Los méritos han quedado desplazados por la afinidad política
Cuando una institución queda herida por la traición de sus propios principios, la llegada de un nuevo liderazgo representa una oportunidad rara de restauración. Teresa Peramato asumió la Fiscalía General del Estado con esa promesa implícita, tras la inhabilitación sin precedentes de Álvaro García Ortiz por el Tribunal Supremo. Sin embargo, los nombramientos que ha realizado desde entonces sugieren que la reconciliación proclamada no ha encontrado expresión en los hechos, y que la afinidad política continúa prevaleciendo sobre el mérito en la casa de la justicia española.
- El Tribunal Supremo inhabilitó a García Ortiz por filtrar información reservada, un hecho sin precedentes que dejó a la Fiscalía en una crisis de legitimidad profunda.
- Peramato llegó con credibilidad ganada en la lucha contra la violencia machista y con una promesa explícita de sanar las divisiones internas de la institución.
- Sus nombramientos, sin embargo, favorecen a allegados del fiscal condenado e ignoran —o penalizan— a quienes tuvieron el valor de testificar contra él.
- La fiscal Almudena Lastra, que declaró contra García Ortiz en el juicio, parece haber sido castigada en lugar de reconocida por su coraje profesional.
- Lejos de marcar una ruptura, las decisiones de Peramato proyectan una continuidad velada que erosiona la confianza en la independencia del Ministerio Público.
La Fiscalía General del Estado lleva años cargando con el peso de las interferencias del Ejecutivo, pero la crisis alcanzó un punto de quiebre cuando el Tribunal Supremo condenó e inhabilitó a Álvaro García Ortiz por filtrar información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. En una democracia consolidada, la inhabilitación de un fiscal general por violar la ley no tiene precedentes, y la institución quedó profundamente herida.
Teresa Peramato llegó a la dirección del Ministerio Público con un perfil respetado —forjado en la lucha contra la violencia machista— y con una promesa clara: cerrar las heridas que la Fiscalía llevaba meses sangrando. Era exactamente lo que la institución necesitaba escuchar.
Sin embargo, los nombramientos realizados desde entonces cuentan una historia distinta. Peramato ha favorecido a personas cercanas a García Ortiz, el fiscal cuya condena debería haber marcado un punto de inflexión, mientras que Almudena Lastra —la fiscal que testificó contra él— parece haber sido penalizada en lugar de reconocida. El mensaje que proyectan estas decisiones es incómodo: la lealtad política pesa más que la competencia profesional.
Lo más preocupante no es solo cada nombramiento en sí, sino lo que revelan en conjunto: no una ruptura con el pasado, sino una continuidad encubierta. Si Peramato hubiera querido demostrar que la Fiscalía giraba hacia la independencia real, habría premiado el coraje y castigado la complicidad. En cambio, sus decisiones parecen orientadas a rehabilitar silenciosamente a quienes el Supremo condenó.
La justicia pierde su sustento cuando los ciudadanos sospechan que los cargos se distribuyen por conexiones y no por capacidad. La Fiscalía tenía una oportunidad de reconstruir su credibilidad. Los nombramientos de Peramato, hasta ahora, no la cierran: mantienen las heridas abiertas.
La Fiscalía General del Estado ocupa un lugar singular en la arquitectura de la justicia española. El Gobierno designa a su máximo responsable, pero con una condición fundamental: quienes trabajan en la institución deben ejercer sus funciones con garantía de independencia. Es una salvaguarda que, en teoría, debería blindar la carrera fiscal contra las presiones políticas. En la práctica, esa protección ha resultado insuficiente. Durante años, la institución ha cargado con el peso de las interferencias del Poder Ejecutivo, un problema que se hizo imposible de ignorar cuando el Tribunal Supremo condenó e inhabilitó a Álvaro García Ortiz, el fiscal general anterior, por incumplir la ley. Su delito fue filtrar información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. En una democracia consolidada, la inhabilitación de un fiscal general por violar la ley constituye un acontecimiento sin precedentes, una ruptura que dejó a la institución profundamente herida.
Teresa Peramato llegó a la dirección del Ministerio Público con credenciales sólidas. Su trayectoria en la lucha contra la violencia machista le había granjeado respeto profesional. Cuando asumió el cargo, hizo una promesa explícita: trabajaría para cerrar las heridas que la Fiscalía llevaba meses sangrando. Era un compromiso que la institución necesitaba escuchar. Después de meses de turbulencia interna, de divisiones que habían quedado expuestas en los tribunales, la perspectiva de una reconciliación genuina parecía posible.
Pero los nombramientos que Peramato ha hecho desde entonces cuentan una historia diferente. Ha favorecido a personas cercanas a García Ortiz, el fiscal cuya condena debería haber marcado un punto de inflexión. Al mismo tiempo, ha tomado decisiones que parecen castigar a Almudena Lastra, la fiscal que tuvo el valor de testificar contra García Ortiz durante el juicio. Estos movimientos proyectan una sospecha incómoda: que los méritos profesionales han quedado subordinados a la afinidad política, que la lealtad importa más que la competencia.
Lo que resulta particularmente preocupante es que estos nombramientos sugieren no una ruptura con el pasado, sino una continuidad velada. Si Peramato hubiera querido demostrar que la Fiscalía estaba girando hacia una verdadera independencia, habría tenido que hacer lo opuesto: premiar el coraje profesional, castigar la complicidad, establecar un nuevo estándar. En cambio, sus decisiones parecen apuntar en la dirección contraria, como si estuviera intentando enmendar silenciosamente la sentencia del Supremo, rehabilitando a quienes el tribunal condenó.
Esta dinámica erosiona algo fundamental. La justicia no funciona si la gente sospecha que los cargos se reparten según conexiones políticas en lugar de capacidad profesional. La Fiscalía necesitaba reconstruir su credibilidad, demostrar que la independencia no era una palabra vacía sino un principio operativo. Los nombramientos de Peramato, en cambio, refuerzan la percepción de que la institución sigue siendo un espacio donde el poder político tira de los hilos. No cierra heridas. Las mantiene abiertas.
Citas Notables
Peramato prometió trabajar para cerrar heridas tras el desgarro interno que llevaba meses sufriendo la Fiscalía— Editorial de Ideal
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué importa tanto cómo Peramato hace estos nombramientos? Al fin y al cabo, es su prerrogativa como fiscal general.
Importa porque la Fiscalía no es una agencia política normal. Su legitimidad depende de que la gente crea que funciona según criterios profesionales, no según lealtades. Cuando los nombramientos parecen recompensar a allegados de García Ortiz, eso destruye esa confianza.
Pero ¿cómo sabemos que eso es lo que está pasando? ¿No podría ser que estas personas simplemente sean las más calificadas?
Es posible. Pero el contexto importa. García Ortiz fue condenado por incumplir la ley. Si Peramato realmente quisiera cerrar heridas, habría tenido que hacer un gesto claro: reconocer que el tribunal tenía razón, que la independencia es lo primero. En cambio, sus decisiones parecen decir lo contrario.
¿Qué debería haber hecho diferente?
Premiar a quienes actuaron con integridad, como Lastra. Establecer un nuevo estándar donde los méritos profesionales, no las conexiones, determinen los ascensos. Eso habría sido un verdadero cierre de heridas. Lo que está haciendo parece más bien una continuidad disfrazada.
¿Esto significa que la Fiscalía nunca podrá ser independiente?
No necesariamente. Pero requiere que los líderes hagan sacrificios visibles, que demuestren que están dispuestos a romper con el pasado. Peramato tenía la oportunidad de hacerlo. Sus nombramientos sugieren que no está dispuesta.