Los humedales están siendo degradados y contaminados
El 19 de enero de 2025, el Ministerio del Ambiente del Perú formalizó un reglamento que convierte en acción concreta la protección de sus humedales —manglares, turberas, bofedales, lagos— ecosistemas que regulan el agua, almacenan carbono y albergan biodiversidad única. El Decreto Supremo N.º 002-2025-MINAM distribuye responsabilidades entre tres niveles de gobierno y establece herramientas de planificación, fiscalización y recuperación. Es un paso que la humanidad ha aprendido a dar tarde: reconocer que lo que parece pantano es, en realidad, infraestructura viva.
- Los humedales peruanos llevan décadas siendo devorados por la expansión urbana, la contaminación y la quema de vegetación, y lugares emblemáticos como los Pantanos de Villa en Lima se degradan sin pausa.
- El nuevo reglamento prohíbe expresamente la extracción comercial de turba y la destrucción de cobertura vegetal en turberas, atacando directamente algunas de las prácticas más destructivas.
- La norma crea un Inventario Nacional de Humedales y un Comité Nacional que por primera vez coordinarán información y acción entre el gobierno central, los regionales y los locales.
- El OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental tendrán autoridad para sancionar infracciones, aunque el abogado ambientalista César Ipenza advierte que la urgencia es real y la responsabilidad de las autoridades debe estar a la altura.
- Las comunidades campesinas, nativas e indígenas podrán continuar sus usos tradicionales sostenibles, mientras mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos buscarán financiar la conservación a largo plazo.
El 19 de enero, el Ministerio del Ambiente formalizó el Decreto Supremo N.º 002-2025-MINAM, un reglamento integral que convierte en obligaciones concretas la protección de los humedales peruanos. Manglares, turberas, bofedales y lagos —ecosistemas que regulan el agua, frenan inundaciones y almacenan carbono— habían sido declarados valiosos durante años, pero seguían siendo aplastados por la urbanización sin control y la contaminación. En Lima, los Pantanos de Villa se deterioran año tras año; en Puerto Viejo, comunidades enteras resisten la presión inmobiliaria sobre su humedal principal.
La norma distribuye responsabilidades con claridad. El Ministerio del Ambiente actuará como autoridad técnica central: elaborará un Inventario Nacional de Humedales, emitirá lineamientos y representará al país ante la Convención Ramsar. Los gobiernos regionales deberán diseñar Planes de Gestión Integral de cinco años junto con los gobiernos locales, quienes a su vez incorporarán los humedales en sus planes de ordenamiento territorial. Un Comité Nacional de Humedales coordinará el conjunto.
El reglamento también ataca los factores de destrucción: prohíbe la extracción comercial de turba —depósitos de carbono acumulados durante siglos— y la quema de vegetación, y exige delimitar con precisión cada humedal junto con sus zonas de amortiguamiento. El OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental supervisarán el cumplimiento y sancionarán infracciones. El abogado ambientalista César Ipenza fue directo: "Los humedales están siendo degradados y contaminados. Es necesario mayor cuidado y responsabilidad de todas las autoridades competentes."
Al mismo tiempo, la norma reconoce que las comunidades campesinas, nativas e indígenas han habitado y usado estos ecosistemas durante generaciones. Les permite continuar con pesca, recolección y uso doméstico, siempre que no comprometan la regeneración del humedal. Para financiar la conservación, se establecen mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. El reglamento es un punto de partida sólido; su verdadero peso lo definirá la voluntad política y los recursos que los tres niveles de gobierno estén dispuestos a poner sobre la mesa.
El 19 de enero, el Ministerio del Ambiente formalizó un reglamento integral destinado a proteger y gestionar los humedales de Perú. El Decreto Supremo N.º 002-2025-MINAM, publicado en El Peruano, convierte en ley operativa lo que hasta entonces era una declaración de intenciones: que estos ecosistemas frágiles —manglares, turberas, bofedales, lagos— merecen un cuidado sistemático y coordinado en todo el territorio nacional.
Los humedales son máquinas silenciosas. Regulan el agua, frenan inundaciones, almacenan carbono, albergan especies que no existen en ningún otro lugar. Pero en Perú, como en tantas partes del mundo, están siendo aplastados por la expansión urbana sin control, la contaminación, la construcción de infraestructuras. En Lima, los Pantanos de Villa se degradan año tras año. En Puerto Viejo, las comunidades luchan contra la urbanización que amenaza su principal humedal. El nuevo reglamento es, en parte, una respuesta a esa presión.
La normativa distribuye responsabilidades entre tres niveles de gobierno. El Ministerio del Ambiente actúa como autoridad técnica central: emitirá lineamientos, elaborará un Inventario Nacional de Humedales que mapee dónde están estos ecosistemas, cuántos son y cómo están. También coordinará las acciones de conservación y representará a Perú ante la Convención Ramsar, el tratado internacional que protege humedales. Los gobiernos regionales deberán elaborar Planes de Gestión Integral de Humedales junto con los gobiernos locales, planes que durarán cinco años y establecerán metas concretas. Los gobiernos locales, a su vez, incorporarán los humedales en sus planes de ordenamiento territorial y ejecutarán iniciativas de conservación en sus jurisdicciones. Un Comité Nacional de Humedales coordinará todo esto.
La recuperación de humedales degradados es un eje central del reglamento. El artículo 34 autoriza proyectos de rehabilitación que restauren la estructura, función y biodiversidad de ecosistemas dañados. Pero no es solo restauración pasiva: el reglamento ataca activamente los factores que los destruyen. Prohíbe la extracción comercial de turba —esas capas de materia orgánica acumulada durante siglos que son depósitos de carbono cruciales para el clima— y la destrucción de la cobertura vegetal en turberas. También busca reducir la contaminación, detener la quema de vegetación, frenar la expansión urbana descontrolada.
El reglamento crea herramientas de planificación y control. El Inventario Nacional de Humedales generará datos sobre ubicación, extensión y características de estos espacios, información que falta en muchas regiones. Se requiere delimitar con precisión dónde comienza y termina cada humedal, y establecer fajas marginales y zonas de amortiguamiento —áreas adyacentes que protegen la integridad ecológica del ecosistema— según criterios que definirá el Ministerio del Ambiente.
La fiscalización tiene dientes. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) supervisarán el cumplimiento y sancionarán infracciones: contaminación, drenaje no autorizado, quema de vegetación. El abogado ambientalista César Ipenza señaló que la urgencia es real. "Los humedales están siendo degradados y contaminados," dijo. "Es necesario mayor cuidado y responsabilidad de todas las autoridades competentes."
Pero el reglamento no es puramente restrictivo. Reconoce que las comunidades campesinas, nativas e indígenas han usado estos ecosistemas durante generaciones. Permite que continúen con actividades tradicionales —pesca, recolección, uso doméstico— siempre que no comprometan la capacidad de regeneración del humedal ni alteren sus funciones ecológicas esenciales. Además, establece mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, un sistema de pagos que financie proyectos de conservación y recuperación, reconociendo que proteger estos espacios tiene un costo que debe ser compartido.
El reglamento es un documento de transición. Formaliza responsabilidades que antes eran vagas, crea estructuras de coordinación que no existían, prohíbe prácticas destructivas específicas. Pero su éxito dependerá de si los gobiernos locales, regionales y nacional tienen la voluntad política y los recursos para implementarlo. Los humedales de Perú están esperando.
Citações Notáveis
Los humedales, además de ser un gran atractivo y fuente de ingresos, están siendo degradados y contaminados. Es necesario mayor cuidado y responsabilidad de todas las autoridades competentes.— César Ipenza, abogado ambientalista
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué ahora? ¿Qué cambió para que el gobierno decidiera formalizar esto?
Los humedales llevan años bajo presión. Lima vio cómo los Pantanos de Villa se degradaban, Puerto Viejo tuvo que luchar contra la urbanización. En algún momento, el daño acumulado exigió una respuesta sistemática, no solo promesas.
¿Qué diferencia hay entre tener una ley y tener un reglamento?
La ley dice qué se debe proteger. El reglamento dice cómo, quién lo hace, con qué plazos, qué pasa si alguien no obedece. Es la diferencia entre un ideal y un plan de acción.
Mencionas que se permite el uso tradicional. ¿Eso no abre la puerta a que se siga degradando?
Es un equilibrio difícil. Las comunidades indígenas y campesinas han vivido con estos ecosistemas sin destruirlos. El riesgo viene de la expansión urbana, la contaminación industrial, la extracción comercial. El reglamento trata de separar eso.
¿Quién fiscaliza a los fiscales?
Esa es la pregunta que siempre queda sin respuesta. El OEFA y las EFA tienen autoridad, pero dependen de presupuesto, de voluntad política, de que alguien denuncie. Sin eso, el reglamento es papel.
¿Qué pasa con la turba?
La turba es carbono antiguo, acumulado durante siglos. Extraerla comercialmente es como quemar el pasado para ganar dinero hoy. El reglamento lo prohíbe porque esos depósitos son críticos para el clima.
¿Y los Pantanos de Villa? ¿Este reglamento los salva?
Les da herramientas. Un plan de gestión, delimitación clara, zonas de protección, fiscalización. Pero solo si Lima decide que los Pantanos importan más que otro centro comercial.