Un presidente usando la amenaza como arma de negociación
En Cali, ante comunidades indígenas del sur colombiano, el presidente Gustavo Petro elevó la tensión política de su gobierno al proponer una Asamblea Nacional Constituyente como respuesta al bloqueo legislativo de sus reformas sociales y económicas. La propuesta, que abarca desde la reforma agraria hasta el sistema judicial, revela la fractura entre un ejecutivo con ambiciones transformadoras y un Congreso que no comparte su visión. En la historia latinoamericana, la amenaza de reescribir el pacto fundacional de una nación rara vez es solo una propuesta: es también una medida del agotamiento político de quien la formula.
- Petro lanzó en Cali un ultimátum político disfrazado de necesidad institucional: o el Congreso aprueba sus reformas, o convoca a una Asamblea Constituyente.
- La reacción fue inmediata y transversal: desde la izquierda hasta la derecha, legisladores acusaron al presidente de amenazar la democracia y debilitar al Congreso como institución.
- Lo más revelador fue la resistencia dentro de su propio bloque: senadores del Pacto Histórico y aliados de Alianza Verde rechazaron la propuesta, dejando a Petro políticamente aislado.
- El camino constitucional es estrecho: la convocatoria requiere que más de 13 millones de colombianos voten a favor, un umbral que primero exigiría convencer al mismo Congreso que ya le ha dicho que no.
- El lunes, Petro intentó suavizar el mensaje desde X, aclarando que no buscaba perpetuarse en el poder ni abolir la Constitución de 1991, pero el daño político ya estaba consumado.
Gustavo Petro llegó a Cali el viernes con un anuncio que sacudió el escenario político colombiano: si el Congreso continuaba bloqueando sus reformas, convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Ante una audiencia de comunidades indígenas del sur del país, el presidente convirtió su frustración legislativa en una amenaza institucional que nadie tardó en interpretar como tal.
La propuesta incluye ocho puntos ambiciosos: implementación del acuerdo de paz con las FARC y reforma agraria, mejoras en salud y acceso al agua, renta básica para adultos mayores, educación pública, respuesta a la crisis climática, independencia del banco central con énfasis en empleo, reordenamiento territorial y reforma judicial. Son, en gran medida, las mismas promesas de campaña que el Congreso ha rechazado una y otra vez desde que Petro asumió en 2022.
La respuesta política fue contundente. Iván Name, presidente del Senado, acusó a Petro de intentar un golpe institucional y exigió que, si quería una constituyente, presentara una ley formal. Humberto de la Calle, uno de los redactores de la Constitución de 1991, fue más lapidario: el problema no es la Constitución, sino la forma de gobernar. Incluso Germán Vargas Lleras, desde la oposición, apoyó irónicamente la idea, retando a Petro a convocarla para derrotarlo en sus propios términos.
Pero el golpe más duro vino desde adentro. Senadores de su propio bloque, como Ariel Ávila e Iván Cepeda, rechazaron o cuestionaron la propuesta, prefiriendo un gran acuerdo nacional antes que una reescritura constitucional. El aislamiento de Petro quedó expuesto.
La Constitución de 1991 impone un umbral alto: la asamblea solo puede convocarse si más de 13 millones de colombianos votan a favor en consulta popular. Antes de llegar ahí, Petro tendría que convencer al mismo Congreso que ya le cerró las puertas. El lunes intentó moderar el tono desde sus redes sociales, pero la imagen ya había quedado fijada: la de un presidente que, ante el bloqueo, apuesta por reescribir las reglas del juego.
Gustavo Petro llegó a Cali el viernes con una amenaza envuelta en lenguaje constitucional. Ante una audiencia de indígenas del sur colombiano, el presidente anunció que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente si el Congreso seguía bloqueando sus reformas sociales y económicas. No era una propuesta casual. Era un ultimátum político disfrazado de necesidad institucional, y la reacción fue inmediata.
Petro, quien asumió el cargo en 2022, ha pasado los últimos meses viendo cómo sus iniciativas legislativas chocan contra un Congreso que no responde a su visión. El viernes en Cali fue su momento de presión. El lunes, desde su cuenta en X, intentó suavizar el mensaje: aclaró que no buscaba cambiar la Constitución de 1991 ni perpetuarse en el poder. Pero el daño reputacional ya estaba hecho. Los críticos vieron exactamente lo que temían: un presidente usando la amenaza de una asamblea constituyente como arma de negociación contra legisladores que se atrevían a decirle que no.
La propuesta de Petro incluye ocho puntos específicos. Primero, la implementación completa del acuerdo de paz con las FARC, particularmente la reforma agraria que nunca se concretó. Segundo, mejoras en salud, acceso al agua y un programa de renta básica para adultos mayores. Tercero, recuperar los objetivos originales de la Constitución de 1991, con énfasis en educación pública y reforma rural. Cuarto, enfrentar la crisis climática y descarbonizar la economía. Quinto, mantener la independencia del banco central mientras se priorizan empleo y producción. Sexto, un reordenamiento territorial que incluya regiones históricamente marginadas. Séptimo, separar el dinero privado de la política. Octavo, reformar el sistema judicial. Son ambiciones grandes. Son también, en muchos casos, promesas que Petro hizo en campaña y que el Congreso ha rechazado una y otra vez.
La reacción política fue brutal. Iván Name, presidente del Senado y miembro de Alianza Verde, acusó a Petro de intentar un "golpe de mano institucional". Name fue claro: el Congreso no es "genuflexo" y no aceptará amenazas a la democracia. Si Petro quería una asamblea constituyente, que presentara una ley formal, no que inventara caminos extraconstitucionalesHumberto de la Calle, quien participó en la redacción de la Constitución de 1991 y ahora es senador por Alianza Verde, fue más directo aún. El argumento de Petro, dijo, es débil. Si la Constitución es imposible de cumplir, el problema no es la Constitución sino la forma de gobernar.
Pero la oposición no fue unánime. Germán Vargas Lleras, excandidato presidencial del partido Cambio Radical, sorprendió al apoyar la idea, aunque con una provocación: "Apoyemos la Constituyente de Petro, no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente". Otros, como Enrique Gómez del Movimiento de Salvación Nacional, advirtieron que la amenaza de una asamblea constituyente paralizaría el Congreso. ¿Por qué aprobar reformas si el presidente amenaza con reescribir toda la Constitución?
Lo más incómodo para Petro fue la resistencia desde su propia izquierda. Ariel Ávila, senador de Alianza Verde, rechazó la propuesta. Iván Cepeda, del partido de gobierno Pacto Histórico, fue más diplomático pero igualmente crítico: prefería un gran acuerdo nacional con múltiples sectores políticos antes que una asamblea constituyente. El mensaje era claro: ni siquiera los aliados de Petro creían que este fuera el camino.
La Constitución de 1991 establece reglas precisas para una asamblea constituyente. El Congreso puede convocar a votación popular, pero la asamblea solo se convoca si al menos una tercera parte del censo electoral vota a favor. En Colombia, 40 millones 292 mil personas están habilitadas para votar. Eso significa que Petro necesitaría más de 13 millones de votos para que su asamblea constituyente fuera legítima. Es un número alto. Es también un recordatorio de que incluso si Petro logra convocar a una asamblea, el pueblo colombiano tendría la última palabra. Pero primero, tendría que convencer a un Congreso que ya le ha dicho que no.
Citas Notables
El Congreso no es genuflexo y no aceptará amenazas a la democracia— Iván Name, presidente del Senado
Si la Constitución es imposible de cumplir, el problema no es la Constitución sino la forma de gobernar— Humberto de la Calle, senador de Alianza Verde
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué Petro lanza esta propuesta ahora, en este momento específico?
Porque sus reformas están atrapadas. El Congreso bloquea sus iniciativas una tras otra. Es frustración convertida en amenaza.
¿Pero no es arriesgado? ¿No debilita su posición?
Sí, debilita. Muestra que no tiene los votos que necesita. Y ahora el Congreso sabe que puede ignorarlo sin consecuencias reales.
¿Qué tan probable es que una asamblea constituyente realmente suceda?
Muy poco probable. Necesitaría que el Congreso lo apruebe primero, y el Congreso acaba de decirle que no. Luego necesitaría 13 millones de votos. Es casi imposible.
Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de anunciar algo imposible?
Presión política. Esperanza de que el Congreso ceda para evitar una asamblea. Pero también revela desesperación. Un presidente que no puede gobernar con las reglas que existen.
¿Qué pasa con sus reformas ahora?
Quedan congeladas. El Congreso tiene menos incentivo para aprobarlas. ¿Para qué ceder si el presidente ya amenaza con reescribir todo? La amenaza paralizó lo que intentaba desbloquear.