencia fue política e inmediata: tanto la Jefatura como el Ministro de Seguridad fueron citados por la Cámara de Diputados.
La convocatoria de esa noche se extendía más allá de la capital. Los autoconvocados organizaban marchas también en Caleta Olivia e invitaban a toda la sociedad santacruceña a sumarse. Era, decía Cortés, una lucha por la dignidad: por tener un sueldo que permitiera a los policías volver a sus puestos con la tranquilidad de poder mantener a sus familias. Mientras la provincia aguardaba la reunión paritaria del día siguiente, las calles de Río Gallegos se llenaban de uniformados que exigían, simplemente, ser escuchados.
La tensión en las calles de Río Gallegos alcanzó un punto crítico la noche del 22 de junio. Policías autoconvocados se preparaban para marchar nuevamente desde la Carpa de la Dignidad, convocados a las 20:30 horas, en un acto de protesta que llevaba meses gestándose en las sombras de la administración provincial. Víctor Cortés, uno de los principales voceros del movimiento, había confirmado la movilización y dejado una advertencia clara: si el Gobierno no presentaba una propuesta seria en la Mesa del Salario Policial prevista para el día siguiente, las medidas de fuerza se endurecerían.
El conflicto no era nuevo. Los policías venían presentando reclamos formales desde el 8 de febrero, pero la administración provincial había optado por subestimarlos, tratándolos como una reacción pasajera o un gesto político. Cortés rechazaba esa lectura en una entrevista con el programa radial La Bisagra. La retención de tareas que ahora enfrentaba la provincia no había surgido de la noche a la mañana, sino que era el resultado de meses de frustración acumulada, de canales de comunicación cerrados y de una familia policial que veía cómo sus ingresos se desmoronaban frente a la realidad económica.
Las exigencias eran concretas y enraizadas en números que nadie podía ignorar. Los uniformados pedían que el valor del punto que componía el salario básico se elevara a 4.400 pesos, y que el sueldo inicial para el escalafón más bajo llegara a 2.800.000 pesos. Detrás de esos números había una realidad más cruda: la canasta básica regional se ubicaba en 2.200.000 pesos, lo que significaba que los sueldos actuales mantenían a los policías y sus familias por debajo de la línea de pobreza. No era un reclamo de lujo. Era un reclamo de supervivencia.
Cortés fue preciso al aclarar la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Algunos medios hablaban de un acuartelamiento en Pico Truncado durante la semana anterior, pero el referente rechazó el término. Un acuartelamiento, explicó, era un concepto militar de otra época, cuando se tomaban cuarteles de forma armada. Lo que sucedía aquí era una retención de tareas pacífica, firme pero sin violencia. Sin embargo, la respuesta del Gobierno había sido contraproducente. El Jefe de la Policía había emitido una orden del día intentando forzar el retorno a funciones, una maniobra que las bases interpretaron como un apriete institucional. Esa decisión tuvo consecuencias políticas inmediatas: tanto la Jefatura como el Ministro de Seguridad fueron citados por la Cámara de Diputados para explicar el alarmante estado de la seguridad pública provincial.
Cortés hablaba desde la convicción de que el Gobierno no estaba escuchando. Sin canales oficiales de comunicación abiertos, sin acercamientos de última hora, la única herramienta que quedaba era la presión. La gente quería meter presión, decía, porque era la única manera de que el Ejecutivo comprendiera la necesidad real del efectivo. Si no había respuesta favorable en la mesa paritaria, la medida se endurecería. No era una amenaza retórica; era una promesa basada en la desesperación de familias que no podían llegar a fin de mes.
La convocatoria para la noche del 22 de junio se extendía más allá de Río Gallegos. Los autoconvocados llamaban a concentrarse en la Carpa de la Dignidad, pero también organizaban marchas en el interior provincial, como en Caleta Olivia. Cortés hizo una invitación abierta no solo a la familia policial sino a toda la sociedad santacruceña. Era una lucha por la dignidad, dijo, por tener un sueldo que permitiera a los policías volver a sus puestos de trabajo con la tranquilidad de poder mantener a sus familias. Mientras la provincia se preparaba para la reunión paritaria del día siguiente, las calles de la capital se llenaban de uniformados que exigían ser escuchados.
Notable Quotes
De no mediar una propuesta seria, la medida seguramente se va a endurecer; la gente quiere meter presión porque es la única manera de que el Gobierno escuche— Víctor Cortés, referente de los policías autoconvocados
Es una lucha por la dignidad, para tener un sueldo que nos permita volver a nuestros puestos de trabajo con la tranquilidad de poder mantener a nuestras familias— Víctor Cortés
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el Gobierno subestimó tanto este conflicto si los reclamos comenzaron en febrero?
Porque probablemente pensaron que era una protesta que se desinflaría sola, como tantas otras. No contaron con que la gente estaba desesperada, que los números no cerraban en las casas.
¿Qué significa exactamente que los sueldos mantengan a las familias en indigencia?
Significa que un policía gana menos de lo que cuesta la canasta básica. No es que ganen poco. Es que ganan por debajo de lo que necesitan para comer, para pagar alquiler, para vivir.
¿Por qué Cortés fue tan cuidadoso al aclarar que no es un acuartelamiento?
Porque la palabra acuartelamiento tiene peso político. Suena a golpe, a toma de cuarteles. Cortés quería dejar claro que esto es pacífico, que no es lo que algunos querían hacer parecer.
¿Qué cambió cuando el Jefe de Policía emitió esa orden del día?
Que dejó de ser un conflicto laboral y se convirtió en un conflicto político. Los diputados tuvieron que intervenir. El Gobierno perdió el control de la narrativa.
¿Crees que el Gobierno cederá en la mesa paritaria?
No lo sé. Pero si no lo hace, Cortés no estaba amenazando. Estaba siendo honesto: la gente está lista para endurecer las medidas. Ya pasaron cuatro meses.